SATSE, CCOO, CSIT Unión Profesional y UGT han roto el acuerdo que «por responsabilidad», firmaron con la Comunidad de Madrid para reabrir los puntos de Urgencias de Atención Primaria, informan las organizaciones sindicales en un comunicado.
Argumentan que el ‘caos’ en el servicio y la falta de soluciones a todos los problemas planteados, les empuja a desvincularse del acuerdo «ante el maltrato y la humillación que están sufriendo los profesionales de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria por parte de la Consejería de Sanidad y de la Comunidad de Madrid a través de sus acusaciones públicas».
Según las organizaciones sindicales, el plan ideado por el Gobierno regional y su gestión no sólo pone en jaque a la ética y la responsabilidad de los y las profesionales, sino que también pone en riesgo la salud de la población.
Explican que firmaron un acuerdo, que evitaba una huelga, por responsabilidad con la ciudadanía y para garantizar su seguridad sanitaria y esencialmente para proteger los derechos de los trabajadores que se veían seriamente lesionados con el plan inicial propuesto por la Consejería, pero no van a ser «cómplices de esta tropelía».
Añaden que el fracaso de este modelo es fruto de la inoperancia de la Administración y del incumplimiento de todos los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales, que «desde la lealtad a los profesionales estábamos dispuestos a negociar hasta las últimas consecuencias para frenar el atropello que se pretendía perpetrar».
Y concluyen que se mostraron flexibles por la responsabilidad que suponía volver a prestar un servicio público esencial a la ciudadanía: «unas urgencias sanitarias muy necesarias que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se había negado a reabrir durante casi tres años, y que antes de cerrarlas prestaban casi ochocientas mil atenciones al año».
CCOO apunta a la irresponsabilidad de Díaz ayuso
CCOO de Madrid ha hecho público un comunicado sobre la ruptura del acuerdo para la reapertura de las Urgencias de Atención Primaria el que denuncia la «irresponsabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid que, en una semana, «ha dilapidado la confianza que le otorgaron las principales organizaciones sindicales de la sanidad pública en la región»
Hace una semana, explica, “nos congratulamos de la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) después de casi tres años cerrados y sin atender las necesidades asistenciales de casi un millón de madrileños y madrileñas que hicieron uso de este servicio durante el último año de su apertura (2019). Servicios de urgencias que entre otros beneficios, evitaban el colapso de las urgencias hospitalarias, ya de por sí saturadas por la falta de personal».
Sin embargo, afirman, la reapertura precipitada sin la implementación de los recursos indispensables, tal y como se había comprometido, «nos ha obligado desvincularnos del acuerdo porque no queremos ser cómplices de la incapacidad de la Consejería de Sanidad».
Agrega que los sucesivos incumplimientos de los acuerdos alcanzados con CCOO y el resto de las organizaciones sindicales que otorgaron su voto de confianza al Gobierno regional para garantizar un servicio indispensable para la ciudadanía madrileña, las urgencias de Atención Primaria, unida a la la falta de respeto por los profesionales a los que han modificado sus condiciones de trabajo y a los que sistemáticamente intentan desprestigiar, y el desprecio hacia la población a la que condenan a buscar en la sanidad privada lo que ya no les garantiza la sanidad pública, «nos vuelve a colocar enfrente de un gobierno que no garantiza los servicios públicos fundamentales a la población madrileña».
Reitera que los déficits estructurales que sufre la sanidad pública madrileña siguen sin resolverse, los 9.789,6 millones de euros para sanidad recogidos en el Proyecto de Presupuestos Generales para 2023 siguen siendo absolutamente insuficientes, teniendo en cuenta que el gasto consolidado (ejecutado) ascendió, en 2020, a 10.177 millones.
Siguen reivindicando que el presupuesto sanitario se incremente hasta alcanzar, al menos, el siete por ciento del PIB regional, lo que supondría alcanzar en los próximos años los 15.000 millones de euros.
Y reclaman que se resuelvan los planes sucesivamente anunciados, pero nunca ejecutados, de reforma integral de Atención Primaria, cuyo presupuesto para este año es inferior en quince millones de euros al de 2021, de reducción de listas de espera (932.671 personas en septiembre), de apertura y reforma de infraestructuras sanitarias, de incremento de plantillas y de recuperación de derechos arrebatados a los profesionales de la sanidad pública.
Concluyen que solo les queda reiterar el rechazo a la «falta de escrúpulos del Gobierno de la Comunidad de Madrid cuyo manejo exclusivamente ideológico y partidista está destruyendo y llevando el caos a la sanidad pública».
Y llaman a respaldar la movilización convocada para el próximo día 13 de noviembre 2022 en defensa de la sanidad pública.
