La asociación Plena Inclusión ha solicitado a la Comunidad de Madrid unas medidas de seguridad y protocolos claros para afrontar con garantías la desescalada en los centros y servicios que atienden a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En el documento se manifiestan las principales preocupaciones y necesidades del sector para el proceso de desescalada, estableciendo una serie de principios básicos que deben regir en todos los centros y servicios que apoyan a personas con algún tipo de discapacidad, que «den garantías a los usuarios», dicen a Aquí Madrid desde la asociación.

Además, dicen que les es fundamental el respaldo de la Administración para aplicar las fases con la suficiente flexibilidad temporal, de manera que sea más sencillo adecuar las necesidades de atención y las demandas de las familias con la realidad de cada entidad, permitiendo la convivencia de la asistencia presencial con la telemática.

Mariano Casado, el presidente de Plena Inclusión, explica que «las fases que se van a aplicar a la población con carácter general, necesitan un proceso más ralentizado para las personas con discapacidad y las entidades, que nos facilite asimilar todas las cuestiones».

«Nosotros vamos a colaborar con la Administración, pero también a reivindicar» pretendiendo que «las cuestiones que para nosotros son capitales en nuestro ámbito, se lleven a cabo de la que consideramos la mejor manera», continúa el presidente.

El documento ha sido remitido al consejero de Políticas Sociales, a la Dirección General de Discapacidad, al consejero de Sanidad y a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Colectivo vulnerable

Casado señala que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo constituyen un colectivo altamente vulnerable, que en ocasiones presentan alguna patología médica asociada, lo que incrementa su riesgo ante la pandemia.

Además, destaca las dificultades que entraña aplicar las normas preventivas en la atención y cuidado de las personas con mayores necesidades de apoyo, que requieren un contacto físico más estrecho o tienen complicaciones para utilizar EPI de forma continuada.

Por todo ello, la asociación pide que se den pautas flexibles, para que puedan ser adaptadas a la realidad de cada entidad; y claras, para no generar más incertidumbre y temores en un colectivo amplio y vulnerable.

Ayudas solicitadas

Todas las medidas pedidas por Plena Inclusión tienen unos principios básicos: máxima prudencia en la vuelta a la normalidad; medidas de seguridad y EPI para profesionales; protocolos claros para la desescalada; flexibilidad para adaptarse a las fases; combinar atención presencial con telemática; en caso de rebrotes, planes de actuación; y test para profesionales y usuarios.

Según entiende la asociación, en esta situación lo recomendable es combinar la atención presencial con la telemática; y para ello resulta fundamental consultar e involucrar a las familias para detectar el nivel de necesidad de atención de las personas con discapacidad y que cada entidad pueda organizar la atención conforme a sus recursos humanos.

Quiere además poder garantizar la seguridad jurídica con respecto a los usuarios, «para que no surjan problemas y no se altere ninguna norma sanitaria», dice Casado.

Por último, el presidente quiere explicar que esta red de organizaciones ya atravesaba una situación compleja para mantener el equilibrio entre la alta calidad de la atención y los recursos económicos que recibe de la Administración. De ahí «el esfuerzo que hemos tenido que hacer para dotar de los medios necesarios»; y lo necesario que es para Plena Inclusión generar procesos que den respuestas de financiación a corto y medio plazo para afrontar la nueva normalidad.

Siempre me dicen que “Cuando te empeñas… te empeñas”. Saltando obstáculos para luchar por lo que más quiero: ser una buena periodista. A pesar de los "peros" ajenos, que no son pocos, hay que ser tenaz siempre, hasta el final.

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