Al ya quebrado Sistema de Atención a la Dependencia que existía en España, los datos de mayo de 2020 indican que se ha vuelto a retroceder de nuevo a valores del mes de abril por la situación sanitaria ocasionada por la pandemia.
Así lo indican la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), entidad que denuncia la grave situación que atraviesan al menos 414 922 personas dependientes que aún están a la espera de un procedimiento.
De la misma manera, a lo largo de esta situación de confinamiento, han visto cómo han incrementado las personas pendientes de valoración de dependencia que en la actualidad ascienden a 153 306 (2744 más que en el mes de abril); además de los dependientes atendidos en residencias.
El impacto de la crisis por el coronavirus, sumado a los recortes que han visto año tras año desde 2012, han dado como resultado un déficit de 5864 millones menos que actualmente aliviarían el sistema de atención a la dependencia. Entre los problemas que refieren, la atención domiciliaria sigue siendo escasa o insuficiente y reclaman una solución en los casos en los que se ha privado a muchos dependientes de dicha ayuda a lo largo de la pandemia.
Es importante señalar, que casi un 85 por ciento de los que reclaman esas ayudas tienen más de 80 años y sigue sucediendo que las personas mayores fallecen antes de percibir, no la ayuda, incluso una valoración a su dependencia.
Por ello, consideran que el Estado debe asumir el cumplimiento del pacto por la Dependencia y que las reformas que se hagan al respecto, simplifiquen los procedimientos, se agilicen las consultas y se unifique el sistema para que llegue cuanto antes una respuesta para estas personas. La llamada prescripción social del profesional de referencia será el único requisito que proponen que debe de tenerse en cuenta, para que se pongan en marcha esas prestaciones reconocidas y se ejecuten en cuanto antes.
En España, recuerdan, existe un terrible silencio administrativo en torno a las valoraciones de dependencia y discapacidad, que se alargan en el tiempo y permiten que hoy, existan 153 306 personas en el llamado limbo administrativo. De igual forma, reclaman implantar un sistema de alerta temprana y otro de seguimiento, para que, de forma eficaz, eche a andar un modelo de protocolo que pueda garantizar la atención sanitaria de los residentes de los centros sanitarios públicos.
Esto, además de la organización de las residencias y el control médico para evitar situaciones como la que ha generado la pandemia, hace que sea imprescindible garantizar la atención digna de las personas que siguen siendo las más vulnerables de este país, y que hoy, más que nunca, han sido abandonadas a su suerte.
