Amnistía Internacional (AI) ha presentado una guía con siete recomendaciones básicas que deben traducirse en cambios legales para que las autoridades estatales y autonómicas de España protejan los derechos humanos de las personas mayores que viven en residencias y que han sido las víctimas más vulnerables de la Covid-19.
En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que se celebró este 14 de junio 2021, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España aseguró que «las residencias se han convertido en el triste ejemplo de lo que es una mala gestión y falta de respuesta de las autoridades, cuyas consecuencias las han sufrido miles de personas mayores, que han sido tratadas como ciudadanas de segunda. Muchas han fallecido y otras han visto gravemente vulnerados sus derechos humanos. Los recortes presupuestarios y la escasez de personal en la sanidad pública no han hecho sino agravar el olvido sufrido por este colectivo».
Amnistía Internacional considera imprescindible y urgente que se incluyan cambios legislativos que protejan los derechos humanos de las personas mayores en residencias y se armonice la diferente normativa que existe sobre centros residenciales a nivel estatal, autonómico y local. Por otro lado, resulta necesario que tanto a nivel estatal como autonómico se pongan en marcha investigaciones independientes que evalúen el grado en que las Comunidades Autónomas y el Estado cumplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de la atención en las residencias y los derechos de las personas mayores durante la pandemia, y pongan en marcha mecanismos de mejora con evaluaciones periódicas para evitar que esto pueda repetirse en el futuro.
«No puede ser que una persona mayor que reside en una residencia de Madrid o Barcelona no tenga los mismos derechos que una que viva en Soria, Zaragoza, Cáceres, Bilbao, Sevilla o A Coruña. Es momento de pensar en las personas mayores y de legislar teniendo en cuenta sus circunstancias sin olvidar que tienen los mismos derechos que todas las personas», indica Beltrán.
Estos cambios deben tener un enfoque intersectorial, de género y de derechos humanos, adoptándose criterios comunes que eviten la arbitrariedad en las políticas públicas que se desarrollen e implementen, cobrando especial relevancia para ello las autoridades de salud pública y la de los servicios sociales en cada ámbito territorial.
La oenegé presenta una guía con siete recomendaciones que deben tenerse en cuenta por parte de las autoridades y órganos competentes a la hora de adoptar cambios legales que se traduzcan en cambios reales que mejoren la vida de las personas mayores en residencias.
Estas son las siete carencias que ha detectado Amnistía Internacional en la gestión de las residencias hasta ahora y que han provocado el abandono de las personas mayores:
1. Negación de la atención individualizada y de las derivaciones hospitalarias
La decisión práctica de no derivar a las personas mayores enfermas a los hospitales se aplicó de forma automatizada y en bloque durante la primera ola de la pandemia, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas.
2. Régimen de inspecciones insuficiente
Pese a que, según informaciones aparecidas en medios de comunicación, y a que el propio Defensor del Pueblo ha destacado que se ha adoptado un papel más activo en materia de inspección en casi la totalidad de las Comunidades Autónomas pasada la primera ola de la pandemia, en general no ha existido información pública por parte de los gobiernos regionales ni por parte de Fiscalía General del Estado sobre el número de inspecciones en residencias ni sobre los resultados de las mismas hasta el día de hoy.
3. Régimen de visitas incumplido
La restricción que supuso el encierro «de facto» en las residencias, acompañado en la mayoría de los casos del confinamiento en sus cuartos por tiempo indefinido, añadido a la falta de supervisión por parte de las autoridades estatales (Fiscalía) y autonómicas (servicios de inspección), supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores.
4. Ausencia en la recogida de datos
Ni el gobierno central ni las comunidades autónomas ofrecen datos desagregados de las personas mayores en residencias, lo cual impide hacer un adecuado análisis de necesidades de colectivos específicos y poner en marcha medidas focalizadas en los grupos que más lo necesiten.
5. Ratios insuficientes
De acuerdo con los datos recogidos en la base de datos de la OCDE, la ratio de trabajadores/as por cada cien habitantes mayores de 65 años en 2018 y 2019 en España se encontraba en 4,7 y 4,8 respectivamente, por debajo de la media de los países OCDE, que se sitúa en seis (estos datos incluyen tanto a trabajadores en residencias como de cuidados en casa).
En este sentido se manifestó en mayo de 2020 la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que hizo un estudio comparativo de la normativa de las Comunidades Autónomas aplicable a las residencias de mayores. Una de las principales conclusiones del informe es que «las ratios actuales de personal de las normativas (incluso las de las más exigentes) son insuficientes».
6. Falta de inversión pública en residencias
De acuerdo con los datos que constan en Eurostat sobre cuidados de larga duración, en 2018 el gasto medio de los países de la Unión Europea ha sido de 1,6 por ciento del PIB, encontrándose España por debajo de la media, con un 0,9 por ciento del PIB (10.305,18 millones de euros).
