Andrea Blandín
Rivas-Vaciamadrid es el municipio más grande del sureste de la Comunidad de Madrid y una de las ciudades más jóvenes de España. En la última década ha aumentado su población en 23 000 habitantes, con una media de 1,49 hijos e hijas por mujer (cifra superior a la media de la región: 1,27). Además, con el paso del tiempo la población de esta localidad ha ido rejuveneciéndose, y esto ha provocado una grave emergencia educativa.
En estos diez años, la educación en Rivas-Vaciamadrid ha sufrido graves problemas en la escolarización, las ratios en las aulas y las obras en los centros. Estos tienen 39 unidades más de las que fueron construidas, provocando que la cantidad de estudiantes por clase incumpla la legalidad y los espacios comunes de los colegios hayan desaparecido, teniéndose que convertir en aulas.
Solución ante la emergencia
Ante esta situación, la alcaldía de la localidad ha puesto en marcha un plan de emergencia educativa. Ha propuesto adelantar el presupuesto para las obras de los nuevos centros. Según indica la administración local: “Si el consejero firmara los convenios pertinentes, la Comunidad no tendría que correr con ningún gasto, ya que todo el coste lo asumiría el propio ayuntamiento”.
Por otro lado, ya en 2018, el consistorio cedió dos terrenos para construir un colegio y un instituto, ambos públicos. Estos, junto a la finalización del CEIPSO La Luna, podrían solucionar la situación. Dos años después, la obra no ha terminado, y la de las parcelas cedidas ni siquiera ha empezado. La alcaldía recalca: “Ya están hechos los informes geotécnicos de ambos terrenos, facilitando así el inicio de las obras en cuanto se firmen los convenios”.
El proceso de escolarización del próximo curso es inminente. En solo dos meses, la administración ripense tendrá que dejar sin plaza a muchos alumnos si la Consejería de la Comunidad no le pone solución. Por ello, el ayuntamiento se ha visto obligado a paralizar las licencias de nueva obra, evitando así que sigan llegando familias a la localidad queriendo escolarizar a sus hijos e hijas.
Frente a la falta de respuesta por parte del consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio, el consistorio ha querido ir más lejos en la educación en Rivas-Vaciamadrid, firmando una declaración institucional con el apoyo de todos los grupos políticos. Además, ha registrado ante la Alta Inspección de Educación un escrito solicitando al Gobierno estatal que inste a la Comunidad a cumplir con la Ley en materia de Educación Pública.
Falta de ayuda por parte de la Comunidad
En palabras de Isabel Galvín, secretaria general de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CC. OO.: “En Rivas-Vaciamadrid, la opción elegida por las familias es claramente la de la escuela pública, y eso lo tiene que respetar la Consejería de Educación. No puede ser que el Gobierno de la Comunidad Autónoma solo lleve a cabo el respeto a la libertad de las familias cuando eligen lo que le gusta más ella, la escuela concertada”, dice Galvín. “La colaboración entre instituciones debería ser independiente del resultado en las elecciones. Si en las urnas gana una fuerza política, se deben respetar las decisiones de los votantes y colaborar según lo que han decidido”, continúa.
Todas estas medidas se han tenido que llevar a cabo con motivo de que la Consejería de la Comunidad de Madrid no solo no les ha ayudado, sino que ha incrementado la emergencia en la educación en Rivas-Vaciamadrid. El consejero Enrique Osorio se ha negado a reunirse con los representantes del municipio desde agosto, aunque sí que lo hace con otros donde gobierna su mismo partido político.
“La Consejería no ha manifestado las razones por las que no tiene una reunión con Rivas, y esto supone un tratamiento desigual y discriminatorio de los ayuntamientos en función de quien gobierne”, afirma Galvín. Finalmente, Osorio ha citado al ayuntamiento de Pedro del Cura, tal y como ha informado este en su cuenta de Twitter, para un encuentro el miércoles 11 de marzo.
Centros ACNEE
Además, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid ha apoyado la decisión de Rivas, y ha realizado un estudio para comprobar la situación. La localidad tiene dieciséis centros donde se atienden a alumnos y alumnas con necesidades especiales (ACNEE), y en trece de ellos se supera la ratio a la que obliga la ley. Además, faltan profesionales en Pedagogía terapéutica y Audición y lenguaje que puedan tratar con estos estudiantes tal y como lo necesitan. Es decir, el 81,25 % de los centros están afectados por la falta de expertos, y 266 de los 326 ACNEE son atendidos por encima de la normativa. Esta situación lleva irremediablemente a que los familiares de estos niños se vean obligados a contratar una educación privada para poderles proporcionar lo que necesitan y la Administración no les da.
