El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este 17 de julio 2024 en el Congreso abrir un debate en el Parlamento sobre las medidas a tomar para la implementación en la legislación española del Reglamento sobre los servicios de medios de comunicación que aprobó el Parlamento Europeo en 2024, que afectarían al poder ejecutivo, al legislativo y a los medios de comunicación.
Previamente a exponer las líneas de acción que propone el ejecutivo, Pedro Sánchez ha informado sobre las decisiones adoptadas en los Consejos Europeos celebrados los días 17 y 27 de junio, en los que se formalizó la propuesta de designar a Úrsula von der Leyen, al frente de la presidencia de la Comisión Europea y a Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo; así como de la primera ministra estonia, Kaja Kallas como nueva Alta Representante para Asuntos Exteriores.
Información veraz
El presidente del Gobierno ha explicado que las medidas principales para conseguir más transparencia y rendición de cuentas en la vida pública necesitarán reformas que corresponden al poder legislativo para reforzar la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información veraz recogido en el artículo 20 de la Constitución.
Las propuestas que propondrán a debate desde el ejecutivo se sustentan en el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, que establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y modifica la Directiva 2010/13/UE, conocido como Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación; y que fue aprobado, he enfatizado Sánchez dirigiéndose a la bancada del PP, con los votos a favor de todos los grupos políticos a excepción de la extrema derecha
El presidente ha explicado que la Agenda Estratégica de la Unión, aprobada en el Consejo del pasado 27 de junio, fija entre las prioridades de los Estados miembros la defensa de la democracia, un ámbito en que se integra el plan que se ha esbozado hoy en el Congreso para combatir la desinformación y los bulos o fake news como los fenómenos que se están utilizando para debilitar las democracias en todo Occidente, también en España.
Con este proceso, España se suma a países como Alemania, Finlandia o Austria, que ya han empezado a adoptar cambios en este sentido.
Más transparencia en los poderes ejecutivo y legislativo
En el ámbito del poder ejecutivo, el Plan de Acción por la Democracia propone nuevas medidas de transparencia y participación ciudadana: «Aprobaremos una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y presentaremos a los grupos una nueva Ley de Administración Pública Abierta, que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental», ha detallado el presidente.
En relación con las medidas propuestas en el poder legislativo, el líder del Ejecutivo ha expresado la necesidad de reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta.
Además, el Plan de Acción por la Democracia propone el refuerzo en la transparencia del sistema electoral, con una reforma de la ley que tiene un doble objetivo: establecer la obligatoriedad de los debates electorales y que sea obligatorio incorporar los microdatos y la metodología de estimación de resultados a todas las encuestas electorales publicadas.
Transparencia, independencia, pluralismo y protección de los medios
En el ámbito de los medios de comunicación, el Plan de Acción por la Democracia se centrará en fortalecer la transparencia y el pluralismo, un objetivo del nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación que, ha destacado en varias ocasiones, fue aprobado en el mes de marzo 2024 con los votos favorables de todos los grupos del Parlamento Europeo, a excepción de la ultraderecha.
España debe ahora desarrollar las medidas contempladas en el Reglamento europeo y que ha resumido en cuatro grandes principios: transparencia; independencia; pluralismo y protección.
Para conseguir estos objetivos el presidente del Gobierno ha propuesto limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, «para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores y asegurar que no haya partidos que compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes». Con este objetivo, se actualizará la Ley de Publicidad Institucional, aprobada hace veinte años.
Por otra parte, el Plan propone medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios; mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios; y medidas para asegurar los derechos de los medios de comunicación y los consumidores frente a las grandes plataformas digitales.
Asimismo, Pedro Sánchez ha adelantado la intención del Gobierno de reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía y presentar una propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en lo relativo a la libertad de expresión.
