El viernes 27 de agosto de 2021 concluía en España la primera fase de la evacuación de Afganistán del personal cooperante y sus familias, más de dos mil personas fueron recibidas en la Base Aérea de Torrejón por funcionarios del Gobierno, voluntarios y cooperantes de ONGs con experiencia en la acogida de refugiados.
El Comité Español de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) venía informando de que, en lo que va de año, más de medio millón de personas se habían visto obligadas a huir de sus hogares para no verse inmersas en los combates, y se cifraba en 120.000 las que habían buscado refugio en la provincia de Kabul, pensando en que habría más seguridad.
Los hechos posteriores han puesto de manifiesto que la situación en la Capital era la de un Estado fallido y solo una pequeña parte de esas personas han tenido la oportunidad de subir a alguno de los aviones que evacuaban personas hacia países de acogida.
Según datos de ACNUR, la inmensa mayoría de los afganos que han tenido que abandonar sus hogares permanecen dentro del país, en situación de extrema vulnerabilidad porque tuvieron que huir con lo más imprescindible, y se encuentran en asentamientos informales sin acceso a agua, alimentos y ropa, además de no contar con asistencia médica en caso de necesidad, especialmente para los menores y las mujeres embarazadas.
En paralelo a las imágenes conocidas de la situación en Kabul, se van conociendo datos de miles de personas que huyen del país porque quieren desarrollar su vida familiar en estructuras sociales y culturales más abiertas, y las autoridades de países de los cinco continentes se preparan para un nuevo incremento de la crisis migratoria.
Hay países que diseñan estas políticas con criterios restrictivos, y especialmente, los que comparten frontera con Afganistán ponen el enfoque en contener una migración irregular y están estableciendo controles, levantando vallas y muros para impedir el paso de personas.
Es el caso de Pakistán, Irán y Turquía, donde han llegado migrantes afganos desde hace dos décadas y que suman actualmente más de 2,4 millones de personas acogidas oficialmente, a las que se deben añadir al menos otros dos millones no registradas.
En Estados Unidos y Europa son conocidas las operaciones para evacuar a miles de personas, y sus familias, que cooperaron con fuerzas militares o civiles occidentales en estos últimos veinte años.
Y en España, el jueves 19 de agosto aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) el primer avión con personal español y colaboradores afganos, en una operación en la que se han evacuado hasta el viernes 27 de agosto a 2206 personas, de ellas el 47 por ciento mujeres y el 40 por ciento menores.
La preocupación en organizaciones como ACNUR, es que ahora comenzará la llegada desde Afganistán de personas por vías no reguladas, pero con los mismos derechos a ser atendidas debidamente, que se sumarán a las que siguen llegando día a día desde otros países que sufren conflictos armados en Oriente Medio, el Magreb y países subsaharianos.
Una de las principales preocupaciones de ACNUR sigue siendo precisamente el Mediterráneo, ya que las personas que huyen se embarcan en condiciones cada vez más peligrosas, en las que pierden la vida miles de ellas y que las que se consigue poner a salvo en operaciones de salvamento marítimo, principalmente desde Libia, presentan cientos de casos de torturas, abusos, tráfico sexual y esclavitud, además del problema especial que se produce con los menores no acompañados.
Las ONGs nos recuerdan en múltiples ocasiones la necesidad imperiosa de recurrir a la ayuda ciudadana porque con la ayuda oficial no se llega a cubrir las necesidades de miles de niños que quedan huérfanos o se ven separados de sus padres durante la huida para no ser capturados por milicias armadas que los reclutan como niños soldado, para explotación sexual o esclavitud laboral.