La secretaria del Sector Enseñanza FeSP-UGT de Madrid, Teresa Jusdado Pampliega, informa de que el calendario habilitado por la Consejería de Educación para el próximo curso 2021/22 no recoge ninguna de las propuestas de los sindicatos con representación en Mesa Sectorial, vulneraría el Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada y tiene en contra a sindicatos y familias, como quedó patente en la Comisión Permanente del Consejo Escolar, celebrada el jueves 10 de junio, en que se dictaminó dicha norma.
«UGT se opone a un calendario que queda muy lejos de los 175 días lectivos mínimos a los que hace referencia la ley. Asimismo, rechazamos que en el mismo siga quedando a merced de los titulares de los centros concertados la posibilidad de tener jornada intensiva en los meses de junio y septiembre, sabiendo de antemano que de no hacerlo se vulnerarán aún más las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector en cuanto a jornada se refiere».
En el Sindicato se declaran sorprendidos porque «desde la Consejería hayan obviado todas las propuestas de las organizaciones sindicales y hayan llevado al Consejo Escolar el borrador inicial que la Administración había planteado», pero «lo más sorprendente, y que exige una profunda reflexión y modificación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Escolar de Madrid, es que se pueda aprobar un dictamen de calendario con el voto en contra de los sectores afectados: familias y trabajadores de la enseñanza», sostiene Teresa Jusdado.
Dado que el Dictamen del Consejo Escolar es consultivo, la Administración tiene la potestad de adoptar las medidas que le parezcan oportunas. Ahora bien, se pregunta: «¿va a aprobar la Consejería un calendario que no responde a las expectativas ni de las familias, ni de los representantes de los trabajadores del sector, ni siquiera de la patronal de los centros con enseñanzas concertadas? Si es así, debería explicar porqué y qué pretende conseguir con ello».
UGT anticipa que, de vulnerarse el Convenio de Enseñanza Concertada, tomará las medidas legales oportunas, pues en este caso no será la patronal quien incumpla el mismo, a fin de defender los acuerdos firmados en materia de condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.