Este lunes 28 de octubre 2024, colectivos sociales y sindicatos han intensificado la presión sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, para reclamar políticas urgentes que garanticen el acceso a una vivienda digna.
La medida llega tras la multitudinaria manifestación del pasado 13 de octubre, cuando miles de personas se movilizaron en la capital para denunciar la creciente crisis habitacional y exigir un cambio en las políticas de vivienda. Los convocantes advierten que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes y que la situación exige una intervención decidida del gobierno autonómico.
La crisis de vivienda en la Comunidad de Madrid ha llegado a un punto crítico, según las organizaciones sociales y sindicatos que exigen a la administración de Díaz Ayuso respuestas inmediatas.
En un comunicado emitido tras la asamblea de evaluación de la marcha del 13 de octubre, representantes de diversas entidades, entre ellas la Asociación Apoyo, Ecologistas en Acción, UGT y CCOO de Madrid, destacaron que el problema de la vivienda afecta de forma directa a miles de familias madrileñas.
La falta de vivienda asequible, los desorbitados precios del alquiler y la venta del parque público de viviendas están despojando a los ciudadanos de la posibilidad de tener un hogar digno.
Los colectivos convocantes subrayan que la negativa del gobierno regional a declarar zonas tensionadas en los municipios más afectados por el alza de los precios del alquiler representa un grave retroceso en la protección del derecho a la vivienda.
Además, critican la falta de regulación de los pisos turísticos ilegales, que aumentan la presión sobre el mercado inmobiliario y encarecen los alquileres en barrios céntricos y turísticos.
Estas plataformas afirman que la actual situación de emergencia social es insostenible y que, a menos que se tomen medidas inmediatas, la crisis habitacional solo empeorará en los próximos años.
Entre las demandas presentadas al gobierno regional, los convocantes insisten en la creación de un parque de vivienda pública de alquiler social que permita ofrecer alternativas habitacionales a las personas con menos recursos.
También piden la recuperación de viviendas gestionadas por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), así como la recuperación de la función social del suelo público en proyectos de desarrollo urbanístico como las operaciones Chamartín y Campamento.
Otra de las reivindicaciones urgentes es la protección de los derechos de las familias afectadas por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares y de la población de la Cañada Real, donde la falta de acceso a energía eléctrica desde hace cuatro años ha puesto en riesgo a numerosas personas, especialmente durante los meses de invierno.
Falta de compromiso de Díaz Ayuso
Estas situaciones, afirman los colectivos, evidencian la falta de compromiso del gobierno madrileño con los sectores más vulnerables de la sociedad.
Desde los colectivos sociales, denuncian además la inacción de muchos ayuntamientos madrileños que, pese a tener competencias en vivienda y urbanismo, han eludido su responsabilidad en esta crisis.
Consideran insuficientes las ayudas y subvenciones actuales, ya que, según advierten, estas solo benefician a los rentistas y no llegan a solucionar el problema de fondo: «El acceso a la vivienda no debe ser una fuente de negocio para unos pocos, sino un derecho garantizado para todos», aseguran los portavoces de las plataformas convocantes.
Frente a esta situación, los organizadores de la manifestación del pasado 13 de octubre han anunciado una serie de nuevas movilizaciones y protestas en las próximas semanas.
En estas acciones, seguirán exigiendo al gobierno de Ayuso un compromiso real y efectivo para garantizar el acceso a una vivienda digna: «La vivienda es un derecho, no un negocio», enfatizan, y advierten que, de no recibir una respuesta adecuada por parte del gobierno regional, continuarán presionando hasta conseguir cambios estructurales.
Las entidades, entre las que se encuentran también la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, Amnistía Internacional y Fridays For Future, confían en que la presión popular y la movilización ciudadana generen un impacto suficiente para forzar a la Comunidad de Madrid a tomar medidas concretas.
Los colectivos consideran necesario modificar las políticas de urbanismo y vivienda actuales, para priorizar el bienestar de la ciudadanía sobre los intereses especulativos.
Desde CCOO de Madrid, se insta a la unidad y a la participación de la ciudadanía madrileña en este proceso de reivindicación, destacando que la vivienda es uno de los derechos básicos que debe ser defendido.
Según los organizadores, la problemática de la vivienda en Madrid requiere de soluciones estructurales a largo plazo que solo pueden alcanzarse a través de una colaboración entre el gobierno regional, los ayuntamientos y el Gobierno central.
Con estas acciones, las organizaciones buscan concienciar a la ciudadanía sobre la urgencia de la situación y poner en evidencia las políticas que han profundizado la crisis habitacional en la Comunidad de Madrid.
La campaña lanzada este lunes pretende ser el inicio de una serie de movilizaciones orientadas a lograr cambios efectivos en las políticas de vivienda y urbanismo, cambios que los convocantes consideran imprescindibles para que Madrid sea una ciudad habitable y accesible para todos sus habitantes.