La cumbre de la OTAN celebrada esta semana en La Haya ha dejado un cruce de advertencias inusual: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó de que impondrá aranceles «para que España pague el doble» si el Gobierno de Pedro Sánchez conserva el techo de gasto militar en el 2,1 por ciento del PIB, frente al nuevo objetivo del cinco por ciento que los demás aliados se comprometieron a alcanzar en 2035.
En una comparecencia ante la prensa, Trump tachó de «terrible» la postura española y se despachó con una amenaza explícita: «Estamos negociando un acuerdo comercial con España y les voy a hacer pagar el doble… y lo digo en serio. Es el único país que se niega a pagar». A continuación acusó a Madrid de aprovecharse de la protección norteamericana sin contribuir en la misma medida al esfuerzo común.
En una carta al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, Sánchez había calificado la exigencia del cinco por ciento de «incompatible, irrazonable y contraproducente», y defendió que con el 2,1 por ciento España puede cubrir las capacidades militares asignadas sin sacrificar servicios públicos ni subir impuestos. «Cada aliado debe decidir soberanamente si acepta ese sacrificio; nosotros elegimos no hacerlo», subrayó el mandatario.
Rutte matizó matizó a su vez que existe con España un «acuerdo sobre no estar de acuerdo» y recordó que la OTAN «está convencida de que Madrid terminará destinando al menos un 3,5 por ciento» para cumplir los objetivos. El ex primer ministro neerlandés insistió en que los aliados deberán presentar informes anuales sobre sus aportaciones para evitar dilaciones y señaló que «no hay cláusulas de exclusión voluntaria» en la declaración final.
El consenso de La Haya supone el mayor incremento de gasto de la historia de la Alianza: elevar al cinco por ciento del PIB —desglosado en un 3,5 por ciento de gasto militar directo y un 1,5 por ciento en seguridad y capacidades estratégicas— la referencia que hasta ahora se situaba en el dos por ciento. La medida, impulsada por Washington para reforzar la disuasión frente a Rusia y asegurar la continuidad del compromiso estadounidense, generó tensiones internas, pero salió adelante con la sola reserva española.
La presión no se limita al ámbito militar. El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, advirtió de que cualquier negociación comercial con Estados Unidos «debe hacerse en el marco de la Unión Europea» y confió en que no habrá represalias económicas: «España es un socio fiable».
Recordó también que España forma parte de una unión aduanera de veintisiete Estados y descartó una negociación bilateral para sortear eventuales sanciones.
Ls plataformas pacifistas han aprovechado esta controversia para exigir una auditoría del gasto militar y reclamar que los recursos se orienten a la agenda social y climática. Argumentan que un salto del 2,1 al 5 por ciento supondría cerca de 80.000 millones de euros anuales extra y comprometería los objetivos de transición ecológica. El Gobierno comparte en parte ese diagnóstico y subraya que la «seguridad humana» empieza por la cohesión social.
En Bruselas se observa con cautela la escalada verbal. Funcionarios comunitarios temen que una guerra de aranceles con Washington dañe la recuperación económica europea, en especial a sectores clave como el automóvil y la agricultura española.
Varios Estados, entre ellos Bélgica y Eslovaquia, han pedido un mecanismo de revisión en 2029 que permita ajustar las metas si el entorno presupuestario o las amenazas estratégicas varían.
Mientras tanto, las cancillerías europeas confían en que la revisión anual de capacidades abra una vía pragmática: España reforzaría ciertas áreas —ciberdefensa, vigilancia del flanco sur y logística— sin tener que alcanzar de forma lineal el cinco por ciento.
El pulso, sin embargo, está servido. De cumplirse la advertencia de Trump, la disputa se trasladaría del tablero militar al comercial, con consecuencias aún difíciles de calcular para la economía española y, por extensión, para la cohesión política de la OTAN.
