En respuesta a la ausencia de indagación por parte de las autoridades sobre los sucesos en las residencias durante los inicios de la pandemia de COVID-19, se estableció la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, al constatarse que durante marzo y abril de 2020, al menos 9470 personas mayores fallecieron en residencias en Madrid, representando el 21.5 por ciento de los residentes.
La Comisión ha elaborado un informe que busca esclarecer los hechos ocurridos en las residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia, investigando desde una perspectiva multidisciplinaria que incluye datos oficiales, declaraciones de testigos y análisis de expertos.
Preguntas clave
El informe aborda varios aspectos cruciales:
1. Situación Estructural Pre-pandemia
Antes de la pandemia, las residencias de mayores en Madrid enfrentaban un escenario de insuficiencias tanto en infraestructura como en recursos humanos. Muchos centros operaban con dotaciones presupuestarias limitadas, personal escasamente formado y en condiciones laborales precarias.
Este contexto reveló una vulnerabilidad significativa cuando la pandemia golpeó, exacerbando las deficiencias del sistema y mostrando la falta de preparación para manejar una crisis sanitaria de tal magnitud.
El informe subraya que la modernización del modelo de cuidado residencial se había postergado, dejando a las residencias mal equipadas para proteger a sus residentes.
2. Decisiones durante la crisis
Durante las primeras semanas de la pandemia, las decisiones organizativas tomadas por los centros residenciales variaron en eficacia, pero en general, la gestión fue caótica y a menudo contraproducente.
Los planes de contingencia se revelaron insuficientes y la coordinación entre las distintas áreas del gobierno autonómico y los recursos disponibles, tanto públicos como privados, fue ineficaz.
Esto resultó en una distribución desigual y a menudo tardía de equipos de protección personal y otros recursos esenciales, lo que puso en riesgo a los residentes y al personal de las residencias.
3. Comunicación y medicalización
La comunicación hacia los residentes y sus familias fue uno de los aspectos más críticamente fallidos durante la crisis. Información esencial sobre el estado de salud y el tratamiento de los residentes no se proporcionó adecuadamente, generando angustia y confusión.
Además, la ‘medicalización’ de las residencias, un proceso supuestamente destinado a mejorar la capacidad de las residencias para tratar a los pacientes in situ, nunca se implementó efectivamente.
La falta de personal médico adecuado y la ausencia de una verdadera integración con los sistemas de salud hicieron que esta iniciativa fuera ineficaz, dejando a muchos residentes sin la atención necesaria.
4. Bloqueo de derivaciones hospitalarias
El informe destaca la crítica decisión de bloquear las derivaciones hospitalarias de los residentes, una política que impidió el acceso a la atención médica adecuada.
Estos protocolos resultaron ser discriminatorios, basados no en criterios clínicos sino en la edad y condición física de los residentes, violando así sus derechos fundamentales a la salud y la vida.
La falta de transparencia y justificación clínica para estas decisiones exacerbó la crisis dentro de las residencias, llevando a un número innecesariamente alto de muertes.
5. Rol del Hospital de Campaña IFEMA
El hospital de campaña IFEMA fue promocionado como una solución milagrosa ante la crisis sanitaria; sin embargo, su contribución real fue limitada y simbólica más que práctica.
Aunque tenía una capacidad anunciada de más de cinco mil camas, solo llegó a ocupar 1300, y de esas, apenas veintitrés fueron utilizadas por residentes de centros de mayores.
Este hospital no solo no alivió la carga de las residencias no medicalizadas, sino que además desvió recursos críticos que podrían haberse utilizado más eficazmente en otros lugares.
Su función terminó siendo más de un gesto de propaganda que una ayuda efectiva para los más vulnerables.
Estos puntos ofrecen una visión profunda de las fallas y desafíos que enfrentaron las residencias de mayores en Madrid durante los primeros y críticos meses de la pandemia de la COVID-19, subrayando la necesidad urgente de reformas estructurales y mejoras en la gestión y comunicación durante crisis sanitarias.
Fallos y carencias
El informe destaca una serie de deficiencias críticas en la respuesta a la crisis, incluyendo:
- Falta de recursos y personal adecuado.
- Pobre gestión de contingencias.
- Comunicación ineficaz y a menudo engañosa por parte de las autoridades.
- Discriminación en el tratamiento de los residentes mayores.
El documento ha sido enviado a importantes figuras institucionales, incluyendo al Fiscal General del Estado y miembros del Consejo General del Poder Judicial, subrayando la necesidad de una investigación diligente y transparente de los hechos reportados.
Recomendaciones
El informe urge cambios profundos en el modelo residencial y de cuidados para personas mayores, instando a una reforma que priorice los derechos y la dignidad de esta población vulnerable.
Con una llamada a la justicia y la reparación, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid busca no solo entender y documentar lo ocurrido, sino también influir en una revisión fundamental de cómo la sociedad y las instituciones atienden a las personas mayores.
El informe no es solo un documento de registro, sino una herramienta para la acción y el cambio estructural necesario para evitar tragedias futuras.
Miembros de la comisión
José Antonio Martín Pallín, presidente de la Comisión. Magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Fernando Flores Giménez, redactor del informe. Profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad.
Anna Freixas Farré. Escritora. Profesora jubilada de la Universidad de Córdoba. Ha hecho importantes aportaciones sobre el envejecimiento de las mujeres.
Fernando Lamata Cotanda. Médico, experto en Gestión y Administración Sanitaria, ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad. Ha sido miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias
Cristina Monge Lasierra. Socióloga y Politóloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza.
Eduardo Ranz Alonso. Abogado y profesor de la Universidad Carlos III. Especialista en memoria histórica.
María Victoria Zunzunegui Pastor. Doctora en epidemiología por la Universidad de California. Profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal
