Madrid cerró 2019 con un 19 por ciento de sus habitantes, algo más de 1.282.000 personas, en riesgo de pobreza, según datos de la Unión Regional de la UGT, que deben haber quedado obsoletos porque la decisión de restringir la movilidad en ciertos barrios y municipios de Madrid ha agravado la situación de muchas familias que ya venían sufriendo una reducción de ingresos durante la pandemia.
Según la UGT, la crisis ya existente, que se ha dimensionado con la llegada del virus, podría arrojar a la pobreza a más de setecientas mil personas adicionales en España, lo que provocaría alcanzar los 10,8 millones. Esto supondría que, debido a los efectos de la pandemia, el porcentaje de personas en la pobreza crecería hasta el 23,1 por ciento sobre el total de la población española, mientras que antes del COVID-19 se situaba en el 21,5 por ciento. Estos cálculos se han hecho teniendo en cuenta las estimaciones de caída del PIB en un 9 por ciento y el aumento del desempleo hasta el 19 por ciento.
El umbral de pobreza es la cifra de ingresos por debajo de la cual se considera que una persona está en riesgo de exclusión. Este se calcula aplicando el 60 por ciento de la media de los ingresos de la población que en España, en 2019, fue de 9009 euros.
De los 9,5 millones de personas que están en riesgo de pobreza en España por tener unos ingresos anuales inferiores a esos 9009 euros, 1.282.000 viven en Madrid.
Ana Sánchez de la Coba, secretaria de Igualdad de UGT Madrid, señala que todo apunta a que esta crisis va a ser peor que la de 2008. Al problema del empleo se sumarán los hijos descolgados en las aulas y los problemas intrafamiliares del confinamiento. Los trabajos precarios no guardan colchón económico.
A diferencia de crisis anteriores, unido a los problemas sanitarios, tendrá efectos sociales y económicos distintos a los que históricamente hemos observado en estas situaciones. Para empezar, el impacto de las medidas de confinamiento está siendo muy desigual, provocando una mayor brecha salarial y social.
Ante el aumento de contagios, se pone el foco en el ocio nocturno, en reuniones familiares y sociales y demás situaciones de esparcimiento, pero se oculta que el «culpable mayor es la pobreza».
Los sanitarios de los centros de salud han comprobado cómo muchos enfermos de covid son trabajadores humildes, con trabajos precarios y en muchos casos en la economía sumergida, viajan entre una y tres horas en el transporte público a diario para llegar a su puesto de trabajo, en un transporte público abarrotado por la falta de frecuencia y donde es imposible mantener la distancia de seguridad. En muchos de los casos viven en habitaciones alquiladas en pisos compartidos donde a veces sólo hay un baño para varias familias, o viven varias personas en pisos de no más de veinte metros.
La segunda ola de coronavirus se está expandiendo de forma desigual por la ciudad de Madrid. Los contagios suben desde el 21 de julio y lo hacen con más fuerza en las zonas más vulnerables: rentas bajas, hacinamiento y trabajos precarios que hacen prácticamente imposible encontrar opciones de teletrabajo.
Algo que se evidencia de forma clara es que en los barrios más pobres el riesgo de contagio se multiplica, y el aumento de la mortalidad es evidente. En Madrid, hoy, se puede observar a pequeña escala y en tiempo real: Los índices de contagios en barrios como Villaverde, Vallecas o Usera se disparan con respecto a otros barrios de nivel adquisitivo más elevado.
La Comunidad de Madrid tiene entre sus habitantes el mayor foco de contagios de todo el país y es uno de los mayores de todo Europa. La situación epidemiológica se ha ido agravando conforme entraba el mes de septiembre y la presión hospitalaria va en aumento. Ante este panorama, se hace necesaria una depuración de responsabilidades al Gobierno Regional por la no aplicación de medidas necesarias tanto sanitarias como sociales, para evitar esta lamentable situación.
