Andrea Blandín
La Mancomunidad de Propietarios de Fuente del Berro 29 (a cinco metros del antiguo Palacio de los Deportes), lleva años luchando para que se haga justicia con las acciones ilegales que se han practicado debajo de su casa, sin que las autoridades competentes hagan algo para pararlo.
Su problema está dividido en dos partes. En primer lugar, las actividades sin licencia que se llevan a cabo desde hace años en el local del soportal de la casa. Y por otro, la gestión, supuestamente manipulada, de la empresa ADA (Agencia de Actividades).
En cuanto al local y su propietario, la asociación vecinal denuncia la cantidad de actividades (desde restaurantes hasta salas de fiesta) que se han sucedido en el establecimiento sin tener licencia. No entienden cómo se ha podido producir sin que el Ayuntamiento de Madrid lo haya parado antes, y por qué el dueño nunca ha tenido sanción alguna.
Por otro lado, la mancomunidad reclama la falta de actuación por parte de ADA. Esta empresa es la que ha denegado las licencias en los últimos años. Sin embargo, lo ha hecho sin reclamar todas las infracciones cometidas, y actualmente va a dar luz verde a la nueva licencia. Es decir, la misma empresa, con diferencia de semanas, ha firmado en contra y a favor del mismo proyecto.
«Nos consta que no se está concediendo el mismo trato a todos. Los propios funcionarios de la empresa nos lo han confirmado. Es como una pequeña Gürtel debajo de casa», denuncia la mancomunidad.
Los vecinos no saben qué más hacer para poder vivir tranquilos, después de todos los escritos que llevan presentados en los últimos años: «Nuestra situación actual es de total indefensión», continúa Ruiz, ya que no tienen acceso a los expedientes. Alegan también que el ochenta por ciento de la comunidad son personas jubiladas sin muchos recursos económicos.
La queja de los vecinos es clara: «Por ley, el Ayuntamiento sanciona y ordena que hay que restituir el orden urbanístico quebrantado, pero en vez de solicitar la realización de las sanciones correspondientes, deja pasar el tiempo sin hacer nada mientras tanto».
Antecedentes del local
Durante los años ochenta, este local era un cine de seiscientos metros cuadrados. En 1989, el propietario lo vendió, y el nuevo dueño fue quien empezó a provocar los problemas solo unos meses después de la compra.
En primer lugar, amplió la superficie hasta mil metros cuadrados sin licencia ni permiso, haciendo un forjado a nivel de calle y excavó una planta baja. El local se convirtió en un restaurante chino que, durante veinte años, estuvo en funcionamiento sin licencia de actividad ni de funcionamiento, y «sin que las autoridades competentes hiciesen algo al respecto», cuenta la asociación vecinal.
El dueño del establecimiento firmó con la comunidad de propietarios que el local se utilizaría exclusivamente como un restaurante, pero no lo cumplió.
En 2011, el propietario empezó a alquilar el local a distintos inquilinos. Los primeros tramitaron los papeles para que el espacio se pudiese convertir en una sala de fiestas. En 2012, consiguieron la licencia de actividad, aunque no la de funcionamiento, pero aun así el local abrió. Esto supuso las quejas de los vecinos por ruido, desórdenes y problemas de seguridad.
A pesar de todos los escritos en contra de lo que estaba ocurriendo, la autoridad municipal no cerró el local hasta días después del caso del Madrid Arena. La asociación vecinal considera que el escándalo provocó que el Ayuntamiento aumentase las medidas en otros establecimientos.
Tras el cierre, el propietario del local se lo alquiló a otro inquilino. Este quería llevar a cabo una actividad similar a la anterior, y comenzó unas obras, también sin licencia. Según cuenta la asociación: «pidió la licencia hasta en seis ocasiones, y con la tercera se le impidió presentar más. Además, cada una lo hacía con un nombre de solicitante diferente».
Dadas las irregularidades ocurridas, el Ayuntamiento precintó las obras, pero los inquilinos hicieron caso omiso y el Ejecutivo de la capital tuvo que precintar el local al completo.
El Ayuntamiento dio por caducadas todas las licencias, por lo que actualmente el local no tiene permiso de tipo alguno para ejercer actividad en él. La duda de los vecinos es «por qué no se les impone la sanción correspondiente».
Actualmente, hay abierto un procedimiento sancionador y otro disciplinario, además de dos denuncias en la Agencia Tributaria municipal.