Desde que se jubiló en el mes de diciembre pasado el último director del conocido como CAID (Centro de Atención Integral a Drogodependientes) las cosas han ido de mal en peor para los alrededor de cuatrocientos usuarios del centro, drogodependientes que reciben desde hace unos veinte años la atención que necesitan para dar respuesta a sus problemas, desde la prevención y asistencia a la rehabilitación y reinserción de toxicómanos.
El CAID está gestionado por un convenio entre Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Su coste, de cerca de 600.000 euros lo sufraga el gobierno regional pero los trabajadores y sanitarios que atienden a los usuarios dependen del Ayuntamiento de Leganes. Esta circunstancia es la que hace que el numero de personas que atienden a los usuarios haya ido disminuyendo desde hace años, porque el Ayuntamiento no repone las jubilaciones que se producen y, al mismo tiempo, muchos trabajadores han ido pidiendo y consiguiendo por varios motivos el traslado a otras dependencias del Ayuntamiento.
En concreto, y según nos cuenta Rosa, una de la usuarias que ejerce de portavoz de sus compañeros, de las diecinueve personas que deberían prestar sus servicios en el centro actualmente solo lo hacen siete: No hay ningún médico de los dos previstos, ya que el último que hubo era también el director y se jubiló en diciembre. Solo está uno de los cuatro psicólogos que deberían atender a los usuarios. Solo hay un farmacéutico de los dos que deberían estar. También solo un enfermero cuando debería haber dos. No hay ningún auxiliar de enfermería aunque en la plantilla figuran dos. Sí continúan los dos trabajadores sociales asignados y un vigilante de seguridad. No existe el conserje asignado ni el orientador laboral.
Los cuatrocientos usuarios llevan, sigue contándonos Rosa, mas de 150 días sin que se les practiquen pruebas analíticas. El centro solo atiende en persona lunes, miércoles y jueves y de ocho a tres todos los días por teléfono.
Esta situación ademas de llevar a situaciones desesperadas a los usuarios en su lucha por dejar la droga tiene consecuencias más concretas y dolorosas para muchos de ellos. Es el caso de varios que se encuentran en libertad condicional por varios delitos y que dependen de que lleguen a los juzgados los informes que desde hace más de tres meses nadie emite para certificar que siguen su tratamiento. Hay varias parejas que dependen de esos informes para que no les retiren a sus hijos pequeños y, en su caso, tampoco existen esos informes que deben llegar cada quince días. Y el tiempo avanza. Los drogodependientes que acuden el centro llevan más de tres meses sin medico y con un solo psicólogo que no puede dar abasto con los cuatrocientos pacientes.
Es peor el caso de los casi setenta afectados por la droga que esperan su ingreso en la lista de asistidos en el centro. Para ser admitidos es preciso un informe firmado por un medico, una trabajadora social y un psicólogo que no se puede hacer ante la falta de personal. En el caso de la atención psicológica, más de dos tercios de los usuarios llevan sin poder ver al psicólogo desde hace más de doscientos días. Encima de la puerta del centro, como un símbolo más de abandono, luce todavía el cartel con el antiguo nombre: Centro Municipal de Atención y Prevención de las Drogodependencias. Algo que probablemente nunca vuelva a ser.
La situación a la que se está llegando ya levantó en diciembre la alarma del Grupo Municipal de Unidas Podemos Izquierda Unida. El doce de ese mes sus tres concejales presentaron una moción al pleno pidiendo que se cumpliera en su totalidad el convenio con la Comunidad de Madrid sobre el CAID. Un mes más tarde, en enero, los usuarios se movilizaron por segunda vez. Antes de que acabara enero, el alcalde, Santiago Llorente, ya manifestó que era la Comunidad de Madrid la que debería hacerse cargo del centro.
Poco después, la epidemia de COVID-19 lo paró todo menos los problemas de los usuarios del CAID que vieron crecer su angustia y su desatención, agravados por el confinamiento
El problema ha vuelto a surgir ahora cuando se ve el final de la pandemia. Esta misma semana, las Asociaciones de Vecinos de Leganés y otras veinte entidades civiles han hecho publico un manifiesto exigiendo la contratación de todo el personal que falta en el centro ,que se le dote económicamente para sus necesidades y se haga un estudio del efecto que ha podido tener el largo confinamiento sobre los usuarios.
Para el próximo pleno del Ayuntamiento, Unión por Leganes, grupo político independiente con cuatro concejales, también presenta una moción en la que reclama que con carácter de extrema urgencia que se reanude el servicio del CAID con todas las garantías de que se dan las condiciones necesarias para su funcionamiento. En la misma moción se critica con dureza la postura del alcalde Santiago Llorente, quien por un lado esta exigiendo al gobierno regional la nacionalización de las residencias mientras tiene abandonado un servicio tan importante como el CAID siendo este un servicio pagado por la Comunidad Autónoma.
Pero no parece que se vaya a resolver pronto la situación. En el caso de que el equipo de gobierno decida volver a poner en marcha el centro, haría falta, según los cálculos de un portavoz de Comisiones Obreras, un periodo de varios meses para convocar y adjudicar las plazas de especialistas de las que ahora mismo carece el Centro de Atención Integral a la Drogodependencia.
Más de cuatrocientas personas esperan que el tiempo de la burocracia y las decisiones políticas se acorten, si es que es posible.
[…] la Comunidad de Madrid sin dar a los ciudadanos de Leganés una alternativa, como es el caso del Centro de Atención a Drogodependientes que está en una situación muy cercana a la de la Escuela de Música […]