Los trabajadores de Siemens Gamesa, Renault y Ford luchan contra la desindustrialización de España.
Empecemos con Siemens Gamesa, que ha presentado un ERE para la fábrica de As Somozas (A Coruña) que tiene como consecuencia inmediata el despido de 215 trabajadores. La empresa alemana ya ha cerrado la planta. Los trabajadores están en huelga y denuncian su cierre. Cierre que prolonga dos anteriores, uno en Miranda de Ebro (Burgos) y otro en Aoiz (Navarra). Y cierre al que se añaden las instalaciones en Cuenca (Castilla-La Mancha). No son solo 266 nuevos despidos, es también la destrucción industrial de un sector clave.
Siemens alega causas organizativas y productivas, pero es una deslocalización pura y dura para obtener más beneficios fabricando en otros países. Pero el problema no es la compra de una fábrica en Portugal, sino el cierre continuado de instalaciones de Gamesa, la que fuera empresa española líder en el campo de las energías renovables. El desmantelamiento arrancó en 2016, cuando Siemens se apoderó de la energía eólica de Gamesa. La operación se llevó a cabo de forma anómala dado que las autoridades bursátiles españolas aprobaron la absorción sin que Siemens lanzara una OPA, bajo la excusa de su interés industrial. En 2016, Gamesa obtuvo unos beneficios de 477 millones de euros.
En toda la actuación de Siemens desde la compra de Gamesa no ha habido un interés industrial por España sino todo lo contrario. Siemens ha acabado también con el departamento de Investigación y Desarrollo de Gamesa. Y supone que España pierda un sector en el que hemos sido pioneros a nivel mundial, dado que se ha dejado que los monopolios extranjeros se hayan apoderado de las empresas de este sector. Una estrategia deliberada de desmantelamiento de todo el tejido industrial en España, incluyendo la investigación y desarrollo en nuestro país, eliminando un futuro competidor. Eso sí, luego de haber recibido muchos millones de euros en subvenciones aprovechando la apuesta de España por las energías renovables, que elevó a España a ser pionera mundial en esta tecnología.
Es más grave aún que este desmantelamiento industrial ocurra en España en plena crisis por la pandemia, cuando las metas acordadas por la Unión Europea fijan el incremento hasta el 55 por ciento la reducción de gases efecto invernadero, y cuando España apuesta por la transición ecológica como uno de los pilares de la recuperación, destinatario de las ayudas acordadas en la Unión Europea (UE) por 140.000 millones de euros.
A nivel nacional, si se llevara a cabo el cierre de las instalaciones de As Somozas, únicamente quedarían activas en este sector industrial las plantas de LM Wind Power en Castellón y León; la de Nordex Energy Spain en Navarra, y la de Vestas en Ciudad Real. Y estamos hablando del sector clave de las energías renovables, con dos alternativas, promover o no el desarrollo sostenible y romper o no con la dependencia energética de España.
Y más luchas obreras
No solo es en Siemens Gamesa. Las luchas de los trabajadores de Renault, Ford, Alcoa, y Alu Ibérica se suman de manera destacada en estos inicios de 2021, aunque vienen ya de años atrás.
En la negociación del convenio colectivo de los doce mil trabajadores de las fábricas de Renault en España (en Valladolid, Palencia y Sevilla) los sindicatos, representados en los distintos comités de empresa, plantean subidas salariales de dos puntos por encima del IPC, aumento de los pluses un veinte por ciento y reducción de jornada un día por año. Y como condición clave, que Renault se comprometa a la fabricación de nuevos modelos para los próximos años.
La respuesta por boca del mismo consejero delegado de Renault, Luca de Meo -antagónica, un chantaje en realidad, no una oferta- ha sido congelación salarial, recorte de pluses un 25 por ciento, e incremento de la jornada anual en tres días, acompañado de la amenaza de que, si no se aceptan, la producción se la llevarán a otros países. Además, De Meo ha lanzado al propio Gobierno de España que se pueden ir a países como Turquía, Marruecos y Rumanía si no se aceptan sus condiciones. Y ha pedido rebajas de costes energéticos y logísticos, y beneficios fiscales.
En la factoría de Ford en Almussafes (Valencia) la empresa ha presentado un nuevo ERTE que afectará a seiscientos trabajadores, que irán al paro durante catorce días en las próximas semanas y durante febrero y marzo, lo que supondrá dejar de fabricar 13 400 vehículos en ese periodo. Una vez más no tiene nada que ver con falta de competitividad sino con sus beneficios. Sin embargo, Ford ha tenido, desde su instalación hasta el presente, ingentes ayudas y exenciones de las distintas administraciones, con las que ha obtenido sustanciosas ganancias.
Y las luchas de Alcoa y Alu Ibérica siguen. La persistente movilización en Alcoa ha obligado al monopolio estadounidense a reiniciar negociaciones para la venta provisional de la fábrica a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI, de titularidad pública). Y los trabajadores de Alu Ibérica denuncian la venta amañada por Alcoa de las fábricas de A Coruña y Avilés al fondo de inversión suizo Parter, con el objetivo real de cerrarlas.
Que no vuelva a crecer la hierba
Y si los monopolios extranjeros cierran fábricas en España, no solo golpean a los trabajadores de esas empresas, sino que también nos roban a la mayoría social española, porque han recibido ayudas públicas millonarias desde las distintas administraciones, como exenciones fiscales, bajos precios de los terrenos y tarifas.
Y los cierres tienen siempre un doble objetivo. Uno es despedir al menor coste y trasladar su producción a otro país, y dos es impedir que esas fábricas no puedan volver a producir para eliminar así la posibilidad de un competidor. Que la industria española no vuelva a crecer donde los monopolios extranjeros la han cerrado.
Reindustrializar España
Llevar adelante un plan nacional de reindustrialización para un desarrollo económico sostenible y en beneficio de la mayoría social española es crucial y urgente. Y es una cuestión de voluntad política. Sin ir más lejos, en nuestra vecina Francia el gobierno acaba de vetar la compra mediante fusión de Carrefour por la canadiense Couche-Tard. Para ello ha esgrimido una ley de 2019 que incluyó la distribución alimentaria entre las actividades estratégicas en las que el Gobierno puede intervenir para impedir que caigan en manos extranjeras.
Como demandan los trabajadores en lucha, el Gobierno de España -junto con los gobiernos autonómicos- no debe permitir más cierres en los sectores industriales estratégicos. El Ejecutivo debe implicarse en la defensa del tejido industrial español como base inicial para dar una salida a la actual crisis. Y debe emplear una parte sustanciosa de los fondos europeos de reconstrucción en la reindustrialización de España. Porque es necesaria la creación de industria, pública y privada -con altos niveles de competitividad y con investigación, desarrollo e innovación- en toda España.
