Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, proponen complementar el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal con la modificación del delito fiscal en el Código Penal, después de que se haya publicado el texto en el Boletín del Congreso y de constatar que la economía sumergida crece sin parar desde 1980 a pesar de la mejora de los resultados de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT).
Así, los Técnicos del Ministerio de Hacienda calculan que el fraude fiscal en los últimos años, antes de la pandemia, provoca unas pérdidas en España de unos 91 600 millones de euros anuales, de los cuales 60 600 millones son impuestos evadidos y 31 mil millones son cuotas defraudadas a la Seguridad Social.
Para revertir esta tendencia, pedirán a los grupos parlamentarios que aumente en un año el plazo de la prescripción tributaria hasta los cinco años con carácter general, y excepcionalmente hasta los diez años cuando existan indicios de presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública para que la Administración tributaria pueda investigarlos y denunciarlos a la Fiscalía.
También propondrán rebajar el límite de 2500 euros en los pagos en efectivo de particulares a empresarios hasta los mil euros, el mismo que para pagos entre profesionales y empresarios, para incentivar que se declaren los pagos que los consumidores finales hacen a las Pymes. De esta forma, los técnicos de Hacienda podrían centrarse en la investigación de los fraudes más sofisticados de las multinacionales y grandes fortunas.
Como complemento en esta lucha contra el fraude más abultado, Gestha sugiere que el Gobierno presente una modificación del Código Penal para unificar los umbrales de los delitos contra la Hacienda Pública al de los otros delitos fiscales contra la Seguridad Social o contra los Presupuestos generales de la Unión Europea, situándolos en fraudes superiores a 50 mil euros, o 120 mil euros en los delitos agravados, sustituir por atenuantes las actuales rebajas de grado por el reconocimiento del delito contra la Hacienda Pública -una vez que ya ha sido denunciado o querellado-, y concretar los requisitos para exigir la responsabilidad civil y penal de profesionales de la asesoría fiscal y legal y de las entidades financieras que colaboren en la comisión de estos delitos fiscales.
La economía sumergida en España,
un 65 por ciento mayor que la media europea
Gestha recuerda que cada año se evaden en España unos 31 800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, al ser la economía opaca en España un 65 por ciento mayor que la media europea, ocupando el puesto diez en el ranking de economía sumergida de los países de la UE y el seis de los de la zona euro.
En este contexto, Gestha pide ambición a la AEAT para adoptar las medidas organizativas y operativas que los técnicos de Hacienda reclaman desde hace décadas, entre ellas poder investigar los fraudes de mayor cuantía mediante un cuerpo superior técnico, aumentar la plantilla entre quince mil y 17 500 efectivos y encargar a expertos independientes estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España, desglosados por territorios, sectores económicos e impuestos, con el fin de afinar las estrategias de lucha contra el fraude de todas las Administraciones Públicas y de aumentar la recaudación voluntaria que se evade, incluso ahora durante esta crisis económica y social.
Finalmente, los técnicos de Hacienda indican que un 95 por ciento de los ciudadanos piensan que en España existe bastante o mucho fraude fiscal, por lo que instan a incluir en los planes de estudio y formación los principales aspectos de la temática tributaria y presupuestaria para concienciar que estas infracciones y delitos atentan contra los derechos económicos de la sociedad e impiden la vertebración social que se logra a través del gasto público en los servicios sociales fundamentales que constituyen el Estado del Bienestar.
- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) forman el colectivo más representativo dentro del Ministerio y la Agencia Tributaria. En la actualidad, los Técnicos hacen estudios macroeconómicos con el objetivo de conocer la realidad fiscal de España y conseguir una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de economía sumergida, que alcanza el 24,6 por ciento del PIB.