La plataforma vecinal en contra de la planta de biogás que se proyecta entre Colmenar Viejo ha rechazado los supuestos beneficios que el alcalde y su concejal de Urbanismo han anunciado con entusiasmo de tres millones de euros para las arcas municipales, ya que provienen del ICIO y otros impuestos que se pagarían igualmente si la instalación se dedicara a cualquier actividad inocua.
El complejo gasístico que se proyecta entre los municipios del norte de Madrid de Colmenar Viejo y Tres Cantos, ha generado alarma entre comunidades locales, organizaciones sociales y sindicatos por los potenciales impactos en salud, movilidad, olor y medio ambiente.
¿Qué se propone y dónde se ubica?
El proyecto en cuestión contempla la construcción de una instalación de digestión anaerobia que trataría inicialmente unas 75.000 toneladas al año de residuos orgánicos, con posibilidad de ampliarse posteriormente hasta 150.000 toneladas, según denuncian las entidades vecinales.
La ubicación elegida se encuentra en suelo no urbanizable del municipio de Colmenar Viejo, junto al actual vertedero, a menos de 1500 metros de viviendas y de centros educativos, y a poco más de dos kilómetros de Tres Cantos.
Los promotores defienden que la planta «no es una macroplanta» y que se han descartado residuos como purines, incorporando biofiltros para neutralizar olores.
Sin embargo, la propia escala, proximidad y la declaración de «utilidad pública e interés social» adoptada por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo han elevado la tensión.
¿Por qué se generó oposición vecinal?
Proximidad y calidad de vida
Las asociaciones de vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos alertan de que la planta se ubicaría demasiado cerca de zonas residenciales, colegios e institutos. Según la Plataforma, «no se puede hacer vida al aire libre en un radio de dos a tres kilómetros de una planta de biogás».
El colectivo ha denunciado además que la vivienda se deprecia cuando se proyecta esta infraestructura «ni tan grande, ni tan cerca».
Impactos ambientales, sanitarios y de movilidad
La movilización se apoya en argumentos técnicos: emisión de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas PM10/PM2,5, incremento del tráfico pesado de camiones, emisiones de metano o amoníaco y molestias por olor.
En un contexto de vertedero ya consolidado en la zona, los vecinos consideran que esta nueva instalación agravaría la carga ambiental del entorno.
Falta de información y participación ciudadana
Una de las quejas principales se centra en la falta de transparencia del proceso.
Las entidades vecinales aseguran que no se ha consultado correctamente a la ciudadanía, que los informes no están suficientemente abiertos al acceso público y que los plazos de alegación fueron escasos.
¿Qué reclaman los colectivos sociales?
Organizaciones como Ecologistas en Acción, aunque no siempre referenciadas directamente en cada publicación, pueden considerarse actores potenciales en el ámbito medioambiental y laboral frente a este tipo de proyecto. Los colectivos vecinales requieren:
- Que se revierta la declaración de utilidad pública del proyecto.
- Que se informe con detalle técnico claro y accesible a la ciudadanía.
- Que la instalación se replantee en tamaño, ubicación, impacto y modelo de gestión, considerando un volumen adecuado a los residuos generados localmente y no un modelo de macroplanta, como ya se informó en Aquí Madriid.
- Que se establezca una consulta pública vinculante o, al menos, un proceso participativo cualificado.
Por ejemplo, el grupo municipal Ganemos Colmenar ya ha reclamado un pronunciamiento político para votar en contra de esta planta apelando al respaldo ciudadano.
Postura de la promotora y del Ayuntamiento
Las empresas impulsoras —PreZero y Enagás— señalan que la planta utiliza tecnología de última generación, será segura y contará con sistemas de neutralización de olores.
El consistorio de Colmenar Viejo, por su parte, defiende que «impedir la planta supondría caer en prevaricación», garantizando que se cumplirán los trámites legales.
En cambio, el Ayuntamiento de Tres Cantos ya ha pedido revisar la ubicación y barajar alternativas.
¿Qué novedades hay hasta la fecha?
- El 26 de octubre de 2025, miles de vecinos de ambos municipios volvieron a manifestarse bajo el lema «Ni tan grande ni tan cerca».
- Se ha presentado una demanda conjunta por la Plataforma Stop Biogas junto a Asociaciones Vecinales de Tres Cantos y Colmenar para impugnar la declaración de utilidad pública del proyecto.
- El pleno municipal de Colmenar aprobó en junio de 2025 una moción para estudiar la revocación de dicha declaración, aunque las empresas advierten de que los informes jurídicos indican que no es posible revertirla sin mayores consecuencias.
- Las promotoras anunciaron que se eliminará la nave de compostaje, reduciendo el tamaño teórico de la planta, pero los vecinos sostienen que el modelo básico no ha variado.
¿Qué está en juego para la ciudadanía?
Transparencia democrática y derecho a la información
La ciudadanía, en especial padres y madres de alumnos de centros próximos, asociaciones vecinales y de defensa medioambiental necesitan entender los efectos reales de una instalación de este tipo.
Transición energética y justicia social
La producción de biogás forma parte de la estrategia de economía circular y descarbonización, pero el conflicto demuestra que «transición» no equivale automáticamente a «aceptación social». Las comunidades reclaman que la dimensión tecnológica se equilibre con la dimensión humana y territorial.
Movilización social como motor de cambio
El caso de Colmenar Viejo/Tres Cantos subraya que los movimientos ciudadanos organizados en plataformas vecinales y oenegés) tienen un papel decisivo en el escrutinio de grandes proyectos.
Las movilizaciones, como las recogidas en Aquí Madrid, reflejan que no se trata sólo de residuos o de energía, sino de territorio, salud y participación.
Próximos pasos
El proyecto de planta de biogás entre Colmenar Viejo y Tres Cantos ha entrado en una fase crítica: la movilización ciudadana es visible, la vía judicial está en marcha y las administraciones posicionándose.
Para que la información sea útil a los líderes sociales, es indispensable que continúen accesibles los expedientes técnicos, se abra el debate público y se articule un modelo de gestión de residuos que encuentre el equilibrio entre sostenibilidad y calidad de vida.
En definitiva, este caso ilustra la tensión entre una infraestructura de la «transición ecológica» y los derechos de las comunidades locales.
La pregunta clave es: ¿se avanzará con una planta que respete los estándares de participación, ubicación, escala y salud, o se impondrá por procedimiento y normativa sin el respaldo social necesario?
