Doce organizaciones de sociedad civil, que representan a más de 570 entidades españolas, han constituido la Plataforma por las Empresas Responsables, para exigir al gobierno una ley que obligue a las empresas españolas a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor.
La iniciativa surge porque debido a la ausencia de normativa vinculante y a la ineficacia de las iniciativas voluntarias, algunas empresas eluden su responsabilidad, y persigue el objetivo de igualar España a países como Francia, Alemania y Noruega, que ya han adoptado legislación sobre debida diligencia empresarial y otros países tienen procesos legislativos en marcha.
En la presentación de la Plataforma, el 24 de junio 2021, las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables concretaron que la ley debería contener cinco elementos clave:
- Obligación de las empresas de desarrollar e implementar planes de debida diligencia y sancionar el incumplimiento de esta obligación.
- Un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación.
- Prever aquellos casos en los que sí se ha producido vulneración de los derechos y asegure el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.
- Designar una autoridad pública independiente, que rinda cuentas y esté dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal.
- Obligación de publicar un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado.
«Es necesario garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación efectiva por los abusos de derechos humanos y medioambientales sufridos. Las víctimas se enfrentan a barreras que hoy hacen esto casi imposible por los plazos de prescripción, los costes procesales, o los tribunales y la legislación a aplicar. Es urgente adoptar medidas para poner fin a la impunidad de las empresas cuando cometen violaciones de derechos humanos”» indica Marta Mendiola de Amnistía Internacional.
Según Sara García de USO, «un sistema disuasorio de sanciones puede evitar que se llegue a producir el daño. Algunas sanciones que se pueden establecer son, por ejemplo, la imposibilidad de contratar con la Administración pública, de acceder a recursos de cooperación financiera o de internacionalización de la empresa, o sanciones de tipo económico».
Para Miguel Ángel Soto de Greenpeace, «La falta de transparencia y la complejidad en la cadena de valor de las empresas facilita a las empresas no responder de manera efectiva por los impactos sociales y ambientales causados por proveedores y subcontratadas».
Una economía sostenible y responsable
La regulación de la debida diligencia sobre empresas y derechos humanos y medioambientales ha entrado de lleno en las agendas públicas de muchos países europeos. No solo la UE está trabajando en una directiva de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales, cuyo primer borrador se presentará después de verano. Tres países europeos han aprobado legislación en la materia: Francia, Alemania y Noruega; y otros tienen procesos abiertos, como Holanda, Austria, Bélgica y Luxemburgo.
«España no puede estar a la expectativa de lo que dicte la UE. Los países con legislación nacional en vigor o en proceso de adopción, están mejor situados para influir en los debates sobre las normas de la UE o del Tratado Internacional de Naciones Unidas y además demuestran que se toman en serio la promoción de una economía más responsable y sostenible», indica Isabel Tamarit del Observatorio de RSC.
Las empresas multinacionales operan en contextos donde la vulneración de los derechos de los trabajadores es frecuente. 2020 ha sido el peor año para los derechos laborales y la libertad sindical en todo el mundo. En el 85 por ciento de los países se ha vulnerado el derecho a la huelga y en un 72 por ciento los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido. También en 2020, fueron asesinados 331 defensores de derechos humanos, el 70 por ciento de ellos relacionados con la defensa del agua, la tierra o la defensa de los pueblos indígenas, frente a un conflicto con empresas involucradas.
La ausencia de normativa vinculante que defina las obligaciones de las empresas y que aseguren el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y medioambientales, ha llevado a una situación en la que existen importantes lagunas de responsabilidad. Las empresas se han beneficiado de la posibilidad de operar en países donde no existen o no están debidamente garantizadas las leyes que protegen los derechos humanos y el medioambiente.
Las empresas españolas no son una excepción. Tal como señalan las organizaciones socias de la Plataforma, existen casos documentados de vulneración de derechos debido a la mala práctica de alguna de nuestras empresas. Esta vulneración de derechos humanos y medioambientales pone de manifiesto la necesidad de una regulación de la debida diligencia.
Tampoco las iniciativas voluntarias como medio para evitar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales están siendo suficientes. Según Almudena Moreno de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, «las iniciativas voluntarias de responsabilidad social son insuficientes por sí solas para evitar las vulneraciones de derechos humanos y medioambientales, quizás mejoran la conducta empresarial, pero las limitaciones son claras porque las empresas no están obligadas legalmente a prevenir daños y enfrentan pocas o ninguna consecuencia cuando estos se producen».
Unido a esto, la defensa de los derechos humanos está a la cola de las políticas corporativas en España. Sólo trece empresas del IBEX 35 hicieron en 2019 una identificación de riesgos y de impactos en los derechos humanos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia.
La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (6 organizaciones), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC (doce organizaciones) y USO.