La querella, sobre la que ahora tendrá que investigar la jueza titular del juzgado numero cinco de Leganés (Madrid), fue rechazada por ella misma a mediados del pasado verano mediante un auto en el que se consideraba que los hechos a los que hacía referencia no eran constitutivos de ningún tipo de infracción penal.
En esa querella, Marea de Residencias denunciaba a cuatro directores de residencias de Leganés, además de a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La inclusión de estos dos últimos se debía a que durante los primeros días de la pandemia, la Comunidad de Madrid, que tenía las competencias sobre el funcionamiento de las residencias de ancianos, publicó un protocolo, que hizo llegar a las residencias, explicando cómo debían de ser tratados los ancianos enfermos y en qué casos debían de ser remitidos al hospital.
En el auto que la Audiencia emite ahora se excluye de la denuncia a Isabel Díaz Ayuso y a su consejero, que deberían de ser juzgados, en su caso, por tribunales superiores al ser aforados, y se ordena al Juzgado número 5 de Leganés que se practiquen al menos dos de las diligencias solicitadas en su día por Marea de Residencias y que la magistrada rechazó entonces.
Concretamente se pide que se llame a declarar a los directores de las cuatro residencias y que se aporten los protocolos en los cuales justificaron su actuación así como los historiales médicos de los ancianos fallecidos.
José Luis González, abogado de la Plataforma Marea de Residencias, espera que la practica de estas diligencias contribuya a establecer la verdad sobre las causas de la muerte de los ancianos, que esto aporte serenidad a sus familias y que se establezcan responsabilidades. González, sin embargo, no es muy optimista sobre que las diligencias pedidas por la Audiencia se lleven a cabo con rapidez.
Para Raúl Camargo, miembro de Marea de Residencias, la responsabilidad del comportamiento de las residencias durante el periodo más duro de la pandemia, a cuya tercera ola nos acercamos ahora, no puede estar más que en las altas esferas de la comunidad y esas responsabilidades pueden ser gravísimas para algunos miembros del gobierno de Ayuso, incluida la presidenta, sin descartar la comisión de delitos contra las personas. Todo ello en el caso de que las declaraciones de los directores de residencias conduzcan a la participación de los altos niveles políticos de la CAM.
Según Camargo, la muerte de estos nueve ancianos debería de ser esclarecida a partir de este proceso, dado que en los protocolos se establecían criterios que podían suponer la exclusión de algunos pacientes de la atención hospitalaria.
La Plataforma Marea de Residencias estima que este paso supone que los protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia serán por fin juzgados si finalmente se llega a la implicación de personas aforadas.