Teresa Jusdado Pampliega[1]
En Pleno de la Asamblea de Madrid se ha debatido una vez más el tema del Pin Parental, a propuesta de VOX. El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid lleva años manifestando su oposición a lo que VOX denomina adoctrinamiento y revisión de los currículos, algunos de estos temas cuentan con el apoyo del Gobierno Regional.
Sin duda alguna, los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, así viene contemplado en la Constitución Española que, en su artículo veintisiete, reconoce la libertad de la enseñanza, la de recibir una enseñanza religiosa y moral de acuerdo con las convicciones de los padres y la libertad de creación de centros docentes, eso sí, dentro del respeto a los principios constitucionales, que en su artículo uno propugna como un valor superior la igualdad, así como que las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Y, sobre todo, el artículo catorce que indica que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.» Todo ello establece un bien superior al derecho de los padres a que se contemplen sus singularidades ideológicas, garantizándose, al mismo tiempo, el derecho a la educación, elección de centro, etc.
Pero más allá de estas consideraciones, los contenidos curriculares vienen marcados por la Ley: el sesenta por ciento por la ley básica de carácter estatal y el cuaremta por ciento por la autonómica. Lo que no se puede pretender es no dejar en manos de los expertos, es decir, los docentes, la no aplicación contra ley de ese currículo, porque de ser las familias quienes establecen, de acuerdo con su ideología, dicho currículo, nos podríamos encontrar con el absurdo de tener veinticinco o treinta currículos por clase, especialmente en materias relacionadas con Humanidades y Ciencias Sociales, uno por alumno/a.
Y la educación no es un restaurante donde cada uno come a la carta, tiene objetivos muchos más elevados y que deben ser ajenos a los «gustos familiares». ¿Puede una familia exigir que no se explique la guerra civil o la Segunda República porque no se ajusta a su opinión? Eso sí sería adoctrinamiento y el personal docente, como expertos en su materia, estamos por encima de estas consideraciones personales y partidistas.
Pero más allá de las cuestiones curriculares están las cuestiones relacionadas con la igualdad de derechos. Si todos somos iguales ante la ley debemos enseñar, también desde el ámbito familiar, que los diferentes tienen los mismos derechos que nosotros mismos y, por tanto, educar en el respeto a dichos derechos, sea cual sea tu etnia, religión, condición sexual o de género y, por tanto, intentar fomentar una sociedad plural que comprenda y respete al otro u otra. Es una obligación, no una decisión personal.
Respecto a la educación afectivo-sexual y de género, consideramos que no educar, en el momento que los expertos, es decir, el personal docente, considere adecuado para el desarrollo personal del alumnado, es un grave error. Ningún profesional querría llevar en su conciencia la inquietud de si podría haber hecho más, educativamente hablando, cuando se acosa a un compañero de clase por su identidad sexual o una alumna/o se ve afectado por el SIDA o una enfermedad de transmisión sexual por desconocimiento de los medios para no contagiarse.
O no educar en que la violencia psíquica o física en el entorno familiar no son circunstancias normales ni aceptables e informar de los medios para buscar ayuda. Temas, todos ellos, en los que las familias deberían colaborar y, la mayor parte lo hacen, pero que no hemos de dejar a la voluntariedad de las mismas, porque ello significaría desamparar a los afectados/as.
Por todo ello, UGT considera que implementar el Pin Parental o impedir que se impartan los currículos sería una injerencia en la labor educativa que el personal docente tiene encomendada y, lo que es más grave, una dejación de funciones y auxilio al alumnado.
- Teresa Jusdado Pampliega es la secretaria general del Sindicato de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid
