UGT Servicios Públicos Madrid sostiene que el acuerdo en materia educativa a que ha llegado el Gobierno Regional de Madrid con VOX para la aprobación de los presupuestos regionales de 2022, que prevé ampliar el número de cheques escolares para escolarización en enseñanzas no obligatorias en centros privados, es «una ampliación de la privatización de la educación madrileña y no beneficia a las familias, ni a los docentes, ni al alumnado».
Indica que es un engaño pensar que estas «ayudas a las familias» son tal cosa, se trata de una financiación indirecta a las empresas privadas de enseñanza, porque en Madrid no existen centros privados, como tal, ya que todos están financiados, directa o indirectamente, con fondos públicos.
Pero para que muchas familias opten por estos centros hay que ayudarles un poco: primero, mediante la ausencia de centros y plazas públicas que permitan elegir esta opción, si no existen no se pueden pedir, y en segundo lugar mediante el aporte presupuestario, directo o indirecto, del Gobierno Regional.
Ello no significa que las familias no costeen dichas plazas, deben hacerlo, puesto que la «ayuda» no cubre la totalidad del coste. Y ello sin contar con las numerosas aportaciones «voluntarias», otro eufemismo, en materia de extraescolares, complementarias, material didáctico, uniformes, transporte o comedor escolar, partidas de las que, por supuesto, también sacan un beneficio.
A juicio de UGT Servicios Públicos Madrid es una vergüenza que la Comunidad Autónoma con mayor PIB del Estado, sea la que mayor porcentaje de escuela privada tenga y donde las familias hacen un mayor gasto en educación, casi duplicando la media del resto de España.
Y ello no redunda, ni lo va a hacer, en mejoras salariales y laborales para el profesorado, puesto que son precisamente los docentes de estos centros privados, que se van a beneficiar de estos cheques, los que más precarizado tienen el empleo, porque de aquí también sacan beneficios.
En Madrid, la educación ya es privada, en gran medida, en estas etapas no obligatorias, que se van a beneficiar de los cheques escolares: solo el 13 por ciento de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños son de titularidad y gestión pública y los centros privados de Formación Profesional se están vendiendo a fondos buitre extranjeros, lo que evidencia el interés que tienen como negocio, aumentando en 84 centros en los últimos ocho años, mientras los centros públicos disminuían en 25, entre los que imparten Grado Medio y Grado Superior.
Por tanto, concluye la UGT, «no nos engañemos, un gobierno que entiende la educación como un negocio no está trabajando por la mejora de la vida de sus ciudadanos, lo hace por la mejora de beneficios de los empresarios de la enseñanza. Los cheques los pagamos todos y todas los madrileños».
