El número creciente de menores desaparecidos en centros de acogida de la Comunidad de Madrid ha despertado alarma social y política. Según una investigación publicada por El Plural, se han registrado casos de niñas y adolescentes que han salido de estas instituciones sin que las autoridades logren localizarlas, en algunos casos, desde hace varios meses.
Este fenómeno ha provocado que diversas organizaciones de protección a la infancia y derechos humanos exijan una respuesta institucional efectiva ante lo que consideran una situación grave de riesgo para los menores.
Testimonios de varios trabajadores de estos centros relatan una preocupación profunda por la seguridad de los menores acogidos. Según El Plural, en estos centros han desaparecido menores de edad, en su mayoría niñas y adolescentes, lo que ha llevado a algunos sectores a alertar sobre la posibilidad de redes de explotación sexual involucradas.
Los trabajadores aseguran que, a pesar de las advertencias sobre estos riesgos, no se han implementado medidas suficientes para proteger a los jóvenes, dejándolos «a merced de trata de blancas», como declaró una fuente al medio.
Las cifras exactas de desaparecidos no son oficiales, pero se sabe que existen múltiples casos reportados a las autoridades, que no han logrado ubicarlos, incluso después de meses de búsqueda.
Asociaciones de protección a la infancia han manifestado su preocupación y han exigido al gobierno regional y estatal una mayor supervisión de los centros de acogida, así como recursos para investigar a fondo las desapariciones y prevenir futuros casos.
Por otro lado, el consejero de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid ha defendido la gestión de estos centros, subrayando que la región dispone de protocolos específicos de seguridad y que, en caso de incidentes, se actúa de acuerdo con los procedimientos establecidos. Sin embargo, diversos colectivos y algunos partidos políticos consideran insuficientes estas medidas y piden explicaciones sobre el número real de menores desaparecidos y el tipo de protección ofrecida a los que permanecen en estos centros.
Uno de los factores que agrava la situación es la presunta falta de recursos y de personal capacitado para vigilar y proteger a los menores, así como la falta de mecanismos de seguimiento efectivos una vez que los menores abandonan las instalaciones. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre si las condiciones de seguridad en estos centros cumplen con los estándares mínimos exigidos para garantizar la integridad de los menores.
La situación ha llevado a que organizaciones no gubernamentales y colectivos sociales insten a la Comunidad de Madrid a reforzar los sistemas de control y protección en los centros de acogida, evitando que otros menores puedan desaparecer sin que las autoridades puedan intervenir de inmediato.
La falta de avances en estos casos preocupa a las familias y a la ciudadanía, que exige una respuesta clara y firme para evitar que los centros de acogida, pensados para ser un espacio seguro, se conviertan en un lugar de riesgo para sus ocupantes más vulnerables.