El grupo confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha hecho pública una solicitud para la puesta en libertad de las personas migrantes encerradas en los CIE, pues su internamiento supone un grave riesgo para su salud y también para la de los trabajadores de los centros y la de sus familias en esta segunda ola de contagios por coronavirus.
Unidas Podemos se opone rotundamente a la deportación de migrantes a Mauritania prevista para la próxima semana y denuncia que estas prácticas implican un riesgo sanitario para las personas deportadas cuyo país de destino no puede garantizar su salud ante los efectos de la pandemia.
En el comunicado de Unidas Podemos se señala que:
El pasado mes de mayo, y tras varios meses desde que se decretara el Estado de alarma por la situación de emergencia sanitaria derivada de la COVID-19, se procedió al cierre temporal de todos los Centros de Internamiento del Estado, previa puesta en libertad de las personas que en ellos se encontraban.
Este gesto sin precedentes fruto del trabajo de las entidades sociales así como del diálogo entre las distintas fuerzas que componen el Gobierno de coalición, se vio revertido a finales del mes de septiembre cuando desde el Ministerio de Interior se tomó la decisión de reanudar los internamientos y las deportaciones.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos – En Comú Podem -Galicia en Común sigió recibiendo denuncias por parte de las organizaciones de derechos humanos vinculadas a los CIE y se mantuvo el criterio de que el internamiento por causas administrativas no procede, menos aún en plena crisis sanitaria. Las personas encerradas en los CIES deberían ser puestas en libertad a la mayor brevedad posible.
En esta segunda ola de contagios, considera que el internamiento de las personas migrantes supone un grave riesgo a la salud tanto de las personas internas como de los trabajadoras del centro y sus familias, máxime dadas las dificultades para proceder a su expulsión por los cierres de fronteras y limitaciones de transporte aéreo. Es por este motivo que se pronuncian en el mismo sentido que las numerosas entidades de derechos humanos, los jueces de control de los distintos CIE e incluso las direcciones de esos centros.
Ante el inminente vuelo de deportación a Mauritania de personas de distintas nacionalidades, expresa el rechazo a esta práctica y denuncia que estas deportaciones implican un riesgo sanitario atendiendo a la extensión de la pandemia en todo el mundo. Señala que la situación sanitaria en el país destino no garantiza la salud de las personas deportadas.
Estas deportaciones se efectúan en virtud del acuerdo de readmisión firmado en 2003 con el país africano para la deportación de sus nacionales y de personas de terceros países expulsados desde España si en su tránsito hacia nuestro país hubieran pasado por su territorio. Estas deportaciones pueden lesionar el derecho de asilo y afectar al respeto a los derechos humanos máxime dada la situación de inestabilidad en la que se encuentra Mauritania.