La plataforma ciudadana «Salvemos los campos» ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que el ayuntamiento de Méntrida y la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla La Mancha establezcan una moratoria de nuevas plantas fotovoltáicas de grandes dimensiones que ocuparían dos mil hectáreas del término municipal, un 23 por ciento del total, para abastecer de energía a Madrid.
El portavoz de la plataforma, Juan Portillo, advierte que las plantas solares de grandes dimensiones «que están apareciendo en torno a Madrid pueden terminar convirtiendo la zona en una enorme mancha fotovoltáica» para abastecer la capital.
«La energía solar es renovable, las plantas solares, no», señalan desde la plataforma «Salvemos los Campos», que tiene activa una recogida de firmas para lograr una moratoria de plantas solares en el municipio hasta que se apruebe un nuevo plan de ordenación municipal, para dotarse de un marco legal más adecuado.
Sostienen que la suma de la superficie necesaria para estas macroinstalaciones, supondría la destrucción de buena parte de los campos de Méntrida, con abandono de actividades agrícolas tradicionales como el vino y el olivar, además de los daños medioambientales y erosión del terreno: «las plantas solares necesitan limpiar la cubierta vegetal para montar sus placas, abrir corredores de seguridad, instalar una nueva línea de alta tensión y, por lo tanto, arrancar olivares, arbolado silvestre, vides», dice Juan Portillo.
Añade que para albergar las instalaciones ya proyectadas habría que arrancar «un mínimo de 76 hectáreas. de olivar y casi cien hectáreas de viñedos», medidas irreversibles para el futuro de la actividad vitivinícola asociada a esta población que da nombre a una DO, y la viabilidad de la cooperativa «Nuestra Señora de la Natividad».
Y concluye que no tiene lógica ocupar una superficie tan amplia de arbolado y vegetación que hacen de sumidero de CO2 en zonas cercas a la serranía de Gredos y que gozan de protección para proveer de energía a un Madrid en el que los vecinos deben «hacer sus deberes» para incrementar el autoconsumo en sus propias zonas verdes y tejados, sin aprovecharse de que las comunidades limítrofes tengan una legislación más laxa en materia medioambiental.