De acuerdo con los datos recogidos en el Informe España 2050 presentado por el Gobierno, el promedio 2015-2019 de gasto público en España destinado a Cuidados de Larga Duración representa el 0,8 por ciento del PIB frente al 1,1 por ciento de la UE-27 y el 2,3 por ciento de la UE-8.
7. Participación
Vivir en una residencia es una circunstancia que no puede ser privativa de derechos humanos. Las personas mayores siguen siendo titulares de sus derechos humanos: a la vida, a la salud, al libre desarrollo de su personalidad (a elegir sus relaciones personales), a la libertad de movimientos, a la intimidad, a la vida familiar…incluido al máximo nivel de calidad de vida. Es necesario que personas residentes y sus familiares participen en la toma de decisiones que les afectan,
…Y estas son las siete recomendaciones que la organización propone para solucionar la situación.
- Asegurar que las decisiones médicas se basarán siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible y que las instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios en ningún caso incluirán criterios discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria en el futuro.
- Disponer de un sistema de inspecciones de residencias que incluya:
. Transparencia: publicación periódica de datos sobre el número de visitas y los resultados.
. Visitas regulares a los centros residenciales sin aviso previo, y contando con indicadores de inspección que aseguren una vigilancia eficaz del cumplimiento de los requisitos normativos, con especial atención a las condiciones y conductas que pueden afectar a los derechos humanos de las personas residentes.
. Sistema de denuncias que garantice anonimato, y recursos adecuados para el seguimiento efectivo de las mismas que aseguren la adopción de medidas de corrección sin demora - Garantizar el contacto regular entre residentes y familias, en línea con los acuerdos del consejo Interterritorial de diciembre de 2020. Debe cumplirse con el régimen de visitas y eliminar la discrecionalidad en su aplicación en algunas residencias.
- Desarrollar un procedimiento unificado para recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad de los mismos. Estos datos deben ser utilizados para desarrollar las políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud. Los datos han de ser homogéneos y estandarizados.
- Tener criterios y mecanismos para adecuar las plantillas del personal de residencias a las necesidades reales de atención de las personas residentes y asegurar formación obligatoria y especializada en la aplicación de protocolos, utilización de los EPIs, entre otras, especialmente al personal de cuidados directos.
- Incrementar los recursos, y asegurar su suficiencia teniendo en cuenta una evaluación real de las necesidades de la población y su previsión de evolución.
- Involucrar a las personas mayores y sus familiares en decisiones que les afectan relacionadas con el modelo residencial y hacer partícipe a la sociedad civil que trabaja con las personas mayores y las representan.
Información sobre la situación actual en las residencias
La vulneración de los derechos de las personas mayores residentes ha ido más allá de las muertes acaecidas a causa del virus. El informe de Amnistía Internacional presentado en diciembre de 2020 «Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España» puso de relieve que durante la primera ola de la pandemia se vulneraron los derechos a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna de los usuarios de las residencias españolas.
Actualmente, la situación ha cambiado sustancialmente. Amnistía Internacional no tiene constancia de que en los últimos meses (segunda ola y posteriores) no se hayan producido derivaciones de forma generalizada en ninguna comunidad autónoma. En particular, las autoridades de los Gobiernos autonómicos de Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid han informado a la organización que derivan a las personas mayores a hospitales cuando es necesario.
En la mayoría de las Comunidades Autónomas se ha flexibilizado y ampliado el régimen de visitas de familiares a las personas residentes tras la vacunación. Pese a ello, familiares y plataformas de afectados/ han transmitido a Amnistía Internacional que las direcciones de algunas residencias han actuado con discrecionalidad y todavía no se permite el acceso de los familiares a los espacios privados de los residentes, como las habitaciones.
Según el propio Defensor del Pueblo en su último informe anual (2021), las comunidades autónomas deben reforzar los servicios de inspección para que estén suficientemente dotados y puedan llevar a cabo su función de forma eficaz, vigilando que los centros mantengan los requisitos exigidos para el funcionamiento y la calidad del servicio de atención residencial de mayores. No hay de forma general datos públicos sobre las inspecciones, salvo en algunas CCAA como Castilla y León o La Rioja, entre otras.
Según aparece en la Estrategia de Vacunación frente a la Covid– 19 en España de 11 de mayo de 2021, prácticamente todas las personas con ochenta y más años han sido vacunadas con al menos una dosis y el 96,4 por ciento con pauta completa.
En marzo de 2021, un año después del inicio de la pandemia, el Gobierno hizo pública por primera vez la cifra de personas fallecidas por COVID-19 que vivían en residencias de mayores. Según datos del Ministerio de Sanidad, a fecha de 23 de mayo de 2021, 29.558 personas que vivían en residencias de mayores en España fallecieron a causa del coronavirus o con síntomas compatibles.
A fecha 10 de junio 2021, 80.501 personas han fallecido a causa de la pandemia de la COVID-19. Esta cifra sigue aumentando cada día.
