Una delegación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y de varias comunidades afectadas han presentado este 18 de mayo de 2021 en la oficina del Defensor del Pueblo un escrito en el que solicitan su intervención para poner coto a los negocios de cocinas fantasma ubicadas en bloques de viviendas de la capital que están generando graves problemas en algunas zonas de la ciudad.
Literalmente, requieren al Defensor del Pueblo que «se dirija a la administración competente instándola a actuar y tomar las medidas oportunas que contribuyan a preservar los derechos y el bienestar de los vecinos y vecinas».
La FRAVM esta administración competente como el Ayuntamiento de Madrid, que hasta el momento se ha limitado a permitir las actividades de las dark kitchen con el argumento de que «están en regla» y cumplen con la legalidad.
El delegado de Desarrollo Urbano ha anunciado que su área está preparando una modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) con el fin de introducir algunas restricciones a la apertura de estos negocios.
Pero la FRAVM indica que «lo cierto es que no es verdad que todo está en regla, como lo prueba la denuncia que el 29 de abril presentamos en el Ayuntamiento por las irregularidades que presentan ocho negocios de cocinas fantasma, y además, la aprobación de la modificación del PGOUM se demorará un tiempo precioso, justo el que muchas iniciativas están aprovechando para consolidar las actividades y hacerlas irreversibles, por eso pedimos una moratoria de licencias», ha indicado Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, tras registrar la petición ante el Defensor del Pueblo.
«La ubicación de estas actividades entre las viviendas origina múltiples y graves molestias a la población residente en sus entornos, dados los impactos manifiestos sobre la calidad del aire, la contaminación acústica, la movilidad y la seguridad. Una elevada proporción de ellas incumplen o posiblemente incumplen distintas normas reguladoras del Ayuntamiento de Madrid, por lo que la actividad debería ser objeto de las preceptivas órdenes de cese y clausura o, en su caso, la licencia de obras y funcionamiento no debería ser otorgada», sostiene la Federación Vecinal en su carta al Defensor.
En la presentación de esta petición de amparo han participado vecinas y vecinos afectados de la calle José Calvo 10, donde ya funcionan a pleno rendimiento veintiuna cocinas industriales, generando problemas de movilidad y contaminación atmosférica y acústica; y de Suero de Quiñones 11 y Alejandro Ferrant 8, un lugar, este último, donde está a punto de abrir un negocio de doce cocinas.
Precisamente el 8 de mayo 2021 centenares de personas se manifestaron hasta la Junta de Distrito de Arganzuela para pedir la paralización de este proyecto empresarial, que desde hace semanas mantiene en vilo a quince bloques de viviendas y a la comunidad escolar del colegio público Miguel de Unamuno, porque cuando se ponga en marcha el negocio, el alumnado será el primero en respirar las emisiones tóxicas de sus cuatro chimeneas industriales, que hoy se alzan amenazantes junto al patio del centro educativo.
Visita improvisada de Almeida a las “cuatro chimeneas”
El 17 de mayo 2021 por la mañana, un grupo de familias y vecinos afectados por las cocinas de Alejandro Ferrant interpeló sobre este problema al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de inauguración de una calle cercana al colegio Miguel de Unamuno.
Tras exponerle su preocupación por las consecuencias negativas en el vecindario y el alumnado con todo lujo de detalles, invitaron al regidor a visitar el patio del centro educativo, hecho que finalmente se produjo.
El alcalde defendió que el proyecto tiene una licencia legal y que lo vigilarán cuando empiece a funcionar, una respuesta que no convenció en absoluto a la Asociación de Familias del Alumnado (AFA), que insiste en que el Ayuntamiento debe velar por la salud y seguridad vial de los novecientos escolares del centro.
Página web
La FRAVM ha hecho pública una página web que, además de recoger un mapa con los proyectos de dark kitchen más problemáticos de Madrid, contiene información legal y jurídica de utilidad para las comunidades afectadas, así como una batería de demandas, que se resumen en una premisa tan lógica como que los negocios industriales no pueden estar ubicados en espacios residenciales sino en zonas industriales.