Las autoridades brasileñas califican de terrorismo e intento de golpe de Estado la invasión y destrucción de las sedes de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la República por miles de adeptos del expresidente Jair Bolsonaro, en la tarde del 8 de enero 2023 en Brasilia.
Esta violencia sin precedentes en Brasil desde el final de la dictadura militar va a suponer el aislamiento a la extrema derecha que alcanzó el poder en las elecciones presidenciales de 2018 gracias a la desmoralización de la izquierda por la corrupción y crisis económica.
Se le hizo difícil a los conservadores y a los evangélicos, que votaron masivamente por Bolsonaro, y a políticos derechistas, quienes no quieren arriesgar su status, mantener el apoyo, abierto o velado, a Bolsonaro y su movimiento radical.
El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó la intervención de la seguridad pública del Distrito Federal y el Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió durante noventa días al gobernador, Ibaneis Rocha, reelegido en octubre 2022 como un importante apoyo a la candidatura presidencial de Bolsonaro, ante indicios de omisión o connivencia con los invasores, ya que seis días antes había nombrado como secretario de Seguridad Pública a Anderson Torres, quien había sido ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro.
La Abogacía General del Estado ha pedido la prisión de Torres, quien se encuentra huido en Estados Unidos.
Los analistas comparan este asalto a las instituciones en Brasilia con el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2020, aún con la diferencia de que los seguidores de Trump buscaban impedir que se certificara el triunfo electoral de Joe Biden, mientras que los bolsonaristas pretendían ocupar las sedes mientras otros grupos ocupaban refinerías de petróleo en acciones concertadas para provocar un clima de insurrección y provocar un golpe militar.
Nada más conocerse la derrota electoral el 30 de octubre, los bolsonaristas bloquearon carreteras y miles de activistas montaron campamentos en las puertas de cuarteles del Ejército reclamando una acción militar para impedir la toma de posesión de Lula.
Este domingo 8 de enero, autobuses con unas seis mil personas se presentaron en el campamento delante del Cuartel del Ejército en Brasilia, desde donde salieron para la invasión de las sedes de los tres poderes de la República con escolta de la policía militar del DF.
Se investigan ahora estos sucesos y el grado de implicación de otros gobernadores como los de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro.
Más de trescientas personas fueron detenidas dentro de los palacios y otras mil doscientas cuando la policía y los militares finalmente desmontaron el campamento delante del Cuartel General del Ejército en Brasilia, identificadas por los videos y fotografías difundidas, así como por llamadas telefónicas. También se procede a identificar a los responsables de financiar los campamentos y el transporte en autobuses hacia Brasilia.
