El Pleno del Ayuntamiento de Leganés reprobó este 26 de febrero al alcalde, Miguel Ángel Recuenco Checa, por acudir al Pleno de Móstoles para mostrar «apoyo institucional» al alcalde de esa localidad, Manuel Bautista Monjón, denunciado por una concejala de su propio equipo de Gobierno por acoso laboral y sexual.
La decisión prosperó con el respaldo de la mayoría de los concejales de PSOE y Más Madrid y la abstención de Vox, después de que el regidor leganense defendiera públicamente su presencia en Móstoles y asegurara sentirse «en el lado correcto de la historia».
Durante su intervención, afirmó además sentirse «muy orgulloso» de haber acudido en apoyo del alcalde acusado.
Desde la perspectiva de los derechos de las víctimas y de la responsabilidad institucional, el debate trasciende la mera confrontación partidista. Lo que se discutió en el Pleno fue si un alcalde puede utilizar su posición representativa para respaldar públicamente a un cargo investigado por acoso, sin expresar al mismo tiempo una defensa inequívoca de la denunciante.
La reprobación y el alcance institucional
Según una nota difundida por el PSOE de Leganés, el alcalde alegó no disponer de «datos suficientes sobre el caso», pese a la existencia de grabaciones y correos electrónicos conocidos públicamente. Para la oposición, esa afirmación resulta incompatible con la decisión de escenificar un respaldo explícito en sede plenaria en otro municipio.
El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco Pérez, sostuvo que «el alcalde ha cruzado una línea que nunca debió traspasar. La prudencia no es hacerse la foto en primera fila apoyando a quien está acusado de acoso laboral y sexual; la prudencia es respetar a la víctima, dejar actuar a la justicia y no utilizar una institución como el Ayuntamiento de Leganés para respaldar intereses partidistas».
Añadió además que «Leganés es una ciudad comprometida con la igualdad y la defensa de las víctimas. Nuestro alcalde debería estar a la altura de esos valores. Lamentablemente, ayer el Pleno dejó claro que no lo está».
¿Qué implica una reprobación?
La reprobación es una censura política sin efectos jurídicos directos sobre el cargo, pero con un fuerte impacto simbólico. Supone que la mayoría del Pleno considera inadecuada la conducta del alcalde en el ejercicio de sus funciones. En este caso, la mayoría municipal entendió que el regidor confundió su papel institucional con su militancia partidaria.
En términos de buen gobierno, el principio de neutralidad institucional obliga a quienes ostentan cargos públicos a extremar la cautela cuando existen denuncias por acoso. El respaldo explícito a un investigado, sin una manifestación equivalente de apoyo a la víctima, puede interpretarse como un mensaje disuasorio para otras posibles denunciantes en el ámbito de la administración pública.
Igualdad y protección frente al acoso: marco normativo
La protección frente al acoso laboral y sexual constituye un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico español y en la normativa europea. El Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres obligan a las administraciones públicas a prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas.
El propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones subraya en su portal institucional la necesidad de reforzar las políticas de igualdad y protección frente a la discriminación.
Asimismo, la Comunidad de Madrid mantiene recursos específicos de atención a víctimas de violencia y acoso a través de su red institucional.
En este contexto, las organizaciones sindicales han reiterado en distintas ocasiones la importancia de activar protocolos internos ante cualquier denuncia. CCOO Madrid defiende en su web la aplicación rigurosa de medidas de prevención y protección, mientras que UGT Madrid insiste en la obligación de las administraciones de garantizar entornos laborales seguros.
Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) también se ha reclamado en otras ocasiones que los cargos públicos mantengan una conducta ejemplar ante situaciones que afecten a la igualdad y a la dignidad de las mujeres.
Actualidad
La reprobación del alcalde de Leganés se produce en un contexto de creciente escrutinio público sobre las respuestas institucionales ante denuncias de acoso. El caso de Móstoles, al que acudió el regidor leganense para mostrar apoyo, ha generado debate político en la Comunidad de Madrid por la gestión interna de la denuncia y por la posición adoptada por distintos responsables públicos.
En el plano político autonómico, la dirección regional del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han sido señaladas en la nota del PSOE de Leganés por su alineamiento con el alcalde mostoleño. No consta, hasta el momento, que el alcalde de Leganés haya rectificado su postura tras la reprobación.
Desde el punto de vista institucional, el episodio abre una reflexión sobre los límites entre la lealtad partidaria y la responsabilidad pública. Un alcalde representa al conjunto de sus vecinos y vecinas, con independencia de su afiliación política. Cuando se enfrenta a un caso de presunto acoso, su prioridad debe situarse en la defensa de los derechos fundamentales, la igualdad y la confianza en las instituciones.
