La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha encontrado con muchas dificultades, por evidentes problemas de gestión, pero también debido a las barreras que introduce la propia normativa para acceder a la prestación, según la plataforma «RMI tu derecho», que indica que «sólo así se puede explicar que, en los siete primeros meses de aplicación de la ley, tres de cada cuatro expedientes resueltos fueran negativos».
Las barreras legales para acceder al IMV pueden afectar a casi seiscientos mil hogares en pobreza severa, estima la plataforma: «un agujero que las sucesivas revisiones legales han adelgazado en un cuarto de millón de casos, pero que todavía es demasiado grande para las intenciones del Gobierno y, sobre todo, muy doloroso para las familias que habían depositado su confianza en este recurso de última instancia».
Desde la plataforma se preguntan a qué se pueden deber tantas barreras y, sin ánimo de exhaustividad, avanzan tres motivos:
1. Temor a que aumente el déficit fiscal
Puede explicar que el umbral de renta exigido sea inferior al de la pobreza severa y que se incluya el umbral de patrimonio sin restar en este caso las deudas de los hogares empobrecidos. Así mismo, se excluye a los hogares unipersonales en extrema pobreza si tienen menos de veintitrés años o a los que tienen entre veintitrés y veintinueve si no han vivido en España de forma independiente desde hace más de tres años y no han cotizado al menos doce meses en algún régimen de la Seguridad social. Estas medidas contribuyen a bloquear la emancipación de la juventud, uno de los sectores sociales más precarizados.
En 2018 el gobierno encargó a la AIReF (entidad creada «con la misión de velar por el estricto cumplimiento de los principios de sostenibilidad financiera recogidos en el artículo 135 de la Constitución»), entonces presidida por José Luis Escrivá, una Evaluación de los Programas de Rentas Mínimas en España. Este estudio comparaba dos escenarios posibles a nivel estatal: uno basado en la ILP promovida por los sindicatos mayoritarios, que preveía un coste de 7200 millones de euros para 1,1 millones de hogares, y otro orientado a los hogares con rentas más bajas, que llegaría a 1,8 millones de hogares con un coste de 5500 millones de euros. La norma establecida, finalmente, se parece a este segundo escenario, más barato que el primero, pero reduciendo a la mitad tanto la previsión de destinatarios (850 mil hogares) como el presupuesto (3100 millones de euros reservados en los Presupuestos Generales de 2021). En el primer medio año de aplicación, según la nota enviada al Congreso el pasado 16 de diciembre, el desembolso en IMV había sido de 518 millones de euros.
2. Desconfianza hacia los hogares más pobres y alejados de la normalidad habitacional
Esta actitud puede explicar el requisito de que la composición de los hogares que solicitan la prestación no hayan experimentado variaciones en los últimos doce meses, o la exigencia a los hogares unipersonales de haberse constituido con antelación de uno o tres años en función de la edad. Medidas que pretenden evitar abusos pero que cierran el paso a miles de hogares en situación de extrema pobreza.
Asimismo, la ampliación de requisitos a personas adultas que comparten la vivienda sin lazos familiares, como los informes de riesgo de exclusión emitidos por los Servicios Sociales, representa un castigo para quienes comparten la vivienda precisamente porque no pueden acceder a un alquiler independiente.
Miedo al «efecto llamada» de la inmigración
La norma exige que todos los componentes del hogar tengan residencia legal en España, afectando no sólo a quienes no tienen papeles, están en trámite, o los han recibido hace menos de un año, sino a todos los restantes miembros del hogar, sean extranjeros o españoles.
La medida rezuma xenofobia y, probablemente, es una concesión a la derecha política que, finalmente, aprobó o se abstuvo ante el RDL 20/2020. Se cierra el paso a la llegada de nuevos inmigrantes, sea por reunificación familiar o por la demanda del mercado de trabajo; unas circunstancias que son habituales en la primera fase del proceso migratorio cuando se acumulan los mayores problemas de exclusión social y laboral que el IMV pretendía resolver.
Desde la plataforma «RMI tu derecho» presentaron hace una semana un conjunto de cuarenta y cuatro propuestas para superar o reducir muchas de estas barreras.
Algunas de las propuestas ya han sido incorporadas y otras esperan que se tengan en cuenta antes de la tramitación del Proyecto de Ley en el Congreso y en el momento de la redacción posterior del Reglamento.