Néstor Ortiz
Hoy partimos de lo particular para llegar a lo general, a fin de ofrecer un bosquejo global de la situación de las migrantes sin papeles. Porque la protesta del martes diecisiete en el CIE de Carabanchel, en Madrid, es una llamada de atención ante la situación de miedo y riesgo que viven los internos en plena pandemia del coronavirus. Pero también es un aviso sobre una situación estructural que afecta a los más de quinientos mil migrantes en situación irregular que viven y trabajan en nuestro territorio.
CIE de Aluche
«Hoy estamos aquí para demostrar que no somos animales, sino que somos personas», gritaba desde el tejado uno de los internos. El martes, un grupo de ellos se subió con pancartas a dicho tejado, al grito de «libertad». También hacen públicas una serie de denuncias por escrito. Todas ellas están ligadas con su miedo a la posible infección por coronavirus. Denuncian una mala aplicación de las medidas de protección ante la pandemia. Piden igualdad (para poder llevar a cabo dicha cuarentena) y se declaran en huelga de hambre.
Tras momentos de tensión con la policía, la situación se resolvió gracias a una técnica del Defensor del Pueblo. Ella hizo de intermediaria entre la Policía Nacional y los internos, que hacia las once de la noche bajaron del tejado con ayuda de un camión de bomberos. Volvieron a sus celdas a cambio de que no hubiera represalias por parte de la policía. Por lo que sabemos, no han proseguido con la huelga de hambre.
Respuesta gubernamental
Al día siguiente, el comisario José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional, hablaba de la situación ante las preguntas de la prensa. “Hubo un pequeño motín en el CIE de Aluche. Unos veinte internos se subieron al tejado. Protestaban por la situación sanitaria y, sobre todo, querían que se les pusiera en libertad”.
González recuerda que, por ley, los internos pueden estar un máximo de sesenta días en los Centros de Internamiento. También dice que desde la Administración intentan que el internamiento no llegue a los sesenta días. «Entendemos que la deportación se intenta tramitar antes de la fecha límite, dado que si no no podría realizarse», asegura.
Según la propia web del Ministerio del Interior «los Centros de Internamiento de Extranjeros -CIE- son establecimientos no penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior destinados a la custodia preventiva o cautelar de los extranjeros para garantizar su expulsión o devolución en virtud de expediente administrativo». Sin la deportación, la privación de libertad en los CIE carece de sentido.
Fracaso del modelo
Pero, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) “durante 2015, de las personas internadas en estos centros solo fueron expulsadas de España un cuarenta y uno por ciento, lo que pone en evidencia el fracaso del modelo, ya que se trata de un instrumento del Estado para garantizar la expulsión de personas en situación irregular.”
“CEAR ha constatado que existe una clara vulneración del Reglamento de los CIE y su régimen interior, que viene dada por un incumplimiento sistemático de los derechos y garantías previstos.” “Hemos sacado un montón de noticias con tratos vejatorios, situaciones muy injustas teniendo en cuenta que la falta es sola y exclusivamente administrativa”, ratifica María Paramés, portavoz de la plataforma que difundió y apoyó la protesta, CIEs No Madrid.
“Las características del encierro en CIEs no solamente te privan de movilizarte, sino de no tener acceso al teléfono salvo cuando te lo permitan», prosigue Paramés. «Son centros que están custodiados por la policía y que, al final, tienen unas medidas bastante agresivas en cuanto al trato con las personas.”
Libertad ante deportaciones imposibles
En cuanto a la situación específica del martes en Aluche, González aseguró que están estudiando “caso por caso y, desde luego, todo aquel que se tenga que poner en libertad, lo haremos”. Desde el miércoles, los migrantes, cuya deportación antes del veintinueve de marzo sea inefectiva, serán puestos en libertad progresivamente .
La medida se adoptará en todo el país, priorizando a quienes cuentan con alternativa habitacional y buscando ayuda a quienes no la poseen. Esto pretende evitar situaciones de desprotección, como las denunciadas por la plataforma Convivir Sin Racismo durante el primer fin de semana del Estado de Alarma.
