La Secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, Teresa Jusdado Pampliega, sostiene que el reciente anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de aumentar el quince por ciento (21,75 millones de euros) la partida de gastos para funcionamiento y personal no docente de los centros concertados es «un intento de comprar votos de cara a las próximas elecciones».
Equipara este anuncio con el de la cesión de terrenos para tres centros concertados en Valdebebas, Vallecas y Vicálvaro, que ha demostrado ser exitoso en otras convocatorias electorales, a pesar del incremento de las desigualdades que supone este tipo de políticas educativas.
El anuncio de un aumento del quince por ciento de dicha partida para centros concertados contrasta con el presupuesto de estos gastos para centros públicos, que tenían previsto un aumento del 3,2 por ciento para los colegios de infantil y primaria y un descenso del 2,5 por ciento para los institutos de Secundaria, en el Proyecto de Presupuestos no aprobados para la Comunidad de Madrid en 2023.
Los propios dirigentes de la patronal de Escuelas Católicas se han mostrado sorprendidos, entre otras cosas porque no se había negociado.
Teresa Jusdado remarca tres datos sobre este anuncio: no ha sido negociado, no va a mejorar las condiciones de las personas trabajadoras de enseñanza concertada, y no conlleva una mayor seguridad en el empleo.
Agrega que UGT considera indecente decir que «apoyar a los centros privados y concertados es una defensa firme de nuestros valores constitucionales» ¿De los suyos?, se pregunta, y afirma que «los valores constitucionales son de toda la ciudadanía. No existen unos valores constitucionales de unos o de otros. Y, desde luego, el primer valor constitucional, en materia educativa, es el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, que garantiza la escuela pública, de todos/as y para todos/as».
Pregunta también quién garantiza una plaza pública al alumnado, ya que hay familias que no pueden optar por una plaza pública en su zona de residencia.
Y añade otras dos preguntas: «Quién garantiza no convivir con obras durante años, mientras se imparte clase; y quién garantiza que nuestro alumnado de centros públicos tenga el personal suficiente».
UGT denuncia que la Comunidad de Madrid solo defiende a los empresarios de los centros privados, con y sin concierto, es decir, el negocio de la educación, tal y como hace con la sanidad, porque estos 21,75 millones «van destinados a beneficiar a los propietarios de los centros concertados, que en la mayoría de los casos seguirán pasando minutas a las familias para pintar el centro o comprar material informático que le envía la Consejería de Educación».
Concluye Teresa Jusdado que la UGT, como defensora de la escuela pública y del derecho a la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas, denuncia la política madrileña de privatización de la enseñanza «que no garantiza más que el incremento de las desigualdades».
