UGT Madrid ha hecho pública una nota en la que manifiesta su profunda preocupación por la creciente entrada de fondos de inversión en el sector de la enseñanza concertada, un fenómeno que, según el sindicato, puede alterar gravemente la función social de la educación y poner en cuestión el derecho constitucional a una enseñanza de calidad y en igualdad de condiciones para todos los alumnos.
UGT Madrid advierte de que estos movimientos financieros no son nuevos en otros sectores —como la sanidad, la vivienda o las residencias de mayores— donde los denominados fondos buitre han priorizado la rentabilidad por encima de las necesidades sociales.
En el caso de la educación, la llegada de capital privado a centros concertados «supone el riesgo de convertir la enseñanza en un negocio sujeto a los vaivenes del mercado y no en un servicio público garantizado por el Estado», sostiene la organización sindical.
En su análisis, el sindicato recuerda que la red concertada en la Comunidad de Madrid representa en torno al 30 por ciento del total de plazas escolares y recibe cada año cientos de millones de euros de financiación pública.
«Estamos hablando de recursos que son de todos y que deben estar sometidos a una gestión transparente, democrática y orientada al interés general», subraya UGT.
Entre los principales peligros señalados por el sindicato se encuentran:
- La posible subida de cuotas «voluntarias» a las familias, que en la práctica funcionan como barreras económicas.
- La selección encubierta de alumnado, mediante criterios que benefician a quienes pueden pagar más o provienen de determinados entornos.
- La transformación de centros educativos en activos financieros, gestionados por grupos inversores internacionales que operan con lógicas de maximización de beneficios.
UGT Madrid reclama al Ministerio de Educación y a la Comunidad de Madrid que refuercen los mecanismos de inspección y control sobre los centros concertados, con el objetivo de garantizar que los fondos públicos se destinan de manera íntegra a mejorar la calidad de la enseñanza, la equidad y las condiciones laborales del profesorado.
El sindicato también plantea la necesidad de abrir un debate social amplio sobre el futuro del modelo concertado. «La educación no puede convertirse en un instrumento de especulación. La prioridad debe ser siempre el alumnado, sus familias y la cohesión social», señala la nota.
Por último, UGT recuerda que la Constitución Española, en su artículo 27, reconoce el derecho a la educación y establece que los poderes públicos deben garantizarla en condiciones de igualdad. La entrada de capital especulativo en la enseñanza concertada, advierten, «pone en entredicho ese mandato y amenaza con profundizar la brecha social en el acceso a la educación».
Cuadro comparativo en forma de gráfico que muestra la evolución estimada de la enseñanza pública y concertada en la Comunidad de Madrid (2019-2023).
- Se observa cómo la concertada crece paulatinamente hasta alcanzar el 30 por ciento de las plazas escolares.
- Paralelamente, la red pública se reduce del 73 al 70 por ciento, consolidando la tendencia señalada por el sindicato.
