Los rohingyás que permanecen en el estado de Rakhine (Birmania) continúan sufriendo discriminación y segregación, en particular en forma de restricciones de movimiento que limitan su acceso a la atención médica, al tiempo que la población desplazada de ese territorio por la violencia del ejército permanece hacinada en los campamentos de Bangladesh, informa Médicos Sin Fronteras (MSF).
La epidemia de COVID-19 agrava la vulnerabilidad y añade incertidumbre y riesgos cuando se cumple el tercer aniversario de la huida de rohinyás de Myanmar: «Vivir en los campos es difícil; la zona es pequeña y no hay espacio para que jueguen los niños», explica Abu Siddik, quien reside en uno de los campos de refugiados situados en el distrito de Cox’s Bazar1, en el sureste de Bangladesh, donde alrededor de 860 mil rohingyas se encuentran hacinados en tan solo veintiséis kilómetros cuadrados de tierra.
«Dejé Myanmar porque mi casa fue incendiada. Mataban y torturaban a todo el mundo y acosaban a nuestras mujeres. No era seguro», dice Siddik en referencia a las «operaciones de limpieza» lanzadas por las fuerzas de seguridad de Myanmar que comenzaron en agosto de 2017 y condujeron a más de setecientas mil rohinyás a cruzar la frontera a Bangladesh desde el vecino estado de Rakhine en cuestión de semanas. Los recién llegados se unieron a otros doscientos mil refugiados que habían huido en oleadas de violencia anteriores.
Antes de escapar, muchos sufrieron o presenciaron una violencia terrible. Sus amigos y familiares murieron y sus casas fueron destruidas.
Poca esperanza para el futuro
Tres años después, hay pocas esperanzas de un cambio positivo para los rohinyás o de que regresen a casa de manera segura y digna en el corto plazo. La gente sigue viviendo hacinada en habitáculos endebles hechos de plástico y bambú. Sus vidas permanecen en suspenso.
Las necesidades de salud mental de los rohinyás han evolucionado a lo largo de los años. El desempleo, la ansiedad por el futuro, las malas condiciones de vida y el escaso o nulo acceso a servicios básicos, como la educación, se han sumado a los traumáticos recuerdos de la violencia sufrida en Myanmar.
Los equipos de Médicos Sin Fronteras reciben un número cada vez mayor de pacientes con problemas de salud mental en Cox’s Bazar. Algunos están recibiendo tratamiento psiquiátrico por problemas graves de salud mental, como el trastorno bipolar y la esquizofrenia.
«La mayoría de los pacientes que vemos, tanto niños como adultos, vienen con infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas e infecciones de la piel. Estas enfermedades están relacionadas, sobre todo, con las malas condiciones de vida», afirma Tarikul Islam, responsable del equipo médico de MSF en el megacampo de Kutupalong-Balukhali, el campo de refugiados más grande del mundo.
Ahora hay más orden en los campos que en los primeros días de la emergencia, con mejores accesos y más letrinas y puntos de agua potable. Pero la vida sigue siendo precaria. Cada año, cuando llega la estación monzónica, el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y de que la gente pierda las pocas posesiones que tiene, es muy real.
Los refugiados también afrontan problemas económicos. Por eso no sorprende que las personas se tomen su tiempo para buscar atención médica, lo cual empeora su situación.
«Algunos pacientes llegan tarde, cuando ya están gravemente enfermos. Cuando un paciente no llega a tiempo, cuando su condición se ha complicado y la enfermedad ya daña otros órganos, requiere mucha más atención y nos resulta muy complicado revertir la situación», explica la pediatra de MSF Ferdyoli Porcel.
En Myanmar, muchas comunidades rohinyás recibían una atención médica deficiente o estaban excluidos de la asistencia sanitaria. Esto ha tenido importantes consecuencias médicas y también ha hecho que los rohinyás se sientan menos cómodos a la hora de buscar atención médica en los campamentos.
Como explica Ferdyoli, «otro problema está relacionado con la atención prenatal y los partos en el hogar, cuando las mujeres presentan complicaciones en los partos en el hogar o sus bebés nacen con problemas. Un parto —continúa la pediatra peruana— en un hospital permite responder a estas complicaciones y nos da la oportunidad de ayudar al bebé a respirar si nace con problemas o ayudar a la madre si está perdiendo sangre».
Este año, la COVID-19 ha traído consigo desafíos extras. El primer caso de esta enfermedad en los campamentos fue confirmado el 15 de mayo 2020. El impacto inmediato fue una mayor erosión de la confianza en el sistema sanitario. QueLos rumores y la desinformación abundan, y el miedo mantiene alejadas de las clínicas a personas que necesitan atención médica esencial no relacionada con la COVID-19.
«Algunos pacientes no admitían abiertamente los síntomas relacionados con la COVID-19 porque pensaban que serían tratados de manera diferente», explica Tarikul Islam.
Panorama sombrío en la región
A medida que pasan los meses y los años, el 25 de agosto se convierte en recordatorio de las décadas de violencia, persecución, discriminación y negación de los derechos básicos sufridos por los rohinyás. MSF también es testigo de las consecuencias sobre estas vidas en el limbo entre las comunidades rohinyás con las que trabaja en lugares como Myanmar y Malasia.
Los rohinyás que permanecen en el estado de Rakhine continúan sufriendo discriminación y segregación, en particular en forma de restricciones de movimiento que limitan su acceso a la atención médica.
En Malasia, que alberga una de las poblaciones más grandes de rohinyás fuera de Myanmar, muchos de estos no buscan atención médica y tardan en hacerlo hasta que su condición se vuelve muy grave, por temor a ser denunciados a las autoridades migratorias y resultar detenidos. Las barreras para acceder al empleo se traducen en que la mayoría no puede costearse la atención médica.
En los últimos meses, los países del sureste asiático se han negado repetidamente a que barcos que transportaban cientos de refugiados que huían de los campos de Bangladesh desembarcaran en sus costas por temor a la COVID-19. Muchas personas han estado a la deriva durante semanas con poca comida y agua y, a menudo, siendo víctimas de abusos.
«La vulnerabilidad de los rohinyás se ha visto agravada por la pandemia COVID-19. Su falta de estatus legal y la ausencia de soluciones a largo plazo y más sostenibles, significan que su futuro es más incierto que nunca», subraya Alan Pereira, coordinador de MSF en Bangladesh.
«En un momento en el que muchos en todo el mundo ven sus movimientos restringidos, sus planes pospuestos y sus trabajos en peligro, es importante recordar que esta ha sido la vida de los rohinyás q durante generaciones», concluye.
- En Cox’s Bazar, MSF gestiona diez hospitales y centros de atención primaria. Las actividades cubren servicios hospitalarios y ambulatorios, cuidados intensivos y de urgencia, pediatría, obstetricia, salud sexual y reproductiva y tratamiento para supervivientes de violencia sexual y pacientes con enfermedades no transmisibles.
