La vivienda se ha convertido en el primer refugio para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19 y, sin embargo, como venían denunciando los colectivos en defensa del derecho a la vivienda, cada día se producen en España más de doscientos desahucios, señala Podemos al analizar el Real Decreto aprobado por el Gobierno de coalición para suspender los desahucios y prohibir los cortes de suministros básicos hasta el final del estado de alarma.
Según Podemos, ese Decreto está en la línea de las medidas del Escudo Social adoptadas por el Gobierno durante la emergencia sanitaria para defender a la mayoría social, y en ella «ha sido clave el trabajo que desarrollado por los colectivos en defensa de la vivienda», pero consideran necesario seguir avanzando en garantizar los derechos sociales, y que este Real Decreto «debe ser un primer paso para, de una vez por todas, blindar el derecho a la vivienda» en España.
Explican esta necesidad en que, aunque el Decreto es una medida fundamental para miles de familias y una victoria para el movimiento popular, «garantizar el derecho a la vivienda no puede venir determinado exclusivamente por una situación excepcional como es una pandemia», y recuerdan que España ha firmado tratados internacionales de obligado cumplimiento en esta materia, que hoy por hoy se vulneran, como ha denunciado en repetidas ocasiones el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los Sindicatos de Inquilinas llevan años luchando por una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna por encima de los intereses de entidades financieras y fondos buitre, porque «la vivienda y los suministros básicos no son bienes al servicio de la especulación, son necesidades que deben cubrirse para que los sectores populares en nuestro país tengan garantizado el acceso a una vida digna».
Las medidas incluidas en el Real Decreto para proteger a los hogares vulnerables se articulaban en torno a:
Suspensión de los desahucios
- Se suspenden, durante el estado de alarma, los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables con motivo de impago del alquiler.
- Se suspenden los desahucios de las familias vulnerables con menores, dependientes o víctimas de violencia machista que residan en viviendas de grandes tenedores de vivienda, aunque no tengan título habilitante.
- En todos los casos, las Comunidades Autónomas tendrán que ofrecer una alternativa habitacional que sea una vivienda digna antes del fin de la suspensión.
- A partir de los tres meses de la emisión del informe de vulnerabilidad por los servicios sociales, si no se hubiese facilitado una alternativa habitacional, se compensará a los arrendadores desde el momento en el que se acordara la suspensión. En el caso de grandes tenedores, esto solo se aplicará si la vivienda se encontraba en venta o arrendamiento antes de la entrada del inmueble y pueden justificar perjuicio económico. En caso contrario, no recibirán compensación.
Prohibición de los cortes de suministros básicos
- Se prohíben durante el estado de alarma los cortes de suministros de luz, agua y gas natural para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.
- La medida se aplicará no solo a los titulares del contrato, sino también a aquellas personas que no puedan acreditarlo pero que reúnan dichas condiciones, pudiendo demostrar dicha circunstancia por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales (entidades del tercer sector).
Podemos sostiene que la aprobación de este decreto implica, por primera vez, una amplia protección en materia de desahucios y de cortes de suministros, desconocida hasta la fecha en España; pero que tiene «desgraciadamente» fecha de caducidad, y se hace necesario que estos avances «se conviertan en una realidad no solamente durante el estado de alarma».
E instan a trabajar entre todas las fuerzas políticas y sociales que han impulsado esta medida para conseguir, así, «que el derecho a la vivienda se convierta en una realidad».
