El Ministerio de Sanidad ha abierto, este 11 de julio 2025, una consulta pública previa del proyecto de Real Decreto que regulará el reconocimiento y el control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.
Con esta iniciativa se aspira a cerrar definitivamente cualquier traba que obstaculice el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en particular, a suprimir las trabas administrativas que todavía excluyen a colectivos vulnerables y a parte de la población extranjera.
La propuesta figura ya entre las consultas abiertas del portal de participación normativa del Ministerio. Las aportaciones podrán enviarse entre el 12 y el 28 de julio de 2025 al buzón [email protected].
El documento preliminar persigue «homogeneizar los criterios de reconocimiento del derecho a la atención sanitaria en todo el territorio», reduciendo así los márgenes de discrecionalidad autonómica que hoy generan desigualdades.
De la declaración legal a la práctica efectiva
El borrador desarrolla el Real Decreto-ley 7/2018, norma que reinstauró la cobertura sanitaria universal tras la crisis económica pero que dejaba pendiente una regulación detallada. Ocho años después, Sanidad se propone aprobar ese reglamento para verificar los requisitos y garantizar que el derecho se ejerce de forma «equitativa y sin discriminación».
Durante este tiempo, la ausencia de criterios comunes ha provocado disparidades entre comunidades autónomas y ha mantenido barreras que dificultan el acceso efectivo, especialmente de las personas inmigrantes.
Barreras que persisten y colectivos afectados
Entre las trabas identificadas figuran la exigencia de empadronamiento de larga duración, la falta de procedimientos claros para quienes carecen de permiso de residencia o la necesidad de demostrar rentas inexistentes.
Estas exigencias han dejado fuera de la atención ordinaria a trabajadoras del hogar sin contrato, personas sin hogar, solicitantes de asilo o menores en situación administrativa irregular.
El Ministerio reconoce que la eliminación de estas barreras es imprescindible para «garantizar de forma efectiva el acceso equitativo y sin discriminación al Sistema Nacional de Salud».
Participación de la sociedad civil
La consulta se enmarca en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 26 de la Ley 50/1997 del Gobierno, que obligan a recabar la opinión de la ciudadanía antes de tramitar cualquier proyecto normativo.
Sanidad invita a profesionales sanitarios, organizaciones sociales, sindicatos, oenegés de derechos humanos y medioambientales, asociaciones de pacientes, universidades y partidos políticos a enviar propuestas que mejoren el texto.
Lo que está en juego
La futura norma pretende:
- Uniformidad jurídica. Evitar que la protección de la salud dependa del lugar de residencia.
- Seguridad administrativa. Dar claridad a los servicios de inscripción y facturación de los centros sanitarios.
- Protección de colectivos vulnerables. Simplificar los trámites para migrantes, personas sin hogar y otros grupos sometidos a exclusión.
- Sostenibilidad financiera. Asegurar que la asistencia se carga a fondos públicos solo cuando no exista un tercero obligado al pago, conforme estableció el Real Decreto-ley 7/2018.
Próximos pasos
Concluida la fase de consulta y una vez analizadas las observaciones, el Ministerio someterá el texto a informe de las comunidades autónomas y del Consejo Interterritorial del SNS.
El calendario gubernamental apunta aprobar el Real Decreto durante el último trimestre de 2025, de modo que el nuevo sistema pueda entrar en vigor a comienzos de 2026.
Llamamiento a la participación
Sanidad subraya que esta es la oportunidad de «dar el primer paso hacia un marco normativo claro, homogéneo y garantista».
Para ello, anima a enviar propuestas concretas —desde la simplificación documental hasta la interoperabilidad de bases de datos— que faciliten el derecho de todos y cada uno de los residentes en España a la atención sanitaria pública.
Claves para contribuir
- Plazo: 12–28 julio 2025.
- Correo electrónico: [email protected].
- Formato sugerido: identificación de la entidad o persona, exposición breve del problema detectado y redacción propuesta de mejora.
- Documentación de apoyo: pueden adjuntarse informes, estadísticas o casos prácticos que ilustren la barrera denunciada.
Perspectiva de fondo
Más allá de la técnica legislativa, lo que se dirime es la coherencia de un modelo sanitario que la Constitución califica de «universal» y «gratuito en el momento del uso».
La pandemia de COVID-19 recordó que la salud pública no entiende de fronteras administrativas ni de estatus migratorio; cualquier fisura en la cobertura se traduce en riesgos colectivos. El nuevo Real Decreto aspira a convertir en realidad cotidiana dicho principio, reforzando la solidaridad interterritorial y la cohesión social.
Con esta consulta, el Gobierno parece decidido a completar la arquitectura jurídica que haga posible un SNS verdaderamente inclusivo.
La sociedad civil tiene ahora tres semanas para avanzar, con propuestas concretas, hacia una sanidad accesible para todas las personas que viven en España.
