La Comunidad de Madrid asume la dirección de otras cinco residencias

Marta Cruz

La Consejería de Políticas Sociales de Madrid asumirá la dirección de cinco geriátricos, debido a su situación «crítica». Se suman a las otras ocho residencias intervenidas recientemente por la Comunidad de Madrid debido a la crisis de la COVID-19.

Para solventar la situación de las residencias, la Consejería de Políticas Sociales ha asignado a varios funcionarios de la Dirección de Atención al Mayor y la Dependencia y de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para intervenir en la dirección y gestión de los centros. Las cinco nuevas residencias son: Santa Teresa de Jornet, La Purísima Concepción Geriatel Rivas, Orpea Santo Domingo (en el municipio de Algete), y la de Usera.

Así pues, esta selección por parte de la Comunidad de Madrid viene marcada por las inspecciones realizadas por los profesionales sanitarios, así como el personal de AMAS, del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y de los efectivos desplegados de la Unidad Militar de Emergencia (UME). Aunque este cambio en la dirección se realice hoy, la delicada situación de estos centros se lleva denunciando desde hace varios días, tanto por familiares como por trabajadores de las mismas.

Las condiciones en Usera van a peor

En concreto, en la Residencia de Usera (Madrid), gestionada por la empresa DomusVi, los empleados aseguran que en estos momentos están «extenuados hasta la saciedad». Por ello, el Comité de Trabajadores del centro realizó esta semana un comunicado denunciando la situación, junto a otras dos residencias de la misma empresa: Mirasierra y Parque de los Frailes. Así pues, el llamamiento iba dirigido a la Delegación del Gobierno en Madrid con el fin de que la Consejería tuviese conocimiento del estado del centro. Como afirma el Comité en el documento, «la Comunidad de Madrid debe de ser garante de la salud de los usuarios y el bienestar, así como la de los trabajadores, pues sin ellos no hay cuidados asistenciales posibles».

No hay suficientes sanitarios en el centro

Así mismo, durante esta semana, los 186 residentes del centro, muchos de ellos en aislamiento, han sido atendidos por una plantilla muy reducida, por lo que el Comité califica esta realidad de «caótica» y «temeraria». En estos momentos, según asegura, hay treinta y cuatro empleados de baja, de los cuales tres han dado positivo en los test de COVID-19. El resto permanece en sus casas, pero de baja por enfermedad y con síntomas de coronavirus, aunque sin la certeza de estar contagiados, ya que no se les han hecho el test.

Así pues, esta disminución de la plantilla afecta a todos los turnos. En el horario de mañana, los usuarios son atendidos por diecisiete auxiliares de enfermería y dos enfermeros. En el de tarde, hay doce auxiliares y dos enfermeros, mientras que por la noche hay tres auxiliares y un enfermero. Desde el Comité aseguran que estos ratios de trabajadores son insuficientes para los casi doscientos residentes. Durante esta semana, ya han conseguido la asistencia de un médico, pero de forma muy interrumpida. Ya a mediados de la semana pasada se notificó a los familiares que no tenían médico que pudiese atender a los ancianos.

Así pues, la incorporación de nuevo personal a la plantilla no ha sido factible los últimos días. El comité añade que la mayoría de los nuevos empleados se iba a los pocos días al comprobar que no había suficientes EPI para todos. Además, los pocos que afrontaban estas circunstancias caían enfermos a los pocos días.

También cuentan que uno de los trabajadores que se unió al equipo el pasado lunes 30 de marzo de 2020, tuvo que abandonar su puesto de trabajo dos días después, puesto que se encontraba con fiebre. Desde el propio comité se le instó a que abandonase su puesto y que se dirigiese a un centro de Salud notificando sus síntomas, mientras que la coordinadora del equipo le insistía para que se quedase en el centro.

Otra parte de la plantilla del geriátrico afectada es el equipo de limpieza. Estos no están sujetos a ratios mínimos pero la falta de protección ante la COVID-19 ha provocado «un número de bajas relevante». Además, el servicio realizaba labores de desinfección e higienización sin los materiales y productos adecuados.

Los EPI se reparten a cuentagotas

Por otro lado, la falta de personal no es el único problema en la residencia. A esto se suma la falta de material de protección de los trabajadores frente a una posible infección por COVID-19. Pero desde el comité de trabajadores de la empresa aseguran que una pequeña parte de la plantilla utiliza EPI de calidad, pero la gran mayoría no. Y esto lo achacan a que «por lo general, la empresa no proporciona los EPI». Así pues, este reparto de EPI, según el comité, no se hace de forma aleatoria, ya que se lo dan a uno pocos intencionadamente. De hecho, los entregan a las personas que «firman un llamamiento para dárselo a la prensa, pero que no lo redactan los trabajadores. Lo redacta la empresa. Y cuando estos se pasan por el despacho y la dirección les anima a firmar ese documento».

Otro trance ocurrido en el interior del centro, según el referido comité, sucedió cuando «unas pocas compañeras le dieron un aviso a la dirección. Ellas informaron de que si no les facilitaban EPI, no iban a trabajar. La dirección les amenazó con un despido, pero las trabajadoras respondieron con dar un aviso a la policía; fue entonces cuando la empresa les proporcionó los EPI adecuados».