Sin Covid-19 en el CIE de Aluche
Una de las principales preocupaciones de los ciento cuarenta y nueve internos del CIE es la pandemia de coronavirus. El comisario González concluye ante la prensa que “en el centro no hay ningún caso de coronavirus”.
¿Porqué se entra en un CIE?
“Lo que tenemos que tener claro es que esta gente no ha cometido ningún delito. Simplemente está encerrada por una falta administrativa, habitualmente por no tener papeles” explica Paramés, de CIEs No Madrid.
Alex Plans, portavoz del partido Por un Mundo Más Justo, señala que «muchas organizaciones sociales venimos denunciando que no se puede mantener a unas personas encarceladas por una falta administrativa, como es estar indocumentados».
Coincidiendo con estas voces, CEAR “rechaza el internamiento de personas migrantes por el mero hecho de cometer una infracción administrativa, comparable a una sanción de tráfico.” Ellos también piden el cierre total de los CIE.
¿Quién entra en un CIE?
«Mucha gente que viene en patera es metida directamente en un CIE, pero también hay mucha gente que lleva muchos años viviendo en España y que por diferentes situaciones se ha visto en una situación de irregularidad sobrevenida y, por lo tanto, ha sido detenida, y a lo mejor lleva diez años trabajando en España”, explica Paramés.
“Actualmente existe una utilización desproporcionada y un abuso del internamiento de personas migrantes en los CIE”, denuncia CEAR. “Aunque la ley establece que el internamiento en un CIE debe ser una medida excepcional una vez agotadas las medidas alternativas, este carácter excepcional no se está aplicando.”
El problema de no tener papeles
Para Plans, la situación va claramente más allá de los CIEs. Estos «no tienen sentido si hacemos una inversión a largo plazo para la integración de las personas».
«Hay gente que dice, sobre todo de los chavales marroquíes, que están ahí sentados sin hacer nada ¡Pero es que no tienen la posibilidad de hacer algo! No es porque no quieran, ellos vienen a trabajar». «También se quejan de quienes se dedican al trapicheo, pero no tienen mucha más opción que subsistir de la compraventa de bienes que les generan rentabilidad».
«En lugar de proteger a los más vulnerables se vulnerabiliza a quienes de por sí están en peor situación, porque vienen a trabajar, pero la política de la Administración les lleva a tener una forma de vida clandestina», denuncia Plans. «No puede pedirse integración si, por su situación legal, están necesariamente unidos a oficios ligados a la compraventa de bienes y a la esclavitud moderna».
¿Hay soluciones?
En el Estado español viven entre quinientas mil y ochocientas mil personas indocumentadas. «El cálculo de estos datos es complicado y depende de muchos factores, por eso hay tanta diferencia de números».
Para Plans y su partido «lo que tendría sentido es una regularización masiva», es decir, documentar a todas estas personas. «Ya se hizo una con Aznar, y otra con Zapatero, ahora es necesaria otra».
«Lo más eficiente [para el Estado] sería regularizar a esta gente, que pudiera dejar de huir de las fuerzas de orden y que pudiesen integrarse.» Para Plans está sería «una política de integración, que a la vez permita llenar las arcas públicas con su cotización, y mejorar servicios».
No hacer nada no es una opción
Como contraargumento a la regularización se suele decir que «el mercado laboral está saturado». «Que se quiten el miedo a que les puedan quitar el trabajo. Tienes más de medio millón de personas en España. Si las regularizas, te van a exigir un contrato. Entonces no se devaluarán los salarios, sino que subirán, porque ellos trabajarán exigiendo un contrato legal.»
«Esas personas ya están aquí trabajando», nos dice Plans. Regularizarlas permite su integración. Seguir cerrando los ojos ante esta situación «puede llevarnos a los disturbios de París». En 2005, Francia vivió diecinueve jornadas consecutivas de fuertes disturbios raciales. Los destrozos fueron abundantes. El motivo fue precisamente la falta de integración y reconocimiento de un numeroso sector de la sociedad que era migrante o descendiente de migrantes, pero que vivía una difícil situación legal y económica.
No mirar a los problemas no los resuelve; encerrarlos en el armario tampoco.
