La eliminación del «Escudo Social» deja a más de 140.000 personas vulnerables en riesgo de desahucio, otras tantas miles con lanzamiento de desahucios en las próximas semanas sin alternativa habitacional, informa la Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca (PAH) de Leganés.

La PAH explica en un comunicado que tras el rechazo de la derecha y ultraderecha parlamentarias (PP, VOX, Junts) a la renovación del RDL de medidas sociales por la crisis, la inflación y la guerra (comúnmente conocido como «Escudo Social»), más de 140.000 personas en situación vulnerable se encuentran en riesgo de desahucio sin alternativa habitacional viable.

También se eliminará la prohibición de cortes de suministros básicos (electricidad, agua y gas) para las familias vulnerables, perpetuando la pobreza energética que sufre España, además de otras medidas sociales que, hasta hoy, ofrecían algún tipo de protección, como los descuentos en transporte público, las ayudas a las víctimas de la DANA y La Palma, o las subidas de pensiones.

La Plataforma sostiene que esta decisión demuestra una «falta de irresponsabilidad y humanidad desmesurada por gran parte del Congreso de los Diputados, que no solo condena a estas familias a la exclusión social y la calle, sino que además deja en una precariedad e incertidumbre total al resto de miles de familias con fechas de desahucios en las próximas semanas y meses, que ya no dispondrán de esta alternativa a su desahucio, por su situación precaria».

Argumentan que, aunque el «escudo social» es un parche y tiene sus defectos y deficiencias, también era una opción alternativa a los desahucios, especialmente de los más vulnerables, y su eliminación es una ayuda y un fomento más a la especulación con el derecho a la vivienda, al facilitar los desahucios y sin ofrecer garantías y alternativas habitacionales.

Indica que a los colectivos y plataformas antidesahucio solo les queda «seguir organizándonos en la lucha por el derecho a techo, saliendo a las calles y ocupando tantos espacios como sean necesarios para dejarles claro que la vivienda es un derecho que debe defenderse por todos los medios y de manera más amplia con reformas estructurales de calado social y de larga duración, no solo parches temporales y poco firmes».

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