Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid, sostiene que la manifestación del domingo 12 en Madrid en defensa de la Atención Primaria «fue un éxito sin ningún tipo de paliativos», y que lo que tiene que hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es «atender las demandas de la ciudadanía madrileña».
Concreta que son demandas muy claras: «tener una sanidad pública, de calidad y universal», que se consigue cuando «el dinero que pagamos con nuestros impuestos vaya a los hospitales, a los centros de atención, a la mejora de los condiciones laborales de los profesionales, a la ampliación de las plantillas, a tener mayor inversión pública, hacer una apuesta por la investigación, y así un largo etcétera».
Por el contrario, señala, «lo que hace la Comunidad de Madrid es transferir el dinero de la ciudadania madrileña a la sanidad privada, que es absolutamente inadmisible».
Para Paloma López, «los servicios públicos son la garantía de la igualdad y de la cohesión social, y por eso vamos a seguir defendiéndolos como el servicio esencial que efectivamente prestan y que son».
El clamor de Cibeles
Cientos de miles de madrileños, la cifra más baja de participación es la de la Delegación del Gobierno en Madrid, que la cifró en 250.000 personas, se concentraron este 12 de febrero 2023 en la Plaza de Cibeles, hasta el punto de que que no pudieron alcanzar este punto las cabeceras de las columnas que habían partido de la Plaza de España y de Legazpi, porque quedaron bloqueados en el trayecto por quienes se desplazaron directamente al centro de Madrid.
Sí alcanzaron Cibeles las que partieron desde el Hospital de la Princesa y desde Nuevos Ministerios, y según los organizadores de la manifestación se comprobó mediante drones la ocupación de 350.000 metros cuadrados de calles y plazas, lo que supondría la presencia de cerca de un millón de personas.
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) repartió entre los asistentes un texto en el que recuerda que la responsabilidad última de la situación que se vive en Madrid en un primer «Plan de infraestructuras sanitarias» de 2004, que permitió la apertura de los primeros ocho hospitales privados en la Comunidad de Madrid.
Le siguió en 2008 un «Segundo Plan de Infraestructuras Sanitarias» que permitió la apertura de otros tres hospitales privados, y la firma de un «convenio singular» con la Fundación Jiménez Díaz por el que se «cedieron» 400.000 habitantes de centros públicos, y se produjo el cierre de más de dos mil camas públicas, y comenzó el trasvase de cientos de millones de euros anuales, que durará al menos treinta años. en concepto de «canon» por las derivaciones de pacientes desde la sanidad pública.
En 2008, también los ambulatorios de Quintana y Pontones (TGSS) fueron cedidos a la misma empresa que gestiona la Fundación Jiménez Díaz, el grupo privado Fresenius -antes Quirón-, y en 2009 se cerraron los laboratorios públicos de Aranjuez, Coslada y Vallecas para crear un macrolaboratorio privado que se encargaría de las pruebas de dos millones de personas. En 2010 se añadiría la privatización del servicio de citas médicas, adjudicado a INDRA.
Y en 2011 se produjo la supresión de las áreas sanitarias, que se publicitó como la «libre elección de médico y hospital», cuando en realidad se está arrebatando al sistema público la capacidad de gestión.
Desde esa fecha también se ha ido privatizado la extracción de sangre, la lavandería, la limpieza, la informática, salud mental, el mantenimiento, el almacenaje…al tiempo que se han incrementado los conciertos privados.
La Coordinadora recuerda que todo ello se ha producido al amparo de las leyes de ámbito estatal 15/97, y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que el gobierno actual, que se proclama como el «más progresista de la historia» mantiene en vigor.
