El Pleno del Senado aprobó el pasado 2 de diciembre de 2020 la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, acto que la UGT Madrid celebra en una comunicación pública.
El sindicato recuerda que la esterilización forzosa ha venido desarrollándose a lo largo de los años con un sesgo totalmente machista y discriminatorio. Una práctica que se ha utilizado mayoritariamente con mujeres jóvenes y adolescentes y apenas se ha practicado en hombres.
Y considera que con esta iniciativa parlamentaria «se destierra de la legislación una norma que suponía una agresión directa a los derechos de las personas con discapacidad y en especial a los de las mujeres y adolescentes».
El texto, que se ha aprobado sin modificaciones, al no haberse presentado enmiendas por los Grupos del Senado al texto recibido de la Cámara Baja, ha contado con 259 votos a favor y dos abstenciones.
«Sin duda es un día histórico para las mujeres con discapacidad y para la sociedad en su conjunto y con ello se acaba con una forma de mutilación genital femenina que impide el derecho de las mujeres con discapacidad a ser madre», indica la UGT, señala que, con esta modificación del Código Penal, España cumplirá con el Convenio de Estambul, que considera esta práctica como una forma de violencia contra la mujer».
La Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente elimina el párrafo segundo del artículo 156 que, en la actualidad, despenaliza las esterilizaciones no consentidas, previa autorización judicial.
España se comprometió a emprender esta reforma al firmar y ratificar hace más de una década la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que exige que los estados pongan fin a las prácticas discriminatorias relativas a la familia, la paternidad y la fertilidad de este colectivo
Desde hace diez años, España debió acatar las recomendaciones que ya exigían la eliminación de esta práctica, que ha afectado a más de mil mujeres, con un promedio de cien prácticas anuales.
Desde UGT Madrid celebran este «gran avance en Derechos Humanos» y felicitan al Cermi por su labor para lograr la erradicación de la esterilización forzosa, «que supone un logro impulsado desde la sociedad civil de la discapacidad y la corrección de una anomalía del ordenamiento jurídico español, que castigaba especialmente a las mujeres y adolescentes con discapacidad».