La Fiscalía suma once nuevas diligencias penales contra residencias en España

La Fiscalía General del Estado mantiene un total de 171 investigaciones penales abiertas sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 en residencias de mayores y personas con discapacidad, tras abrir once nuevas diligencias penales desde la pasada semana.

El mayor número de diligencias se concentra en Madrid, donde hay 81 abiertas, y en Cataluña, con 33. Los datos compilados por las fiscalías provinciales hacen el recuento de diligencias abiertas hasta el pasado día 25 de mayo 2020, informa Servimedia.

Según la información facilitada por la Fiscalía General del Estado, de esas once diligencias penales nuevas, una corresponde a la Fiscalía Provincial de León, dos a la de Valladolid, una a Granollers, una a Mataró, tres a la Fiscalía Provincial de Madrid, y una a las Fiscalías de Albacete, Lugo y Pontevedra. En el caso de estas tres últimas, que están relacionadas con la adquisición y uso de material sanitario, resta por confirmar si se refieren a hechos ocurridos en residencias de mayores y/o en establecimientos sanitarios.

Según consta en la recopilación de datos, se ha decretado el archivo de un total de tres diligencias de investigación penal (en las Fiscalías de Zaragoza, Asturias y del Área de Elche-Orihuela (Alicante)), del total de las que han sido incoadas en las fiscalías de los diferentes ámbitos territoriales, por ser algunas de ellas muy genéricas o de índole prospectiva e interpuestas por partidos políticos, particulares, asociaciones y otros.

Permanecen en trámite el resto de diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.

El ministerio público ha recibido durante la última semana diversa información actualizada en relación con los establecimientos residenciales objeto de seguimiento, facilitando así el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

Diligencias civiles

Además de las diligencias e investigaciones por la vía penal, la Fiscalía también mantiene activa su labor de supervisión en torno al estado en que se encuentran los mayores y personas con discapacidad en las residencias con un total de 190 diligencias y expedientes abiertos por la vía civil. La pasada semana, esas diligencias sumaban 211.

Los datos ofrecidos por la Fiscalía se distribuyen en tres bloques: las diligencias civiles y tuitivas cuya información ha sido recabada por el Fiscal de Sala Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales; las diligencias penales, para los casos en los que se haya podido incurrir en algún delito, y las judiciales incoadas hasta el momento por distintos juzgados, que ascienden a veintidós en todo el territorio nacional.

Permanecen en trámite todas las diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.

En estas actuaciones se solicita y recibe información actualizada de forma permanente respecto de la situación en los establecimientos residenciales, además de facilitar el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal recaba también los datos oficiales disponibles y efectúa el seguimiento especial de estos procedimientos judiciales en atención a la particular vulnerabilidad de las potenciales víctimas. En concreto se hayan judicializadas veintidós diligencias en Madrid, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia.

Hay residencias investigadas por diversas comunidades. En concreto 81 están en la Comunidad de Madrid y otras seis en distintos juzgados. La segunda comunidad con más residencias investigada es Cataluña, con 33 en total y tres diligencias en los juzgados. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (17) Castilla y León (20); Galicia (12); Extremadura (4); Baleares (1); La Rioja (1), Aragón (2) y Valencia (1).