Tras varios días de arduas negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos, por fin asistíamos «in extremis» a la fumata blanca del día 27 de mayo con la firma de la prórroga de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), que tendrán una vigencia hasta el próximo 30 de septiembre, amparando a cerca de seiscientos mil trabajadores. Es la quinta prórroga de este sistema de protección desde el comienzo de la pandemia, cuando dichos ERTE llegaron a proteger a unos tres millones y medio de trabajadores.
Tras el acuerdo alcanzado entre los diferentes intervinientes en la difícil negociación, como han sido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, además de los buenos oficios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a buen seguro también habrá metido cuchara para que la negociación llegue a buen puerto, es fácil deducir que todas las partes implicadas han debido ceder algo, porque en toda negociación se acaba dejando pelos en la gatera, que decíamos antaño en la profesión periodística. Lo dice alguien que profesionalmente estuvo ejerciendo el periodismo en los últimos cuarenta años en el ámbito sindical, económico y laboral, y que por lo tanto conoció el tema por dentro…
Llegados a este punto, puede ser también el momento adecuado para analizar el papel que les va a tocar jugar a los sindicatos en la Europa del Siglo veintiuno en la que estamos inmersos y en la que no lo van a tener nada fácil, si nos atenemos al estudio publicado por la Fundación Primero de Mayo: Un futuro sombrío: estudio de la afiliación sindical en Europa desde 2000, cuyo autor es Kurt Vandaele, quien dice, entre otras cosas, que en nuestro continente se percibe «una tendencia casi permanente e inequívoca hacia la desindicalización», en un momento en que resulta más necesario que nunca defender los derechos de los trabajadores ante los nuevos escenarios que han surgido en los últimos años, como son las nuevas plataformas laborales, los llamados trabajadores autónomos que nunca debieron ser considerados como tales, a tenor de los tribunales, y otros.
Por lo que a nuestro país respecta, los sindicatos se enfrentan a los problemas generales de Europa, más a los de cosecha propia, emanados de la reforma laboral del año 2012 con el gobierno del Partido Popular del entonces presidente Mariano Rajoy, con la que se perdieron derechos laborales. Dicha reforma establecía que los convenios de empresa debían estar por encima de los sectoriales, que eran de ámbito superior. Lógicamente, los convenios de empresa tenían peores condiciones para los trabajadores que los de sector, con el agravante, entre otras cosas, de que es muy difícil que un trabajador, a título personal, se atreva a enfrentarse a su empresario de turno exigiendo mejoras, al ser consciente de que puede acabar siendo despedido de una u otra forma, que haberlas haylas en el ámbito laboral.
Sobre los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, pivota la mayor parte de la responsabilidad del sindicalismo en nuestro país, y analizada la situación se constata que tienen ante sí un panorama al que hacer frente nada halagüeño. Entre otras razones, porque en España no existe la cultura o tendencia que conduzca hacia la afiliación sindical en un momento en que están en juego algunos derechos fundamentales de los trabajadores.
Durante los cuarenta años del Régimen dictatorial franquista solo existió el llamado Sindicato Vertical, al que los llamados «productores», es decir, los trabajadores todos, manteníamos con nuestra cuota obligatoria, y una vez llegada la democracia se legalizaron las distintas organizaciones sindicales, pero con escasa implantación, al no existir la citada cultura sindical.
Y si no hay sindicación difícilmente puede haber organizaciones sindicales fuertes que llegado el momento sean capaces de defender las reivindicaciones justas y lógicas de los trabajadores, al tiempo que de hacer frente a los posibles problemas que se presenten. Eso es algo que deberían tener en cuenta en España muchos trabajadores que a la hora de la verdad se encuentran con un convenio ya sea sectorial o de empresa firmado por cualquier sindicato, pero del que en realidad se van a beneficiar todos los trabajadores afectados, afiliados y no afiliados, si bien a la hora de la verdad el trabajo, la defensa de sus derechos, ha recaído sobre unas organizaciones sindicales determinadas.
