Los principales indicadores de la violencia de género han experimentado en la Comunidad de Madrid, en el primer trimestre de 2023, un nuevo incremento respecto del mismo trimestre de 2022. El número de mujeres víctimas de la violencia machista entre enero y marzo de 2023 fue de 6593, un 2,4 por ciento más que hace un año; mientras que el número de denuncias ascendió hasta las 6812, un 4,3 por ciento más que en el mismo trimestre del anterior ejercicio.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos hoy los datos trimestrales, que muestran también un aumento interanual en el porcentaje de las sentencias condenatorias; que pasan de 75,4 por ciento al 78,9 por ciento; es decir que han experimentado una evolución positiva del 4,6 por ciento, en términos generales. Además, las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia también han crecido, en este caso en un 15,07 por ciento.
El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2023, se adoptaron en los órganos judiciales madrileños 101 medidas de este tipo, todas ellas con orden de protección aparejada, lo que confirma la tendencia al alza. En el mismo trimestre del año 2022 se adoptaron 91 medidas de esta naturaleza, mientras que en ese periodo, en 2021, se registraron 45.
Durante el primer trimestre de 2023, los juzgados de la región recibieron un total de 6812 denuncias, un 4,3 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 6534. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 6594, un 2,4 por ciento más que hace un año, cuando se contabilizaron 6438. De ellas, 3764 son víctimas españolas, mientras que las 2830 restantes pertenecen a otras nacionalidades.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada diez mil mujeres fue de 18,4 en toda España, 1,7 puntos más alta que en el primer trimestre de 2022. La comunidad Madrid, con 18,5, se situó muy cerca de la tasa estatal y registró un crecimiento de 0,2 puntos, dado que en el mismo trimestre del ejercicio anterior la tasa se detuvo en el 18,3.
Por encima de la media nacional se situaron Murcia, con una ratio de 26,4; Baleares, con 26; Comunidad Valenciana, con 25,6; Canarias, con 22,8; Navarra, con 21,1; Andalucía, con 21 y Cantabria, con 19,2. Las tasas por debajo de la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12,4; País Vasco, con 13,1; Castilla y León, con 13,3; Cataluña, con 13,8; La Rioja, con 14,2; Castilla-La Mancha, con 14,3; Asturias, con 11; Aragón, con 16,4 y Extremadura, con 17,4.
El 10,6 por ciento de las víctimas renunció a declarar contra su agresor
El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó en Madrid casi un punto porcentual con respecto al año anterior. En el trimestre analizado, renunciaron a declarar contra su agresor 699 mujeres víctimas, el 10,60 por ciento del total, en 2022 representaron el 9,72 por ciento. De ellas, 350 eran españolas y 349 tenían otras nacionalidades.
Aumentan las órdenes de protección
Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales de la Comunidad un total de 1592 órdenes de protección, un 15,07 por ciento más que hace un año. De ellas, 1444 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 148 por los juzgados en funciones de guardia.
Respecto a su adopción, los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 706, el 49,2 por ciento de las solicitudes que recibieron; mientras que los juzgados de guardia acordaron 103, el 69,6 por ciento de las solicitudes registradas.
Medidas judiciales penales y civiles de protección
Los órganos judiciales madrileños acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1454 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores); 1340 de ellas con orden de protección. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento, 600 (546 con orden de protección), y la prohibición de comunicación, 586 (532 con orden de protección).
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 443 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (110), que representaron prácticamente el 25 por ciento del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (136), en torno al 28 por ciento del total.
Durante el primer trimestre de este año, también se acordaron 101 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 23,32 por ciento del total de las medidas civiles adoptadas, aumentaron un 9,9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que establece la suspensión del régimen de visitas «cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido» con la violencia de género- llevaba ya en vigor más de medio año.
También aumentó la medida civil consistente en la suspensión de la guardia y custodia: las 52 medidas de este tipo representan el 11,8 por ciento del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también diez medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en dos casos suspendieron la patria potestad.
Ocho de cada diez sentencias fueron condenatorias
El porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales madrileños (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos relativos a violencia de género aumentó en el primer trimestre de 2023 en 3,5 puntos porcentuales y se situó en el 78,9 por ciento del total (75,4por ciento, en 2022).
Ángeles Carmona valora el porcentaje de mujeres que denuncian a sus agresores
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, observa cómo los datos del primer trimestre del año muestran una vez más un incremento, muy similar en términos porcentuales al registrado en el cierre del pasado año, tanto en el número de mujeres víctimas como en el de denuncias presentadas.
Ángeles Carmona señala la importancia de que el porcentaje de mujeres que denuncian a sus agresores ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o ante la Justicia se mantenga de forma sostenida en torno al setenta por ciento y plantea que uno de los retos a los que se enfrenta la lucha contra la violencia machista es el de seguir mereciendo la confianza de todas esas mujeres, unido al de ganarse la confianza del resto de víctimas.
«Debemos ser capaces de conseguir que todas ellas sientan que dando ese difícil paso que es denunciar a su pareja o ex pareja, están abriendo la puerta a un futuro mejor para ellas y para sus hijas e hijos. Cuando cruzan la puerta del juzgado o de la comisaría, deben sentirse seguras», afirma la presidenta del Observatorio.
El aumento del número de víctimas y de denuncias tiene, como ocurrió a finales de 2022, una doble lectura: de un lado es un dato positivo porque muestra que las víctimas no se callan, denuncian, pero, por otro, significa que la violencia de género en España sigue haciendo mucho daño a muchas mujeres. Por esta razón, la presidenta del Observatorio insiste en la enorme importancia de la denuncia, que es también la única forma de no dejar impune la comisión de estos delitos.
La presidenta del Observatorio considera muy relevante el aumento de las órdenes de protección concedidas (6,6 por ciento más), que es muy parejo al incremento de las solicitudes recibidas en los órganos judiciales (un 7 por ciento). Los jueces y juezas adoptaron la medida de alejamiento en siete de cada diez solicitudes, lo que muestra sin duda no sólo la preparación de lis integrantes de la Carrera Judicial en esta materia, sino también su sensibilidad en relación con la situación que viven las mujeres víctimas.
La misma valoración merece el aumento que, dos años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, sigue experimentando la medida civil consistente en la suspensión del régimen de visitas. Lógicamente, no alcanza los porcentajes de los primeros trimestres que siguieron a la entrada en vigor de la ley, afirma Carmona, pero está próximo al veinte por ciento (18,72 por ciento), dato que nos vuelve a mostrar la gran profesionalidad de nuestros jueces y juezas.