La desidia en la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Regional, que persiste en su política de escasez de medios y recursos sanitarios, falta de rastreadores y decisiones tales como poner en cuarentena sólo los barrios de Madrid más humildes y de clase trabajadora de la Comunidad, pero no otras, está agravando la situación socioeconómica y sanitaria de nuestra región. El gobierno sigue sin tener en cuenta que sus habitantes continúan saliendo a trabajar a otras zonas de Madrid.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, achacó este alto índice de contagios en los barrios del Sur al «modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid, entre otras cosas». Según explican expertos y estudios científicos, la situación socioeconómica y de desigualdad que viven las familias de estos barrios es la causa principal de por qué la enfermedad les afecta más.
Según diversos estudios, el COVID-19 golpea más duro a los más desfavorecidos, la incidencia del coronavirus en los barrios pobres, se estima que es 2,5 veces mayor que en las zonas ricas. A más pobreza, más enfermedad, y a más enfermedad, más pobreza.
Los factores a los que se deben estos índices de desigualdad son principalmente tres: La precariedad laboral, las condiciones de vivienda en las que habitan y una mayor prevalencia de enfermedades que producen mayor gravedad de COVID-19.
Esta crisis, ha puesto de manifiesto que los trabajos esenciales son los más expuestos y en demasiados casos muy precarios, además no es posible el teletrabajo y muchas de las personas que realizan estas labores pertenecen a los sectores con menos recursos.
Por último, existe un tercer factor, que quizá sea el menos conocido, y es que las personas que viven en los barrios con menos recursos en muchos de los casos arrastran patologías añadidas y tienen una mayor prevalencia de enfermedades que producen mayor gravedad de COVID-19, como puede ser hipertensión o diabetes, es decir, el tiempo de recuperación de una enfermedad de este tipo es mayor para las personas que viven en un distrito humilde.
En definitiva, sostiene Ana Sánchez de la Coba, este fenómeno no es nuevo, sino que lleva estudiándose desde hace muchos años, y es que el COVID-19 y la mayoría de enfermedades entienden de clases. Se trata de un círculo vicioso que consiste en que «a más pobreza, más enfermedad, y, a más enfermedad, más pobreza».
Los motivos para tratar de revertir esta situación y mejorar las condiciones de vida de las familias de estos distritos son diversos. Además del humano y del derecho de todo ciudadano a una vida digna, existen también motivos económicos. Hay que romper este círculo cuanto antes, porque no sólo tiene consecuencias sobre las clases más bajas, sino que afecta a todas las capas de la sociedad, produciendo un parón económico.
Con la crisis se ha aprendido que los sistemas públicos hay que protegerlos y dotarlos. Llama la atención que ahora que sabemos cómo funciona la enfermedad, se vuelva otra vez a la misma situación vivida en el mes de marzo. El círculo pobreza-enfermedad, enfermedad-pobreza sólo se rompe invirtiendo más en recursos públicos, haciendo una labor de prevención y poniendo barreras al virus desde la atención primaria.
Las medidas aprobadas para combatir las situaciones de pobreza derivadas de la crisis sanitaria actual están siendo ineficaces.
El IMV está aumentando la precariedad de las ayudas a familias al cambiar el RMI que es permanente en el tiempo por el IMV que es temporal y que de momento sólo está llegando al 60% de las solicitudes en Madrid y en algunos de los casos está siendo denegado después de pedir que las familias renuncien al RMI para poder acceder al IMV.
Familias vulnerables se les suspenden las ayudas del RMI y por «hijo a cargo», de manera cautelar, al presentar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Al no abonarse el IMV, se quedan sin ingresos para mantener sus familias.
Fundación Madrina ha realizado un estudio sobre una encuesta anónima que se ha efectuado a una muestra de 1600 familias, y que incluye a todas aquellas que han sido derivadas o bien han solicitado ayudas de alimentación e higiene de bebé, además de brindar información para tramitar la Renta Mínima Vital. El 60 por ciento de las familias que accedan al IMV solo trabajaría si recibiera un 52 por ciento más de salario que el ingreso que reciba por IMV y un 73 por ciento estarían dispuestas a trabajar en “B”. Esto aumentaría el coste del salario mínimo para las empresas.
El IMV generará mucha más economía sumergida y sólo beneficiará a las familias que anteriormente a la pandemia eran vulnerables y por tanto recibían ya otras ayudas.
