El Consejo de Ministros ha aprobado este 4 de octubre 2022 el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2023, que serán remitidos al Congreso de los Diputados para su debate, enmienda y aprobación, informa La Moncloa.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha mostrado su confianza en que la cámara baja aprobará estos terceros presupuestos de la legislatura, como ya ocurrió en los ejercicios de 2021 y 2022. Montero ha afirmado que estas cuentas públicas ofrecen seguridad y estabilidad en un momento de gran incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania, son una garantía para las clases media y trabajadora, fortalecen el Estado del bienestar y permitirán consolidar el crecimiento económico y las grandes transformaciones ecológica, digital y de modelo productivo que se están llevando a cabo a lo largo de la legislatura.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha presentado el nuevo escenario macroeconómico que se incluye en el Proyecto de Ley, ha señalado que se cumple con los principios de prudencia, responsabilidad fiscal, justicia social, modernización y eficiencia económica y que los presupuestos responden «a lo urgente sin perder de vista lo importante».
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el objetivo de los nuevos presupuestos es dar tranquilidad a la ciudadanía, recuperar la dignidad de las personas y cohesionar el país desde el punto de vista social para que sea «mejor, más moderno, sostenible, verde e igualitario».
Rodríguez ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a petición propia en el Congreso y en el Senado, para exponer, por un lado, las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania y las decisiones adoptadas y, por otro, presentar las medidas presupuestarias, económicas y fiscales que está impulsando el Ejecutivo.
Récord en gasto social e incremento de ingresos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el límite de gasto no financiero total contemplado en el proyecto de ley alcanza los 198.221 millones, «la mayor cifra jamás registrada», en la que están incluidos los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
No obstante, ha continuado, si se descuentan esos fondos, el techo de gasto sigue siendo «un hito sin precedentes en la historia presupuestaria», con 173.065 millones.
Seis de cada diez euros están destinados al gasto social, con un total de 266.719 millones, 274.445 millones si se incluyen los fondos europeos, también «la mayor cifra nunca registrada para estas partidas».
Por ejemplo, la atención a la dependencia recibirá 3522 millones, un 150 por ciento más que al inicio de la legislatura. El presupuesto de Sanidad aumenta un 6,7 por ciento, especialmente centrado en el refuerzo a la atención primaria y la salud mental, y las políticas de vivienda recibirán 3472 millones de euros.
Respecto al presupuesto de ingresos, la ministra de Hacienda ha detallado que el incremento de los no financieros registran un aumento del seis por ciento respecto a la previsión de cierre del año 2022, mejora que se explica «fundamentalmente por el crecimiento económico».
Asimismo, aunque el pasado 22 de septiembre el Congreso respaldó la propuesta del Gobierno para mantener la suspensión de los objetivos de estabilidad y deuda y la regla de gasto en el próximo ejercicio, el objetivo que se marca el Gobierno es que el déficit público se sitúe en torno al 3,9 por ciento, un descenso significativo con respecto al más del diez por ciento alcanzado en este año 2022.
Principales novedades en los PGE 2023
Primera aportación a la hucha de las pensiones en trece años
La partida de las pensiones se incrementa para atender la incorporación de nuevos pensionistas y la revalorización anual, que se hará conforme al IPC interanual registrado hasta este próximo mes de noviembre y que la ministra ha calculado que estará alrededor del 8,5 por ciento.
Además, por primera vez en trece años, se hará una aportación al fondo de reserva de la Seguridad Social, conocido como «la hucha de las pensiones», con 2957 millones de euros procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Se hace, ha subrayado la ministra de Hacienda, «sin incrementar el déficit de este subsector» y es posible gracias a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a la mejor composición del empleo y su estabilidad fruto de la reforma laboral, y a la buena gestión de la propia Seguridad Social.
Empleados públicos
El gasto de personal alcanzará los 20.052 millones, lo que supone un incremento del 6,6 por ciento, principalmente por la subida salarial del 2,5 por ciento acordada para los empleados públicos para el próximo año. En función de cómo evolucione la inflación y el crecimiento, la ministra de Hacienda ha señalado que la mejora retributiva podría aumentar un punto adicional.
Jóvenes
El gasto en educación se incrementa un 6,6 por ciento. Las becas para estudiantes suman 390 millones de euros más que en 2022 y se establece una dotación de 2474 millones dirigidos a la igualdad de oportunidades para el talento, «para que ningún joven se quede sin ir a la universidad o cursar estudios de formación profesional porque la renta familiar se lo impide», ha resaltado María Jesús Montero.
