El presidente Donald Trump firmó el jueves el jueves 6 de agosto dos órdenes ejecutivas que vuelven a intentar restringir la ciudadanía por nacimiento y a frenar el llamado «turismo de nacimiento», apenas cinco semanas después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional su primer intento en la sentencia Trump v. Barbara. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anticipa que la nueva ofensiva correrá la misma suerte judicial.
Según informó NBC News, la primera orden amplía las categorías de personas cuyos hijos nacidos en Estados Unidos no tendrían derecho a la ciudadanía automática, incluyendo a hijos de «enemigos extranjeros», miembros de organizaciones terroristas y personas vinculadas a gobiernos extranjeros. La segunda busca endurecer las restricciones contra el «turismo de nacimiento», la práctica —ya ilegal y, según los propios estudios citados por el medio, poco frecuente— de viajar a Estados Unidos con el fin principal de dar a luz para obtener la ciudadanía del recién nacido.
Trump calificó la sentencia de junio de «muy desafortunada» y presentó sus nuevas órdenes como «ajustes», según recogió The Hill. Junto a él en la firma, el subjefe de gabinete de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, sostuvo que el fallo del Supremo «no contradice en nada» las nuevas medidas, pese a que esa misma sentencia reafirmó la ciudadanía por nacimiento consagrada en la Decimocuarta Enmienda y tumbó la orden original de 2025 por seis votos contra tres.
La respuesta jurídica no se hizo esperar. «El Tribunal Supremo ya decidió esta cuestión: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución. Ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución. Cualquier orden que intente reescribir la ciudadanía por nacimiento correrá la misma suerte que la anterior», declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, en un comunicado recogido por NBC News. Según PBS News, expertos legales coinciden en que aún no está claro qué margen real deja la sentencia de junio para este segundo intento.
Contexto y análisis
La secuencia reproduce un patrón ya conocido en la presidencia de Trump: una orden ejecutiva que choca frontalmente con un precedente judicial reciente, seguida de una respuesta inmediata desde el ámbito jurídico y de la sociedad civil, más que desde la oposición partidista.
Por el momento, la reacción pública documentada procede de organizaciones de derechos civiles como la ACLU, no de declaraciones formales del Partido Demócrata en el Congreso, lo que confirma la distinción que este Observatorio mantiene entre oposición democrática amplia —tribunales, colectivos jurídicos, sociedad civil— y oposición partidista.
La primera orden de 2025 fue bloqueada por varios tribunales inferiores antes de llegar al Supremo; es previsible que la nueva batalla legal siga un recorrido similar.
Cierre:
La Casa Blanca defiende que las nuevas órdenes se ajustan a las «excepciones históricas» reconocidas por el propio Supremo en su sentencia de junio, según su nota informativa oficial. Los próximos días dirán si esa interpretación resiste el primer recurso judicial, que previsiblemente no tardará en llegar.
- Pie de foto: Reivindicaciones de nacionalidad por nacimiento ©ACLU
