El avance de la privatización de la sanidad pública impulsada por los gobiernos autonómicos del Partido Popular se ha convertido en un proceso estructural que combina sobrecostes acumulados, resultados asistenciales cuestionables y experiencias fallidas como la de Ribera Salud en Alcira.
Los sucesivos informes sindicales y las investigaciones periodísticas muestran un patrón reiterado: las concesiones privadas prometen eficiencia, pero generan incrementos presupuestarios sostenidos y menores garantías de control público.
El reciente caso del Hospital de Torrejón y los datos difundidos sobre el Grupo Quirón reavivan el debate sobre un modelo que desplaza recursos públicos hacia operadores privados sin replicar las garantías del sistema tradicional.
Un modelo consolidado por el PP: concesiones y externalizaciones
Desde comienzos de los años dos mil, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han impulsado distintas fórmulas de gestión privada: concesiones administrativas integrales, externalización de servicios no clínicos y transferencia a operadores privados de servicios diagnósticos o pruebas complementarias.
La Comunidad Valenciana fue la primera en adoptar este enfoque con el «modelo Alcira», gestionado por Ribera Salud. Madrid replicó después las fórmulas concesionales en hospitales como Valdemoro, Torrejón o Collado Villalba.
Los datos reunidos por CCOO Madrid revelan que el discurso de la eficiencia no se sostiene cuando se analizan los costes reales. CCOO Madrid documenta año tras año cómo los contratos de externalización incrementan el gasto público sin mejorar la capacidad asistencial ni la estabilidad laboral.
Sobrecostes estructurales: un patrón que se repite
Los desfases presupuestarios anuales
Las concesiones hospitalarias exigen pagos fijos actualizados por población adscrita, inflación y parámetros de actividad. Los informes publicados por El Plural en su sección de sanidad pública detallan que estos contratos generan desviaciones que la Administración debe compensar sistemáticamente.
CCOO identifica a su vez incrementos superiores al 15 por ciento en determinados ejercicios, lo que contraviene la premisa de ahorro que defendían los gobiernos regionales.
Además, los hospitales en concesión acostumbran a reclamar pagos adicionales por «actividades no previstas» o por supuestos incrementos de la demanda. Estos mecanismos, documentados por CCOO Sanidad Madrid, derivan en mayores desembolsos públicos y reducen la capacidad de planificación de los servicios de salud autonómicos.
Los costes ocultos de la privatización
A diferencia de la gestión pública directa, donde los datos económicos son accesibles y fiscalizables, las empresas concesionarias amparan parte de su actividad bajo cláusulas comerciales.
Esta opacidad dificulta la supervisión de costes reales y favorece la aparición de lo que CCOO define como «zonas de sombra financieras» que influyen en la calidad de la atención, la derivación de pacientes y los tiempos de espera.
Alcira: el precedente fallido que desmintió la promesa de eficiencia
El proyecto de Ribera Salud en Alcira se presentó como ejemplo de modernización y eficiencia. Sin embargo, las revisiones externas encargadas por la Generalitat Valenciana demostraron que el modelo exigía ampliaciones financieras continuas, generaba desigualdades respecto a otros hospitales públicos y no cumplía los estándares prometidos. Finalmente, el gobierno valenciano recuperó la gestión directa ante la acumulación de sobrecostes y litigios.
La experiencia de Alcira se ha convertido en un referente para evaluar otros proyectos bajo gestión de Ribera Salud y empresas de su entorno. Como recoge El Plural, el cierre del ciclo concesional dejó una factura sanitaria mayor que la que habría tenido una gestión pública convencional.
El caso Torrejón: control público debilitado y prácticas controvertidas
Las informaciones difundidas recientemente sobre el Hospital de Torrejón, gestionado también por Ribera Salud, han reactivado la discusión sobre las pérdidas de control público. Según avanzó El Plural, el hospital experimentó prácticas de clasificación de pacientes y derivaciones que priorizaban la rentabilidad económica frente al criterio clínico.
CCOO Madrid denunció que la empresa aplicaba criterios que podían «alterar la prioridad asistencial» y que la dirección había implantado modelos internos orientados a reducir costes mediante la restricción de pruebas diagnósticas o la derivación a otros centros cuando la actividad no resultaba rentable. Un portavoz sindical afirmó: «Cuando la gestión no se orienta al bienestar del paciente sino a la optimización financiera, la calidad asistencial se resiente».
Las organizaciones sindicales reclaman la auditoría integral del contrato y subrayan que las irregularidades revelan la fragilidad del sistema concesional, incapaz de garantizar mecanismos de control equivalentes a los del sistema público.
El papel del Grupo Quirón en Madrid: presencia dominante y conflictos de interés
El Grupo Quirón, principal operador privado en España, gestiona mediante concesiones en la Comunidad de Madrid los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba (Collado Villalba).
Sus informes de actividad, analizados por CCOO Sanidad Madrid, muestran que concentra una parte significativa de los ingresos destinados a conciertos sanitarios y pruebas complementarias.
El Plural ha informado de que los hospitales en manos de Quirón presentan incrementos en los pagos por servicios externalizados y tendencias a la derivación interna de pacientes hacia centros privados del mismo grupo. Estas prácticas alimentan lo que CCOO define como «circuitos paralelos» dentro del sistema sanitario madrileño, que desvían recursos y reducen la capacidad de respuesta de los hospitales públicos tradicionales.
En palabras de representantes sindicales: «El modelo de Quirón transforma la sanidad pública en una red dependiente del negocio privado, y eso reduce garantías, incrementa costes y erosiona la equidad».
Impacto sobre el personal sanitario y la calidad asistencial
Precariedad y rotación en centros privatizados
La documentación de CCOO demuestra que los hospitales gestionados por concesión presentan mayor rotación del personal, condiciones laborales más inestables y menor capacidad para atraer y retener especialistas. Los convenios aplicados por las empresas reducen derechos laborales y debilitan la continuidad asistencial.
Tiempos de espera y fragmentación del sistema
Los informes sindicales señalan que la estructura mixta público-privada genera una doble vía asistencial. Los pacientes asignados a hospitales concesionados dependen de los criterios internos de cada empresa, que prioriza la rentabilidad en detrimento de la planificación coordinada del sistema. Esto produce variaciones en tiempos de espera, duplicidades diagnósticas y más derivaciones.
Una tendencia que se profundiza: transferencias presupuestarias crecientes
Los presupuestos autonómicos muestran un crecimiento sostenido de las partidas destinadas a empresas privadas, tanto para la gestión integral de hospitales como para conciertos de pruebas, diálisis, radiodiagnóstico o laboratorios.
CCOO denuncia que, mientras estas partidas aumentan, la inversión en atención primaria y en personal propio se mantiene estancada.
Según datos difundidos por el sindicato: «La privatización no desahoga el sistema público, lo debilita. La Administración paga más por servicios fragmentados y con menor capacidad de control».
Un modelo que genera más costes y menos garantías públicas
Los casos de Alcira, Torrejón y los hospitales gestionados por el Grupo Quirón confirman un patrón: la privatización sanitaria no aporta la eficiencia prometida.
Los sobrecostes estructurales, la opacidad financiera, la precariedad laboral y las decisiones orientadas al beneficio empresarial deterioran la calidad asistencial y limitan la capacidad de planificación del sistema público.
En un contexto de creciente presión demográfica y de necesidad de reforzar la atención primaria, los análisis publicados por El Plural y por CCOO Madrid y CCOO Sanidad Madrid indican que la expansión del modelo concesional perpetúa desigualdades y compromete la sostenibilidad de la sanidad pública.