La ministra también ha anunciado que se transferirán 50 millones de euros a las universidades para que se creen mil plazas más de estudiantes de medicina de primer año.
El bono de alquiler joven se mantendrá, con una partida de 200 millones, y se pondrá en marcha un plan nuevo de alquileres asequibles dotado con 260 millones.
Abonos gratuitos de Renfe en 2023
Montero ha anunciado que se mantendrán en 2023 la bonificación y la gratuidad de Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia de titularidad estatal. Ya se han emitido 1,5 millones de abonos desde que la medida entró en vigor, con carácter inicialmente temporal, en septiembre.
Más de 10.000 millones en el capítulo de inversiones
El epígrafe de gasto que registrará un mayor incremento en 2023 es el capítulo seis de Inversiones Reales que, por primera vez en la historia supera el umbral de los 10.000 millones de euros. En concreto, contando con los fondos europeos, aumentará de los 8900 millones de euros de 2022 a 11.867 millones, una subida del 33,1 por ciento. «Si no los contamos, esta cantidad ascendería a un 28 por ciento más que en el año anterior, por tanto también con el esfuerzo del presupuesto nacional estamos intentando impulsar nuestro tejido productivo y la inversión», ha dicho Montero, que ha reivindicado el papel de locomotora del sector público en este sentido.
57.400 millones para el cambio de modelo productivo
Las actuaciones de carácter económico tendrán un presupuesto también récord, hasta 57.400 millones de euros, de los que 30.000 millones proceden del Plan de Recuperación y de la última anualidad del programa REACT-EU. En este apartado figuran Agricultura, Industria, Energía, Comercio, Pymes e I+d+i, entre otros.
Reducción en el gasto por desempleo
La ministra de Hacienda ha cerrado la enumeración de los principales epígrafes de gasto destacando que solo dos partidas experimentan una reducción. La primera, el gasto de atención al desempleo: «Nunca jamás en España había habido tantas personas trabajando y eso implica que estamos logrando mayor recaudación en algunas figuras tributarias y que gastamos menos en prestaciones».
También se destinan menos recursos al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que financia el déficit de estas administraciones. En 2023, se han previsto 135.273 millones en concepto de entregas a cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Nuevo escenario macroeconómico
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha repasado los principales aspectos del nuevo escenario macroeconómico incluido en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado.
Calviño ha destacado que todos los indicadores muestran que la economía española se mantiene hasta el momento en una senda de crecimiento fuerte y sostenido y no hay síntomas de desaceleración económica.
Concretamente, y siendo prudentes, ha explicado Calviño, cabe prever un crecimiento en el conjunto de 2022 del 4,4 por ciento, aunque los datos disponibles en el mes de septiembre están apuntando a un crecimiento incluso más fuerte. Para 2023, la previsión se modera hasta el 2,1 por ciento, debido a la fuerte incertidumbre internacional actual. Sin embargo, respecto a la zona euro y los principales países desarrollados, España mantendrá en 2022 y 2023 unos niveles de crecimiento superiores a la media, según las estimaciones de los principales organismos nacionales e internacionales.
La inflación, que Calviño ha definido como el «principal reto actual de nuestra economía», ha empezado a moderarse, y con los datos adelantados para septiembre, se ha situado en el entorno del nueve por ciento. En términos del IPC armonizado a nivel europeo, España se sitúa ya por debajo de la inflación en la eurozona, tanto en términos interanuales como intermensuales, y doce países de la eurozona tienen tasas de inflación superiores a las españolas.
Reforma laboral y Plan de Recuperación, claves
La vicepresidenta se ha referido a la reforma laboral y a las inversiones del Plan de Recuperación como causas principales del cambio estructural que se está produciendo en la economía española.
Actualmente, la tasa de desempleo se sitúa en el entorno del 12 por ciento, hay menos de tres millones de parados y menos de un millón de hogares (990.300) en los que todas las personas estén en paro. «Es un dato muy importante que da muestra del impacto positivo estructural de la reforma laboral», ha reiterado Calviño, quien ha mostrado su confianza en que a finales de 2023 haya casi veintiun millones de personas ocupadas y la tasa del paro se sitúe por debajo del 12 por ciento.
Las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, por su parte, aumentarán el PIB en 2,6 puntos porcentuales de media anual hasta 2031 gracias a su impulso de la actividad, el empleo de calidad, la inversión, la innovación y la productividad.
