El secretario general de la ONU, António Guterres, considera que la visión y las aspiraciones de las personas con discapacidad deben tenerse en cuenta en un mundo post COVID-19.
«Esta visión y esas aspiraciones solo se lograrán mediante una consulta activa con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas. Debemos asegurar la plena participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en los procesos de toma de decisiones», afirmó António Guterres.
«Promover la inclusión de las personas con discapacidad significa ante todo reconocer y proteger sus derechos. Estos derechos abarcan todos los aspectos de la vida: el derecho a ir a la escuela, a vivir en la propia comunidad, a acceder a la atención médica, a formar una familia, a participar en la participación política, a poder practicar deportes, a viajar, y tener un trabajo digno», aseguró.
«Solo trabajando juntos (gobiernos, entidades de la ONU, sociedad civil, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad, el sector privado y las comunidades de expertos) podremos implementar eficazmente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y abordar los obstáculos, las injusticias y la discriminación», concluyó el titular de la ONU en la inauguración de la trece sesión de la Conferencias de los Estados Parte en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En esa sesión inaugural, Idriss Alzouma Maiga, representante de la sociedad civil, indicó que «la COVID-19 ha sido un catalizador de la violación de nuestros derechos y aspiraciones a vivir de forma independiente y está claro que las personas con discapacidad se han visto afectadas por la falta de acceso a la información y al cuidado».
Maiga recordó que esa Convención se construyó sobre la base de que «no debía hacerse nada sobre nosotros sin nosotros». Sin embargo, denunció: «hemos sido excluidos de la respuesta por parte de nuestros líderes gubernamentales».
Por ello, explicó que la amenaza que tienen por delante las personas con discapacidad no es solo la amenaza de la COVID-19 sino «la amenaza de las decisiones políticas que cambian las decisiones anteriores y nos deja aún más excluidos. Eso no es igualdad, esas decisiones representan una discriminación».
«La solución ante esta amenaza es sencilla: las personas con discapacidad deben participar a todos los niveles en la toma de decisiones a la respuesta política de esta pandemia. Nosotros debemos decidir», concluyó.