Según un informe de Cruz Roja Española, ocho de cada diez menores tutelados estarán en riesgo de pobreza extrema o exclusión social cuando sean mayores de edad.
Los datos alarmantes de los cerca de cuarenta mil jóvenes que conviven en residencias de menores en España tutelados por el Estado español, no deja de ser impactante cuando se acercan a la mayoría de edad y pierden su derecho y pasan a no recibir ni subvenciones, ni ayudas, ni prestaciones. Niños que pierden también su derecho a tener una familia de acogida, porque ya son mayores.
Los datos que apunta a Servimedia, Cruz Roja, indican que no existe apoyo ni respaldo alguno, en su informe «Personas jóvenes en extutela y riesgo de exclusión social», ya que el 55 por ciento de estos se encuentran absolutamente solos y la emancipación y ser mayor de edad no es un ideal, sino un túnel que no les lleva a ningún sitio.
En España, la edad media de emancipación de los jóvenes supera los 29 años y ellos, en cambio, lo hacen once años antes, con 18 y con su proyecto de vida aún a medias; en muchas ocasiones, sin haber siquiera finalizado los estudios.
El 31por ciento de los extutelados con los que trabaja Cruz Roja son españoles, mientras que la mayoría -el 66 por ciento- proceden de países de fuera de la Unión Europea. Lo que más preocupa a la ONG es el caso de los menores que han vivido experiencias traumáticas y que aún no las han superado. En contra de lo que muchos piensan, sólo un 10% de los menores extutelados ha tenido problemas con la Justicia, según el informe. Y es que la situación de estos jóvenes “es una realidad muy compleja de la que hay mucha desinformación», apuntan miembros de Cruz Roja.
De hecho, la medida estrella del Gobierno para reducir la pobreza en España, el Ingreso Mínimo Vital, no es posible para ellos, porque hasta los 23 años no pueden solicitarlo y, en muchos casos, carecen de un domicilio, cuando esta ayuda se otorga por hogar. Tampoco se pueden acoger quienes están en situación irregular.
Por el momento, las escasas ayudas que reciben se limitan a las de ONG como Cruz Roja, que les ofrece alimentación, vestuario, medicación o kits higiénicos, dispositivos electrónicos, tarjetas SIM para el acceso a internet e, incluso prestaciones económicas puntuales para el pago de alquileres.
Esta situación, obviamente, se ha incrementado con motivo de la pandemia y la realidad es que bajo la aporofobia de la sociedad, existe un gran desconocimiento en torno a qué sucede con estos jóvenes y, sobre todo, cuál será su futuro, porque no tienen nada y no tienen a quién recurrir tampoco. Ser pobres y no tener familia es su delito; no tener oportunidades ni estudios, su realidad.