Las «colas del hambre» han aumentado un 50 por ciento en desde el mes de julio al no abonarse el IMV a las familias demandantes y quedarse sin RMI –renta mínima de inserción-ni ninguna otra ayuda por hijo a cargo y estar desempleadas.
Más de la mitad de la población objetivo no recibirá la ayuda por temas administrativos y la misma no va a ser suficiente para mantener a familias con hijos a cargo.
Algunas empresas han hecho negocio del IMV por la dificultar telemática de su tramitación. Hay familias con «congelación de expedientes» y con el DNI o pasaporte caducados que no pueden actualizarlos.
A las familias que cobraban el RMI y le han dado automáticamente el IMV, le han dado el IMV «transitorio», -que es la misma cantidad, pero cambia de nombre-, y que ahora caduca el 31-12-20, mientras el RMI no caducaba nunca, sembrando la incertidumbre en las familias vulnerables.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) no termina de llegar a todas las familias que lo necesitan. La necesidad de apoyo especializado para su tramitación, y sobre todo las faltas de citas previas para conseguir los documentos que solicita la administración, impide la tramitación correcta del IMV.
Además, la administraciones locales y autonómicas dificultan más este trámite, solicitando que estas familias presenten, la solicitud física del IMV y la resolución de la prestación del RMI que ya recibían, en un plazo improrrogable de 10 días hábiles. Como las citas previas se dan con dos meses de retraso, estas familias pierden la prestación del RMI de manera cautelar, con lo que se quedan sin ayudas ni ingresos para mantener sus familias.
Después de cuatro meses de la aprobación el ingreso mínimo vital, miles de familias siguen pendientes de que su expediente avance y puedan recibir cuanto antes la «ayuda vital». La falta de información y la ausencia de citas previas administrativas o citas dadas con más de diez días hasta dos meses de espera, están poniendo en riesgo los escasos ingresos que ya tenían estas familias vulnerables dejando de percibir las ayudas sociales esenciales para su supervivencia y prometidas.
Según el reglamento del RMI, en su artículo 38.1d, (si naciera otra ayuda social transitoria–como ha sido el IMV-), el RMI debería quedar suspendido temporalmente, y no extinguido como se ha hecho desde las administraciones locales, dejando a muchas familias en la pobreza.
Ingreso Mínimo Vital (IMV)
El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el pasado día 7 de octubre informó a la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que se han concedido un total de 90.800 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del millón de peticiones que ha recibido el Ministerio entre junio y septiembre.
De ese millón de peticiones que han llegado entre junio y septiembre, se han proceso hasta septiembre 320.000 solicitudes y, de ellas, se han aprobado 90.800 (un 28% del total de las revisadas). Se han denegado 86.152 (un 27%) y siguen pendiente de subsanación 141.995 (el 45%).
Renta Mínima de Inserción (RMI)
Las familias perceptoras de Renta Mínima de Inserción (RMI), en septiembre de 2020, han sido 18.032 de las cuales 10.793 tienen su domicilio en Madrid capital, que representan el 59,86 por ciento del total de familias perceptoras.
En cuanto a la distribución por sexo de los titulares de Renta Mínima de Inserción, en el mes de septiembre de 2020, los hombres son 6.414 y las mujeres 11.618 como demuestran los datos del último Informe Mensual de Renta Mínima de Inserción septiembre 2020, son las familias encabezadas por mujeres las que más reciben esta prestación, claro ejemplo de la feminización de la pobreza.
Otro dato relevante que contiene este informe es el número de suspensiones de la Renta Mínima de Inserción por la Renta Mínima Vital, un 19,1 por ciento, lo que no aclara dicho informe si se ha suspendido por concesión o por tramitación de ésta.
Por todo ello desde UGT Madrid se exige a las administraciones:
- Activar mecanismo para resolver los expedientes en el plazo mínimo.
- Compatibilizar y temporizar ayudas.
- Coordinar y reforzar las medidas sanitarias para solventar situaciones de confinamiento.
- Aumento de la frecuencia del transporte público, que eviten aglomeraciones y permitas mantener la distancia de seguridad mínima para preservar la salud de las madrileñas y madrileños.