Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible, ha hecho públicas las divergencias surgidas en la primera reunión entre el Ministerio de Transportes, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos afectados de Navalcarnero, Alcorcón y Móstoles, y especialmente el Ayuntamiento de Madrid, por no aportar planes claros y negarse a consensuar medidas con otras administraciones.
Según Álvaro Fernández Heredia, el Consistorio que preside José Luis Martínez-Almeida ha demostrado una clara falta de colaboración en los esfuerzos por minimizar los perjuicios para la ciudadanía.
Durante la primera reunión para coordinar el plan de movilidad, el 19 de noviembre 2025, Heredia señaló que «no hemos recibido un solo estudio de movilidad del Ayuntamiento, ni tampoco su plan de obras, a pesar de los reiterados ofrecimientos de colaboración por parte del Ministerio».
Esta falta de entendimiento se agrava con el rechazo del Ayuntamiento a modificar sus planes de transporte público, así como su negativa a participar en propuestas como la gratuidad de la R-5 o la continuidad del carril bus en la A-5.
Todo ello, según el Ministerio, pone en riesgo la movilidad de miles de personas que se verán afectadas por estas obras clave para la infraestructura de Madrid.
Planes de movilidad de las diferentes administraciones
Desde el Ministerio de Transportes, se han anunciado medidas para reforzar el sistema de Cercanías, incrementando la capacidad entre un 25 y un 40 por ciento. Además, se están preparando servicios específicos entre Móstoles y Atocha para absorber el previsible aumento de viajeros durante las obras.
En contraste, el Ayuntamiento de Madrid mantiene refuerzos más modestos: un diez por ciento en Metro y un nueve por ciento en la EMT.
Los servicios de autobuses interurbanos, en cambio, sufrirán recortes y perderán su acceso al carril bus en la A-5, lo que obligará a los usuarios a hacer transbordos hacia el Cercanías.
Esta decisión, según Fernández Heredia, no hace más que complicar el viaje diario de los madrileños.
Posibilidad de gratuidad en la R-5
El Ministerio ha planteado la posibilidad de hacer gratuita la Radial 5 (R-5) durante las obras para aliviar el tráfico en la zona. Sin embargo, esta propuesta requiere de la financiación compartida entre las diferentes administraciones implicadas.
En este punto, el Ayuntamiento ha mostrado su negativa a aportar fondos, alegando que no es su responsabilidad.
Heredia calificó esta postura como un intento de desviar responsabilidades y criticó la falta de previsión del Consistorio: «Si la gratuidad de la R-5 era algo que estaba sobre la mesa, lo lógico habría sido incluirlo en los presupuestos hace un año».
Carril bus en la A-5
Otro foco de controversia ha sido la disposición de un carril bus en la A-5. Mientras el Ministerio está dispuesto a implementarlo en el tramo bajo su jurisdicción, el Ayuntamiento no solo se opone a darle continuidad en su área, sino que ha anunciado la eliminación del carril existente.
Esta decisión contradice los objetivos de fomentar el transporte público y podría generar mayores atascos en la entrada y salida de la ciudad.
El Ministerio considera que la falta de un carril bus efectivo y la reducción de autobuses interurbanos representan un retroceso en las políticas de movilidad sostenible.
«Estamos dispuestos a colaborar, pero necesitamos medidas coherentes y consensuadas», afirmó Heredia.
Gratuidad en otras autopistas (AP-7 y AP-9)
El delegado de Movilidad de Madrid había señalado que otras autopistas como la AP-7 y la AP-9 ya son gratuitas, lo que justificaría su petición de gratuidad para la R-5.
Sin embargo, el Ministerio desmintió estas afirmaciones. La AP-7 fue gratuita durante un breve periodo como medida piloto, mientras que la AP-9 sigue siendo de pago.
En este contexto, Fernández Heredia subrayó que las comparaciones con la R-5 no son válidas, ya que en esos casos el Ministerio asumió los costes directamente como promotor de las obras.
Falta de coordinación perjudicial para la ciudadanía
El soterramiento de la A-5 es una obra de gran envergadura que requiere la cooperación de todas las administraciones para garantizar su éxito y reducir el impacto en la ciudadanía. Sin embargo, la falta de consenso y las posturas unilaterales dificultan la implementación de medidas eficaces.
El Ministerio ha reiterado su disposición a colaborar y a asistir a futuras reuniones, pero insiste en la necesidad de un compromiso real por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Mientras tanto, miles de madrileños afrontan con incertidumbre los problemas de movilidad que estas discrepancias pueden generar.
