La reciente ola de violencia racista e islamófoba en las calles del Reino Unido ha puesto en evidencia la inacción gubernamental frente al racismo institucional, según un informe conjunto de The Runnymede Trust y Amnistía Internacional Reino Unido.

El documento, respaldado por más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil, denuncia el incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y destaca preocupantes estadísticas sobre desigualdades raciales en diversos ámbitos.

El informe, presentado al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) durante su 113 periodo de sesiones, sostiene que las políticas y legislaciones recientes del gobierno británico infringen artículos clave de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Entre las leyes señaladas se encuentran la Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales (2022), la Ley Electoral (2022) y la Ley de Nacionalidad y Fronteras (2022), consideradas como una amenaza sin precedentes para los derechos civiles y políticos de las personas de color.

Estadísticas alarmantes

El informe destaca datos que reflejan la persistencia y, en algunos casos, el agravamiento de las desigualdades raciales en el Reino Unido:

  • Pobreza infantil: El 47 por ciento de los niños y niñas de color viven en la pobreza, en contraste con el 24 por ciento de los niños y niñas blancos.
  • Prácticas policiales discriminatorias: Un menor negro tiene 6,5 veces más probabilidades de ser sometido a un registro sin ropa por la policía en comparación con un menor blanco. Para las personas adultas negras, esta probabilidad es 4,7 veces mayor que para las blancas.
  • Desigualdades laborales: Las mujeres bangladeshíes con nacionalidad británica tienen más de ocho veces más probabilidades de estar sin empleo que las mujeres británicas blancas. Además, las personas pakistaníes (23 por ciento) y negras (19 por ciento) tienen al menos el doble de probabilidades de tener un trabajo inseguro en comparación con las personas blancas (9,6 por ciento).
  • Contratos precarios: Las mujeres de color tienen tres veces más probabilidades que los hombres blancos de tener contratos de cero horas.
  • Crímenes de odio religioso: Los delitos contra personas musulmanas o percibidas como tales constituyen el 44 por ciento de los crímenes de odio religioso, seguidos por los cometidos contra personas judías o percibidas como judías, con el 19 por ciento. A partir de octubre de 2023, los casos de islamofobia aumentaron un 600 por ciento, registrándose 4103 casos de odio antisemita en 2023, el 66 por ciento de ellos después del 7 de octubre.
  • Educación y vigilancia: Ha aumentado la presencia policial en centros escolares, con 979 responsables de seguridad en las escuelas (SSO) activos en todo el Reino Unido, 489 de ellos solo en Londres. Estos SSO suelen ser asignados a centros con mayor porcentaje de alumnos y alumnas de color y de clase trabajadora.
  • Salud y esperanza de vida: Existe una diferencia de veintiséis años en la esperanza de vida entre personas blancas y personas de color con discapacidades de aprendizaje profundas y múltiples. Además, la salud de las mujeres británicas blancas octogenarias es equivalente a la de mujeres negras caribeñas e indias septuagenarias, y a la de mujeres paquistaníes y bangladesíes en la cincuentena.

Recomendaciones urgentes

Ante este panorama, el informe propone una serie de recomendaciones destinadas a abordar las profundas desigualdades raciales en el Reino Unido:

  1. Abolición del límite de prestaciones para familias con más de dos hijos.
  2. Eliminación del plan oficial Prevent Duty, que ha sido criticado por su enfoque discriminatorio hacia comunidades musulmanas.
  3. Prohibición legal y práctica de los registros sin ropa a menores por parte de la policía.
  4. Descarte del programa piloto Serious Violence Reduction Order, destinado a reducir la violencia grave.
  5. Derogación de legislaciones perjudiciales, incluyendo la Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales (2022), la Ley de Orden Público (2023), la Ley Electoral (2022) y el artículo 10 de la Ley de Nacionalidad y Fronteras (2022).
  6. Reconocimiento e incorporación del derecho a la vivienda como derecho humano en las leyes y políticas nacionales.
  7. Garantía de condiciones de trabajo justas y favorables, abordando la precariedad laboral y eliminando los contratos de cero horas.
  8. Prohibición del uso del rap y la música como pruebas en enjuiciamientos, evitando estigmatizaciones culturales.

Líderes de derechos humanos

Alba Kapoor, directora de Asuntos Políticos de Runnymede Trust, enfatizó la urgencia de abordar estas problemáticas: «Ahora que los matones de extrema derecha están atacando, hostigando e intimidando a las personas de color en Reino Unido, urge más que nunca abordar la injusticia racial. Las personas de color han visto retroceder sus derechos civiles y políticos en los últimos cinco años. Desde los cambios inhumanos en nuestro sistema de asilo hasta la introducción de legislación que restringe el derecho de protesta y aumenta los poderes policiales perniciosos, es hora de cambiar de rumbo».

Por su parte, Ilyas Nagdee, director de Justicia Racial de Amnistía Reino Unido, subrayó la responsabilidad gubernamental en la persistencia del racismo institucional: «La violencia racista e islamófoba que se ha desatado en las calles de Reino Unido pone de relieve la falta de medidas por parte de los sucesivos gobiernos para avanzar en materia de racismo institucional. Frente a la violencia racista, también se han debilitado las vías para que las comunidades racializadas expresen su frustración por la falta de avances o sus discrepancias con el gobierno a través de restricciones de las protestas, mayores poderes policiales que se extienden al ámbito de prevención del delito y la intensificación del programa Prevent, que viola varios de nuestros derechos humanos básicos».

Llamada a la acción

El informe concluye que las desigualdades que afectan a las personas de color en el Reino Unido han persistido, e incluso empeorado, en los últimos cuatro años. La combinación de prácticas institucionales discriminatorias, legislaciones restrictivas y una retórica política deshumanizadora ha profundizado la marginalización de estas comunidades.

Las organizaciones firmantes instan al nuevo gobierno británico a tomar medidas decisivas para revertir estas tendencias, priorizando la lucha contra el racismo y la desigualdad institucional. «El nuevo gobierno debe actuar para poner fin a la exclusión de las comunidades migrantes y de las personas que solicitan asilo, y comprometerse a realizar cambios estructurales significativos que resuelvan las desigualdades profundamente arraigadas en nuestra sociedad», afirmó Kapoor.

La presentación de este informe al CERD representa una llamada de atención internacional sobre la situación del racismo en el Reino Unido, destacando la necesidad de una respuesta integral y comprometida por parte de las autoridades británicas para garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen étnico o racial.

@RunnymedeTrust @AmnestyUK

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