Las familias y vecinos y vecinas de Alejandro Ferrant continúan su lucha contra las cocinas fantasma que ya operan pared con pared con el Colegio Miguel de Unamuno, y junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), salieron a la calle acompañados de personas afectadas por este problema de otros barrios de Arganzuela y de otros distritos para reivindicar que un negocio industrial de este tipo no tiene cabida en un barrio residencial ni al lado de un colegio.
Como ya se preveía, desde la apertura de esta industria en septiembre ha habido un incremento de motos y camiones en el entorno escolar, motos y bicis circulando en sentido contrario y/o por la acera, ruidos de las obras para aumentar la potencia eléctrica de las cocinas fantasma, furgonetas descargando a todas horas obstruyendo la acera y obligando a las familias a caminar con los menores por la calzada y humo saliendo de las chimeneas. Un escenario que ya sufren el resto de barrios afectados por las llamadas cocinas agrupadas.
Desde que se tuvo conocimiento de este proyecto industrial pared con pared con el Colegio Miguel de Unamuno, las familias y vecinos no han cesado de movilizarse y han mantenido reuniones con el delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, e incluso una conversación con el alcalde. Lamentablemente, ambos se han lavado las manos con este asunto a pesar de que las cocinas industriales de Alejandro Ferrant incumplen la normativa que su propio Gobierno está impulsando.
La semana pasada las familias y vecinos de Alejandro Ferrant mantuvieron una reunión con José Aniorte Rueda, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos y delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, para solicitar que este área de Gobierno analice la situación en la que se encuentra el alumnado del Colegio Miguel de Unamuno tras la implementación de las cocinas fantasma en relación con el IV Plan de Infancia y Adolescencia (2020 – 2023) especialmente en lo relativo a la Línea cinco, entornos seguros y saludables.
A raíz de esta reunión las familias van a participar en la Consulta ciudadana para recoger la opinión respecto al desarrollo y ejecución del IV Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid (PLIAM) ya que el delegado de Familias se ha comprometido a recibir personalmente sus sugerencias y mediar como coordinador de este plan integral en el que intervienen distintas áreas de Gobierno, con otros responsables del Ayuntamiento, para que el plan recoja que no puede bajo ningún concepto ubicarse al lado de centros educativos negocios que por su forma de producción y distribución puedan considerarse industriales, como es el caso de las cocinas fantasma.
Además, a la vista de las sistemáticas infracciones de tráfico que se producen a diario en la calle Alejandro Ferrant como consecuencia de la actividad de las cocinas fantasma, se ha solicitado una reunión con el intendente de Policía de Arganzuela para solicitar la puesta en marcha de un dispositivo policial que incluya controles esporádicos durante las horas de más actividad de las cocinas y vigilancia a pie de manera continua durante las horas en las que el funcionamiento de las cocinas coincide con el horario escolar.
Entrega de firmas en el Ayuntamiento
Este lunes 15 de noviembre, un día después de la manifestación, las vecinas y vecinos afectados por cocinas fantasma ubicadas en edificios residenciales han presentado en el Ayuntamiento, a través de la FRAVM, sus propuestas para mejorar la normativa que regulará las cocinas fantasma, acompañadas de las firmas que han recogido estas últimas semanas.
Entre las sugerencias que van dirigidas a mejorar el Avance de Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General, está la de establecer una distancia mínima de quinientos metros entre estos negocios industriales y los centros escolares, hospitales y similares, limitar a cuatro el máximo número de cocinas por local, limitar su horario de actividad de 10:00 a 22:00 horas, prohibir la venta directa al público y que sean necesarios informes ambientales y de movilidad para abrir estos negocios.
Los colectivos damnificados piden también que todas estas condiciones sean aplicables a las licencias ya concedidas, de manera que en el periodo de un año las empresas que ya operan se tengan que adaptar a estas exigencias.
