Después de siete años de acusaciones infundadas y difamatorias, una investigación contra Médicos Sin Fronteras (MSF) y otras organizaciones dedicadas al rescate en el Mediterráneo ha sido finalmente desestimada por la justicia italiana, que pone fin a un periodo prolongado de criminalización hacia estas entidades que actúan en situaciones de emergencia humanitaria.
En 2016, la fiscalía de Trapani acusó a estas organizaciones de complicidad con la «inmigración ilegal», basándose en conjeturas y pruebas manipuladas. Sin embargo, tras una meticulosa revisión que se extendió por dos años, el mismo fiscal que impulsó las acusaciones admitió la falta de evidencia y solicitó el cierre del caso.
El juez confirma ahora que no había fundamentos para continuar y desestimó todas las sospechas relacionadas con la colaboración con traficantes de personas.
Christos Christou, presidente internacional de MSF, expresó su alivio y afirmó: «Estas acusaciones infundadas han intentado empañar la noble labor de los equipos de rescate. Pretendían alejar a los buques del mar y contrarrestar sus esfuerzos para salvar vidas».
Además, agregó: «Hoy podemos decir que la justicia ha prevalecido, pero seguimos preocupados por las políticas que dificultan nuestras operaciones y por las vidas que siguen en riesgo en el mar».
Durante el largo proceso judicial, las muertes en el mar Mediterráneo han seguido incrementándose alarmantemente. El 2023 fue el año con mayor número de fallecimientos desde el inicio de las acusaciones, revelando el impacto devastador de las políticas restrictivas europeas.
Además, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aún existen al menos 63 causas judiciales o administrativas en marcha contra organizaciones de rescate en varios países europeos.
Tommaso Fabbri, excoordinador general de MSF implicado en el caso, criticó duramente estas políticas: «Las autoridades italianas y europeas han invertido enormemente en crear barreras contra la acción humanitaria, mientras descuidan completamente la prevención de naufragios y la apertura de rutas legales y seguras para los migrantes».
Actualmente, el buque Geo Barents de MSF ha reanudado sus operaciones tras veinte días de detención bajo acusaciones infundadas de poner en riesgo vidas durante un incidente con una patrullera libia. Este es solo un ejemplo de los múltiples desafíos que enfrentan las oenegés en el terreno, que incluyen la asignación de puertos distantes para desembarcar a los supervivientes, lo que prolonga su tiempo en el mar y los aleja de las zonas críticas de rescate.
El cierre de este caso representa un importante precedente para la protección de los derechos humanos en el mar. Sin embargo, la lucha continúa para las organizaciones humanitarias que operan en un ambiente cada vez más hostil.
Christou concluyó: «Nuestro compromiso sigue firme. A pesar de las barreras, nunca dejaremos de salvar vidas. Esta ha sido nuestra mejor respuesta a todas las acusaciones».
Este caso destaca la importancia crítica de apoyar a las organizaciones que se dedican a rescates en el Mediterráneo, una región que sigue siendo uno de los puntos más peligrosos para los migrantes en búsqueda de una vida mejor.
Con el sobreseimiento del caso contra MSF, se espera que haya un cambio positivo en la percepción y tratamiento de las operaciones de rescate, aunque queda mucho por hacer para asegurar rutas seguras y legales para los migrantes.
